A 10 años del fallo de la Corte por el Riachuelo, persisten las dudas sobre el cumplimiento de la sentencia

La presidenta de Acumar, Dorina Bonetti, se presentó este miércoles en la Corte Suprema de Justicia por la causa Riachuelo y aseguró que, a 10 años del fallo histórico que ordenó la recomposición ambiental de la cuenca, "resulta imposible establecer una fecha precisa para el cumplimiento total de la sentencia".

"Dar una fecha precisa es imposible, porque depende del avance de las grandes obras que se hacen a nivel del Estado nacional, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires", dijo Bonetti durante su exposición en la audiencia pública, a la que también fueron convocados funcionarios y organismos de control para exponer sobre los avances en la materia.

Visiblemente nerviosa ante la insistencia del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por conocer los plazos de cumplimiento, Bonetti reconoció que "existen procesos administrativos para mejorar".

Fuera del recinto un grupo de vecinos de la villa 21-24 protestaba porque no los dejaban ingresar.

En ese contexto, el juez Juan Carlos Maqueda recordó que el plan de urbanización de villas y asentamientos precarios de la cuenca Matanza-Riachuelo firmado en 2010 "se proponía alcanzar 17.771 soluciones habitacionales, pero a diciembre de 2017 sólo se terminaron 3.882 viviendas, es decir, el 22%".

Al respecto, Bonetti reconoció que se trata de "uno de los problemas más graves", pero advirtió que se debe a que "se construyeron complejos habitacionales sin tener en cuenta las características del predio".

"No se pudo avanzar porque no se pueden entregar viviendas que no tienen servicios básicos garantizados y hubo que revisar varios proyectos", afirmó.

"Los afectados no son el mero objeto de decisiones judiciales. Deben ser oídos y tomar parte adecuadamente de las decisiones que los involucren", señaló el Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella.

Y agregó: "Los vecinos organizados tienen derecho a efectuar consultas y reclamos que permitan la construcción de diálogos en la planificación y ejecución de políticas públicas. Ellos, desde siempre, fuero parte de la solución y no del problema".

Según un informe elaborado por el Ministerio Público de la Defensa porteño, a casi 10 años de la sentencia de la CSJ, 1.265 familias de las casi 2084 aun no fueron relocalizadas, producto de la liberación del Camino de Sirga, lo que implica que más del 65 % de las relocalizaciones están incumplidas.

De los 632 barrios populares de la cuenca afectados, que fueron identificados en el mapa de riesgo, 231 se encuentran en "riesgo alto" o "muy alto". El sector de la villa 21-24 que está fuera del camino de sirga, está ponderado de "muy alto riesgo".

La información detalla que la villa 21-24 lleva más de 2 años sin relocalizaciones y solo se han reparado (y mal) 8 viviendas de las cientos que se necesitan de manera urgente. Según se especifica, las urbanizaciones de los asentamientos "El Pueblito" y "Magaldi" se encuentran detenidas desde el año 2011. En tanto, las soluciones para el barrio Lamadrid recién se encuentran en instancia de diseño.

Además indica que "los vecinos ya relocalizados siguen viviendo en riesgo y muchas de las viviendas entregadas no reúnen requisitos de vivienda digna, como es el caso del Complejo Urbano Mugica (ubicado en el barrio de Lugano) A la fecha no existe un conjunto de acciones públicas destinas a superar ese riesgo producto de la propia política de relocalización".

"La falta de avance en la causa pone en estado de alerta a todos los vecinos/as, organismos e instituciones gubernamentales, a la vez que se complejiza frente a la negación del tribunal a escuchar a los principales afectados: los habitantes de la cuenca", concluye el informe.

Por su parte, un representante del Cuerpo Colegiado de organizaciones que, por disposición de la Corte Suprema, controla que se cumplan las mandas del máximo tribunal de la Nación relativos al saneamiento de la cuenca, dijo que "Acumar no cumple con el fallo de 2008 ni con los que vinieron después" y que "su inoperancia agrava el daño a la salud pública".

"Acumar no adoptó medidas para reducir las emisiones de gases y partículas y convalidó legislaciones permisivas respecto al vertido de líquidos contaminantes, ya que sólo estableció límites en la cantidad que se puede descargar sin tener en cuenta la toxicidad de los líquidos", argumentó.