Abren diputados causa para enjuiciar a la Corte Suprema

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados anunciará hoy la apertura del proceso para enjuiciar a los jueces de la Corte, después de haber simulado analizar las denuncias presentadas en el Congreso. Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, debió salir ayer a garantizar la seguridad de los jueces de la Corte, cuyas familias en algunos casos fueron amenazadas.

Los casos que mayor incidencia podrían tener para el juzgamiento por «mal desempeño» de la Corte serían tres: el contrabando de armas, el atentado contra la Embajada de Israel y el rebalanceo de las tarifas telefónicas. También se analiza con lupa el fallo con el que la Corte declaró inconstitucional el «corralito» bancario. Para ordenar el proceso de evaluación de los pedidos, se formaron tres subcomisiones que se repartieron los expedientes, de acuerdo con la característica del cuestionamiento, para tomar los que mayor consenso reúnen y acordar entre los bloques «un cuerpo de acusación definitivo».

Primera etapa

La redacción y la firma de las resoluciones por las que se dará lugar a los pedidos de remoción de los magistrados constituyen la primera de las etapas del juicio político a los miembros de la Corte, tras la formación de la comisión de Diputados encargada de reunir los elementos de prueba contra los 9 ministros. Los diputados que integran la Comisión de Juicio Político tienen previsto reunirse hoy a partir de las 15 en la Cámara baja, informaron ayer en el Congreso.

Los legisladores comenzarán la etapa de instrucción, en la que podrán requerir medidas y los acusados efectuar descargos, antes de que sean elaborados los dictámenes acusatorios, de acuerdo con los pasos reglamentarios.

Votación

Posteriormente, para que prosperen esos dictámenes, deberán ser votados por dos tercios de los diputados presentes en el recinto de la cámara, para luego pasar al Senado, que deberá decidir si suspende o no a los magistrados y luego llevar a cabo el enjuiciamiento. La Comisión de Juicio Político, presidida por el peronista santacruceño Sergio Acevedo e integrada por 31 miembros, comenzó a analizar el martes los pedidos de juicio político contra los jueces de la Corte y determinó que existen «elementos de prueba» para avanzar en su destitución.

Así lo había expresado el propio Acevedo, quien afirmó además que «las pruebas» contra los ministros del alto tribunal «son públicas y notorias», en referencia a los 40 expedientes a analizar con pedidos de juicio político.

Por otra parte, los diputados Atilio Tazzioli, Graciela Ocaña, Carlos Raimundi y Margarita Stolbizer reclamaron ayer el urgente tratamiento de un proyecto de ley por el cual se suspende el derecho a cobrar jubilación de los magistrados que estén incursos en un juicio político o que hubieren renunciado durante ese proceso, salvo que exista sentencia absolutoria de un juez o de la comisión.

Mientras tanto, en una actitud tendiente a desteñir el enfrentamiento entre la Corte y el gobierno, el vocero presidencial, Eduardo Amadeo, salió a negar que el gobierno esté embarcado en una «guerra» contra los integrantes de la Corte y afirmó que el Poder Ejecutivo «va a acatar cualquier decisión» de ese tribunal.

El funcionario buscó diferenciar la administración de Duhalde del proceso que podría desembocar en el juicio político a los miembros de ese alto tribunal, al señalar que «la decisión de remover la Corte la tomó el Poder Legislativo». ier

Garantía

Por su parte, el ministro de Justicia garantizó que el gobierno «preservará la seguridad» de todos los funcionarios y sus familias, luego de que trascendiera que varios jueces de la Corte recibieron amenazas de muerte en los últimos días. A través de un comunicado que lleva su firma, Vanossi sostuvo que el gobierno «ratifica el respeto irrestricto a la separación de poderes, con intención de preservar el normal funcionamiento de todas las instituciones y la seguridad de sus integrantes y familiares».

En caso de que alguno o todos los cargos que ocupan los ministros de la Corte Suprema de Justicia queden vacantes, los reemplazantes naturales son los presidentes de la cámaras federales de todo el país, a quienes les sigue un listado de diez abogados.