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PJ federales lanzaron proyecto de Consejo Económico y Social

Es en el marco de consensos básicos que empuja este espacio y ahora el Gobierno. Estará integrado por el Ejecutivo, Legislativo, centrales sindicales, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia.

Tras semanas de globos de ensayo del Gobierno en cuanto a acordar puntos de consenso básico con parte de la oposición, el peronismo de Alternativa Federal presentó un proyecto para crear un “Consejo Económico y Social” integrado por los poderes Ejecutivo y Legislativo, centrales sindicales, popes empresariales, organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia, entre otras entidades.

La iniciativa, empujada por el jefe del PJ en el Senado, Miguel Pichetto, en realidad blanquea el constante pedido que realizó el legislador rionegrino desde inicios del mandato de Mauricio Macri. Esa línea fue empujada también por el exlegislador radical y uno de los hombres clave del nacimiento de Cambiemos, Ernesto Sanz, quien luego se borró -en medio de la gestión presidencial- para dedicarse a actividades privadas.

El intento de “canal de diálogo” que inventó el Gobierno en las últimas semanas, con los 10 puntos de consenso, es un reconocimiento tardío al ala más política del macrismo, denostada desde el inicio por el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Esa línea cortada a nivel nacional es alimentada en abundancia en la Ciudad a través de Horacio Rodríguez Larreta y en Buenos Aires, vía María Eugenia Vidal. Peronistas, massistas e incluso kirchneristas pueden dar cuenta de eso.

La iniciativa que presentó Pichetto junto al también legislador peronista Pedro Guastavino (Entre Ríos) establece, como funciones del Consejo, colaborar “con autoridades nacionales en proyectos de planificación estratégica”; elaborar “por propia iniciativa o a solicitud del Poder Ejecutivo o del Congreso anteproyectos de leyes o decretos sobre temas socioeconómicos”; generar todos los años “una memoria sintética en la que se expongan sus consideraciones sobre la situación económica, laboral y social, productiva y ambiental del país”; y convocar con regularidad a consejos de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cuestiones.

“Actualmente, la existencia de un órgano asesor del Gobierno en material económica y social se encuentra también muy difundida en países europeos. Talos son los casos de España, Italia, Francia, Portugal, Alemania, Dinamarca, Brasil, Austria, Grecia, Irlanda, Panamá y Honduras, entre otros”, señalaron los senadores en los fundamentos del proyecto, en el que también destacaron que “en nuestro país, un modelo similar existe en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Salta”.

El texto en cuestión choca con una iniciativa similar que presentó en las últimas horas el por ahora precandidato presidencial Roberto Lavagna, aunque no como proyecto de ley, ya que ningún legislador cercano le prestó la firma para llevarlo al Congreso.

Pichetto y Guastavino recordaron antecedentes que aparecen desde 1912 con respecto a este tema, con iniciativas presentadas por legisladores de distintos bloques. Otros textos parecidos y aún con estado parlamentario son de los senadores Ángel Rozas (UCR-Chaco) y Adolfo Rodríguez Saá (peronismo disidente-San Luis).

Código Penal

A pesar del shutdown que ya se siente en el Congreso por la cercanía de la inscripción de alianzas electorales y el posterior cierre de listas del 22-6, el Senado intentará avanzar a cuentagotas con el demorado proyecto de reforma del Código Penal desde la semana próxima en la comisión de Justicia y Asuntos Penales que comanda Guastavino. Se espera la exposición del resbadizo ministro de Justicia, Germán Garavano.

El proyecto trata de actualizar una norma que está cerca de cumplir 100 años y sistematizar unas 900 leyes especiales, además de endurecer las penas para casos de corrupción y narcotráfico, así como para los episodios de robos por parte de motochorros, entre otras modificaciones.

Por otra parte, la iniciativa busca despenalizar la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad y mantiene la condena para la mujer que aborte, aunque el juez podrá eximirla de la pena en cuestión.

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