Aceptó Kirchner reducir el avance al hegemonismo

El primer rédito general de la reunión que mantuvieron ayer Felipe Solá y Alberto Fernández fue que el gobierno nacional admitió crear algún mecanismo de control a cargo de las provincias en el gasto de las partidas de libre disponibilidad por parte de la Nación, dentro del proyecto de Ley de Coparticipación. Al finalizar esa negociación, el gobernador de Buenos Aires aseguró que el jefe de Gabinete había admitido que el llamado «Fondo K» que prevé crear esa norma para auxiliar emergencias -políticas según algunos-sería vigilado por los gobernadores para evitar desviaciones que pueden llegar a unos $ 2.400 millones para usos discrecionales. Prueba del avance es que, anoche, Solá pidió en persona a los diputados PJ apoyo en el Congreso al proyecto de Responsabilidad Fiscal. Es la ley clave para el gobierno que el Senado prometió votar el próximo 7 de julio.

Horacio Pernasetti

El bloque peronista del Senado decidió ayer votar la Ley de Responsabilidad Fiscal el próximo 7 de julio. Pero esa decisión no implica que el tratamiento del proyecto enviado por el gobierno para controlar el gasto en las provincias se haya destrabado. El radicalismo, después de una reunión en el Comité Nacional partidario, anunció que no «está dispuesto a considerar el proyecto de Responsabilidad Fiscal del gobierno, el cual no es más que una propuesta parcial que agravará los problemas de los Estados provinciales». Las quejas de los radicales no se limitaron sólo al gobierno. Horacio Pernasetti, presidente del bloque de diputados, se quejó «del optimismo peronista cuando los senadores dicen que en 15 días se aprobará la ley».

Pero no sólo la oposición comenzó a frenar el tratamiento de la responsabilidad fiscal. Dentro de esa esperable consecuencia del intento del gobierno de controlar el gasto y castigar a quien no respete las proyecciones presupuestarias, también se enrolan muchos peronistas.

Ayer, después del anuncio del bloque PJ de la fecha de votación, varios senadores justicialistas comenzaron a pedir explicaciones al gobierno sobre los efectos de la norma. Una de las preocupaciones que las provincias ya manifestaron y ahora trasladaron a sus senadores es que, dada la actual relación entre deuda e ingreso, algunas gobernaciones no encuadrarán dentro del límite de 15% -deuda tomada sobre ingresos- que fija la nueva ley fiscal. «Uno de los casos más claros es el de La Rioja», decía anoche un senador, «tiene un presupuesto de $ 700 millones y una deuda de $ 1.000 millones. Es decir, la deuda es algo así como 120% de los ingresos, ¿Cómo la llevamos a 15% que fija el gobierno?».

También hubo cuestionamientos dentro del propio oficialismo en contra de la idea de controlar sólo los gastos provinciales: «Esto es para las provincias y a la Nación no la controla nadie», decían.

Ninguno de estos argumentos, de todas formas, consigue opacar el mérito que tiene la ley de intentar poner en caja la situación del gasto provincial, más transparencia y dar al mismo tiempo con eso una señal clara al FMI en lugar del fallido tratamiento de una ley de coparticipación.

En el Senado tienen en claro que para sancionar la ley hará falta primero un acuerdo de todos los gobernadores, donde no faltará, como en cada ocasión que se firmó un pacto fiscal, la presión de las provincias por garantizarse más fondos en la distribución desde la Nación.

• Responsabilidad

Los gobernadores en general están de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero no con este nivel de reparto. Es decir, pedirán más fondos y recurrirán al argumento de tirarle a la Nación la responsabilidad de recaudar más para poder pagarlos. Siempre, en estos acuerdos, las provincias se llevaron sumas fijas y la Nación tuvo que garantizarlas. El éxito de esta ley en el futuro dependerá, en parte, de la firmeza de Néstor Kirchner para revertir esa costumbre.

Para apurar los trámites en el Senado, la Comisión de Presupuesto y Hacienda abrió ayer el debate sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal, sólo unas pocas horas después de que Kirchner enviara el proyecto al Congreso. El chaqueño Jorge Capitanich convocó a una reunión para comenzar el análisis en presencia de funcionarios del Ministerio de Economía.

Capitanich comenzó informando que el despacho se emitirá el próximo martes a las 17, ante la sorpresa incluso del secretario de Coordinación, Leonardo Madcur; de Energía, Daniel Cameron; y de los subsecretarios Juan Carlos Pezoa y Carlos Fernández, que no esperaban tanta celeridad.

El trago amargo llegó cuando hablaron los radicales, que también habían emitido un comunicado después de la reunión en la sede central partidaria: «No acompañaremos el proyecto del oficialismo porque es extorsivo y ahogará las provincias», dijeron. Esas definiciones estuvieron firmadas por Angel Rozas, Mario Losada y Horacio Pernasetti, acompañados por una veintena de legisladores.

Para argumentar el rechazo al proyecto del oficialismo, Rozas sostuvo que se trata de «una propuesta parcial que agravará los problemas al reiterar herramientas que ya se advierten hoy como insuficientes, como los programas de reordenamiento» y pidieron que se discutan en forma integral las leyes de Coparticipación y de Responsabilidad Fiscal.