Taiwán: reforma contra monopolios de prensa

Ann Arbor - Paso a paso, Taiwán va dejando atrás la era del «semiautoritarismo», en la que estuviera sumergido. Lo que es para celebrar y destacar. Esto supone, entre otras cosas, formalizar un compromiso real con la necesidad de garantizar las libertades civiles.

De allí que no sea extraño que, preocupado por erradicar la siempre nociva influencia política sobre los medios de comunicación, Taiwán haya sancionado una nueva normativa que pretende cortar la relación directa entre el poder político y los medios de comunicación masiva, que es peligrosísima para la democracia.

Nosotros sabemos bien -por experiencia reciente- que esa relación es capaz de distorsionar las realidades y «conducir» -por sugestión e inducción- a la opinión pública. Particularmente en una realidad en la que existan verdaderos monopolios de prensa que, para defender sus propios intereses económicos, sean capaces de tejer lamentables alianzas ocultas con el poder en una suerte de «quid-pro-quo» que traiciona a la gente.

• Buenas noticias

La Legislatura de Taiwán acaba entonces de reformar la legislación nacional en materia de radio, televisión y comunicaciones por cable y/o por satélite, en general.

Esto supone, en primer lugar, que ni el Poder Ejecutivo, ni las Fuerzas Armadas, ni tampoco los partidos políticos podrán -en más- participar, ni invertir, en medios de comunicación masiva. Ni directa, ni indirectamente. Buenas noticias para la libertad de opinión. Las actuales inversiones deberán terminar en un plazo prudente, de dos años, a partir de que las nuevas normas entraron en vigor.

En Taiwán, recordamos, hay dos estaciones de televisión que pertenecen al Estado. Según ha trascendido, una de ellas se transformará en una televisora pública genuinamente independiente. A la manera de lo que ocurre en los Estados Unidos o en Gran Bretaña. La otra, en cambio, será privatizada.

El viejo «Kuomintang» que -desde hace décadas- tiene inversiones importantes en el sector de los medios de comunicación, deberá deshacerse de ellas. Su vocero, a estar a lo que informan los medios, ha anunciado que el todavía poderoso partido nacionalista aceptará, sin impugnaciones, la nueva normativa.

Ningún funcionario público podrá ser directivo, ni empleado de las empresas de radio o televisión. Ni de sus órganos de supervisión. En seis meses, quienes desempeñan esas funciones deben separarse de ellas.

La ley también prohíbe a los medios de comunicación transmitir programas o propaganda financiada o producida por el gobierno que incluyan cualquier candidato a un cargo público.

Ha quedado «en cartera» la cuestión de definir las fronteras de la «concentración» de la propiedad en los medios de comunicación masiva. Incluyendo las relativas a la posibilidad de ser -simultáneamente- dueños de medios escritos, radiales o televisivos.

Cuando es posible monopolizar, en los hechos, los medios de comunicación masiva por gozar de una posición dominante, la relación de ellos con el poder se vuelve peligrosa para la libertad. Porque para «usar» los medios no es necesario «adueñarse» de ellos. Es posible «dirigirlos» efectivamente con mecanismos bastante más sutiles, como los acuerdos no escritos en los que, por distintos mecanismos (incluyendo la publicidad oficial), poder y medios se «beneficien». En Taiwán, el progreso está a la vista. Aunque quede una importante asignatura pendiente.

(*) Profesor visitante. Universidad de Michigan.