El equipo económico tomará contacto la semana que viene con la CGT para empezar a diseñar un esquema de paritarias para este año con una pauta de aumentos apenas superior al 60% plasmado en el Presupuesto 2023 como expectativa inflacionaria. Se trata del esquema ideado por el ministro Sergio Massa y que el Gobierno buscará sondear con gremialistas y empresarios como parte de un programa mayor de reducción del ritmo de precios.
Paritarias: el Gobierno quiere negociar una pauta apenas arriba del 60% con la CGT
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El plan apuntará en primera instancia a los sindicalistas más cercanos a la Casa Rosada: en particular, los “gordos” de los grandes gremios de servicios y los “independientes” de permanente diálogo con todos los gobiernos, dos de los grupos que comandan la central obrera y que mantienen un vínculo aceitado con Massa. Las paritarias de arranque del año en las que se intentará plasmar la nueva pauta tendrán que ver con algunos de los gremios representados por dirigentes de esos sectores, como la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) o la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN, estatales) y otras incluso más inmediatas en el tiempo de extracción política distinta, como las de los docentes de Ctera o la Asociación Bancaria.
Más allá de esa negociación política el gabinete económico deberá sortear, antes, el desafío de desacelerar el ritmo inflacionario en las próximas semanas para darle un sustento al eventual acuerdo. Sólo en ese caso el Ministerio de Trabajo, a cargo de Raquel “Kelly” Olmos, podrá volcar en paritarias el número deseado por Massa con la misma lógica de los últimos años: en cuotas y con la utilización de sumas no remunerativas como eventuales estímulos para facilitarles a los sectores empresarios la firma de los entendimientos.
En los sectores más tradicionales de la CGT dijeron confiar en las chances del ministro de Economía para apaciguar la suba de precios y estar dispuestos a firmar paritarias en consecuencia. Pero no antes de fines de marzo hasta tanto verificar el comportamiento de la canasta básica, aclararon. La cautela es lógica para un país con el historial inflacionario de la Argentina y cuyo antecedente más inmediato es el de 2022, que arrancó con un ministro de Economía como Martín Guzmán, que impulsaba una pauta de precios de 33%, y que terminará su medición de los doce meses apenas por debajo del 100% y con dos funcionarios en medio a cargo de la misma cartera.
Hasta ahora es casi nula la jurisprudencia de 2023 respecto de los salarios. Apenas la federación de Aceiteros (Ftciodyara) firmó un aumento de 41% por el primer semestre del año y con ese valor le bastó a Daniel Yofra para exhibir un nuevo piso salarial de impacto para el promedio argentino, de casi 320 mil pesos mensuales. En tanto que La Bancaria, de Sergio Palazzo, apuntará a un entendimiento breve, no superior al primer trimestre del año, como puente para reanudar a continuación la negociación con el sector financiero por el resto de 2023.
En el caso de Camioneros, otra discusión salarial que en la historia reciente fue faro para otros sindicatos, la última firma con las patronales del transporte dejó un aumento de 107% con vigencia hasta octubre próximo. En esa línea, de no producirse una aceleración inflacionaria desmedida el gremio de Hugo y Pablo Moyano no tendrá protagonismo en la primera parte de la ronda de discusiones del año.
En el medio el Gobierno continuará con la administración de las discusiones salariales mediante las revisiones pendientes. El caso de mayor relieve es el de Comercio, con 1,2 millón de trabajadores representados y que el año pasado acordó 59,5% de aumento sin haber todavía actualizado el monto a valores más cercanos a la inflación acumulada. Hasta la última semana de 2022 el sindicato que comanda Armando Cavalieri no había dado mayores detalles del estado de las negociaciones con las cámaras mercantiles pese a que había reanudado contactos en noviembre.
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