A La Haya, para discutir Malvinas

La Constitución reformada en 1994 establece en su cláusula transitoria primera: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».

O sea que la Constitución establece que el objetivo es un verdadero mandato para el pueblo argentino.

Históricamente, la Cancillería argentina se ha considerado exclusiva depositaria de este mandato y ha intentado sobre la diplomacia del secreto promover negociaciones que han terminado con el rotundo fracaso de todas las políticas seguidas: la pretendida seducción de los isleños y la presión sobre aspectos concretos de negociaciones vinculadas al tema.

Han pasado casi más de veinte años desde la vuelta a la democracia y no se ha avanzado un ápice en la cuestión. En la materia, un estancamiento es un retroceso por cuanto se afianzan los intereses de los isleños pese al pecado original de la usurpación. Se había interpretado que un gobierno democrático tendría más chance que un gobierno de fuerza. No ha sido así.

Como la política de defender la cuestión nacional en las Malvinas es popular, nuestros políticos exageran la dimensión de sus reclamos con actitudes realmente grotescas.

Carlos Menem, de vuelta de una visitaa Londres dijo que antes de dos años estaría tratándose la cuestión de la soberanía. Tony Blair al desmentir estas quiméricasdeclaraciones de Menem dijo que no se había discutido el tema y que la soberanía no se negociaría.

A raíz de ese estancamiento, en 1999 los diputados Dante Caputo y Rafael Flores presentaron un proyecto llamando al gobierno a someter la cuestión de la soberanía de las Malvinas a la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Los argumentos que, según algún trascendido en la prensa, hicieron que en las postrimerías del gobierno de Menem no se avalara el proyecto Flores-Caputo fueron meramente coyunturales y no son ya valederas.

Aceleración

La presión de los isleños ante el Reino Unido para restringir la presencia de argentinos en las islas y lograr con el proyecto de Constitución su autodeterminación se acelera. El 30 de setiembre pasado se informó que «las fuentes del gobierno (británico) consultadas admiten desconocer la reforma sobre la cual, dijeron, protestarán en su momento». Por la propuesta isleña de nueva Constitución este pedido de autodeterminación ya no figura en el preámbulo del texto, sino en el primer capítulo, en sintonía con los términos de la Carta de las Naciones Unidas, ya aceptada por el Foreign Office. Y según el sitio Mercopress, se busca frenar «el persistente reclamo de soberanía» que la Argentina le hace al Reino Unido.

Frente a esto:

1) La Cancillería debería ordenar la preparación de la demanda invitando a participar a los mejores expertos en la materia. En la demanda, la Nación autolimitaría su reclamo territorial admitiendo el estatus de gobierno autónomo nacional, que no puede estar sujeto a intervención federal, ni a impuestos nacionales, leyes de conscripción militar y que tendría zona franca.

2) Promover el consenso popular sobre el proyecto, citando a los partidos políticos y organizaciones sociales, culturales, académicas y profesionales para que apoyen la decisión.

3) Con el resultado preliminar favorable enviar el proyecto al Congreso.

4) Citar oportunamente al embajador británico para exhortar a que el Reino Unido consienta la jurisdicción del tribunal internacional para resolver la cuestión en forma pacífica, sin que ello impida la apertura de conversaciones en el seno del tribunal para resolver la cuestión por acuerdo de partes.

5) Comunicar la decisión a los países miembros del Mercosur, de la OEA y las Naciones Unidas que apoyen la decisión y la exhortación al Reino Unido a aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional.