Aliados de Duhalde insisten con reforma constitucional

El gobierno insistirá con la reforma constitucional en el Congreso, aun cuando los gobernadores oficialistas y opositores rechazaron ayer por amplia mayoría la iniciativa de Eduardo Duhalde (ver nota aparte). El Ejecutivo prometió enviar la semana que viene el proyecto que el senador riojano Jorge Yoma le entregó anteayer al presidente designado.

De todas maneras, el peronismo está en condiciones de bajar el gasto político y reestructurar organismos cuestionados (Consejo de la Magistratura, Auditoría General de la Nación, etcétera), incluidas en la reforma duhaldista, sin necesidad de convocar a una convención. Salvo la reducción de miembros de la Corte y de Diputados y Senadores y otros cambios institucionales que deben pasar por una estatuyente, el grueso de las medidas puede adelantarse mediante leyes, sin necesidad de llamar elecciones y hacer una reforma de la Carta Magna.

De hecho, existen varias iniciativas de la senadora Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis) para racionalizar costos del Consejo de Jueces, el Jura-do de Enjuiciamiento y la Auditoría, así como suprimir entes con funciones superpuestas como esta última y la Sindicatura General de la Nación.

En la víspera, el responsable del bloque UCR de la Cámara alta, Carlos Maestro, admitió que «en este momento, hay urgencias mayores, como llevar adelante el plan económico». Desde el Interbloque Federal de partidos provinciales, el tucumano Pablo Walter se mostró partidario de las reducciones promovidas desde el Ejecutivo, aunque subrayó que «si hay voluntad real, se puede avanzar sin necesidad de reforma constitucional, por ejemplo, con la racionalización del PAMI».

• Sueldos

Walter, que integra la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y la de reestructuración de la Cámara, re-cordó que «la mayor parte del gasto del Congreso se la llevan los sueldos de la plan-ta permanente, la imprenta y la biblioteca, donde, de $ 28 millones que se gastan al año, más de 90% corresponde al costo de personal». «Eso lo podemos impulsar desde el mismo cuerpo», se-ñaló.

En ese sentido, ayer se estableció que ningún senador podrá ganar más $ 3 mil, tope que impuso por decreto Adolfo Rodríguez Saá en su interi-nato. Los legisladores sólo tendrán derecho a un adicional para los representantes del interior (pasajes y $ 1.000 por desarraigo).

La propuesta de Duhalde, además del rechazo de los mandatarios provinciales, cosechó reparos en el ámbito parlamentario y en la misma bancada PJ. Curiosamente, los cuestionamientos partieron de legisladores cercanos a Rodríguez Saá, promotor de una modificación de la Carta Magna desde comienzos de diciembre del año pasado. Las objeciones no parecen antojadizas. Básicamente, se concentraron en la inconveniencia de llamar a comicios para convencionales, cuando no existe dinero para pagar campañas, logística y escrutinio. Si escaseaban fondos para que la ciudadanía eligiera un nuevo presidente en marzo y, por esa razón, se le dio a Duhalde mandato hasta diciembre de 2003 en la Asamblea Legislativa, no resultaba muy adecuado hacerlo en junio para consagrar convencionales.

Tampoco había acuerdo sobre mantener -tal como hacía la propuesta Yoma-los comicios directos para presidente de la Nación, establecidos en la reforma del '94, y que regirán en 2003. Rodríguez Saá, como la mayoría de los caciques de las denominadas provincias «chicas», pretendía volver al sistema de Colegio Electoral o indirecto que diluía la supremacía de los distritos grandes, Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Santa Fe.

• Compensación

Con el sistema actual --avala-do por la iniciativa duhaldista-, las provincias con mayor cantidad de habitantes son las que definen la consagración presidencial. En cambio, el anterior régimen compensaba esta desigualdad con la nominación de electores.

Asimismo, el ex gobernador de San Luis y ex presidente interino había ideado un mecanismo de convocatoria, sin necesidad de gastar en urnas. Los estatuyentes podrían haber sido elegidos por las Legislaturas provinciales, de acuerdo con la cantidad de votos que obtuvo cada partido o frente el 14 de octubre. En esa línea, Negre de Alonso presentó un proyecto de resolución para crear un comisión de asesoramiento para la reforma ad honorem, animada por gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, ex mandatarios del interior, ex legisladores de provincias, ex convencionales, constitucionalistas, diputados y senadores en funciones.

Carlos Menem, que debió ceder en el '94 a la imposición de Raúl Alfonsín de elección directa para conseguir la reelección del año siguiente, ya pidió la vuelta al Colegio Electoral, a comienzos de la gestión delarruista. Su sobrino, el diputado Adrián Menem, presentó un proyecto, tras la renuncia de Carlos Chacho Alvarez, que contemplaba la elección presidencial indirecta, la eliminación de la figura del vicepresidente al igual que en Chile, la supresión del voto obligatorio y la reforma por enmiendas.