De Stéfano, sigiloso: intenta apartar querella que halló escuchas entre presos y abogados

En un movimiento llevado a cabo en extremo sigilo, el exDirector de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano presentó un escrito en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi para que aparte como querellante al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). La entidad es querellante en el expediente que se inició en Lomas de Zamora y que detectó cientos de escuchas registradas entre los abogados defensores y los detenidos alojados en el módulo IRIC del penal de Ezeiza, y que fueron revelados por Ámbito.

Según pudo confirmar este diario, De Stéfano pasó de la defensiva en las causas donde está implicado a la ofensiva: interpuso una “excepción por falta de acción” y pidió que se aparte al CPACF como querellante. El pedido es puntual. Argumentó un tecnicismo: que a su criterio, “las actuales autoridades del Colegio se encuentran representando al organismo sin haber sido electas por parte de los matriculados que lo conforman; y, por lo tanto, se encuentran actuando sin la indispensable legitimación orgánica y procesal para participar en ese carácter en este proceso”. Hizo referencia a una causa en curso en el fuero Contencioso Administrativo Federal donde otros abogados hicieron una denuncia en ese sentido. El cronograma de la elección del órgano que agrupa a los matriculados quedó atravesado por la Pandemia y actualmente está fijado para fines de abril de este año.

En el escrito de 7 carillas al que tuvo acceso Ámbito, De Stéfano, el titular del CPACF Eduardo Awad cesó el mandato de la presidencia el 29 de mayo de 2020. Le atribuyó, entonces, “ausencia de legitimidad para actuar”. De Stéfano no es ajeno a la vida de ese organismo. Su relación cercana a Daniel “Tano” Angelici lo ubica como uno de los articuladores de la estrategia electoral para ese órgano que agrupa a los matriculados, el más importante y el único oficial dentro del marco de la Capital Federal. A lo largo del escrito, el ratificado director de la empresa pública Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) hizo un repaso del marco normativo y de reglamentos previsto para la organización de autoridades dentro del organismo y mencionó la suspensión de las elecciones en agosto de 2020, aunque no hizo mención al estado de la situación epidemiológica de entonces.

Ese argumento le permitió a De Stéfano avanzar en el razonamiento de que como no había habido elecciones, el mandato prorrogado de Awad le impediría actuar con legitimación en un expediente como querellante. Y agregó que a quienes dicen representar -los abogados- ya se encuentran constituidos como tales en el expediente.

La jugada de De Stéfano se puede leer en otra clave: el CPACF impulsó desde un comienzo que se indague en las escuchas que se hacían en Ezeiza sobre los teléfonos públicos. Este diario reveló el 12 de octubre de 2021 que había 220 comunicaciones grabadas y transcriptas (por el área que dirigía De Stéfano en la AFI) entre exfuncionarios y empresarios detenidos y sus abogados, algo prohibido por la ley. El material es prueba en varias causas abiertas.