Alperovich ordenó a ministros tener menos asesores

El gobernador tucumano, José Alperovich, ordenó a sus ministros que reduzcan en 30 por ciento los nombramientos que efectuaron desde que asumieron para evitar la polémica que se desató luego de que se acordaran honorarios por 1,6 millones de pesos para un empleado en una negociación extrajudicial.

"Les pedí a los ministros que den de baja 30 por ciento de los abogados, técnicos o personal de gabinete que ingresó en esta gestión (asumieron el 29 de octubre del año pasado)", afirmó el titular del Poder Ejecutivo, quien no dio precisiones sobre la forma en que se hicieron las designaciones.

Fuentes oficiales consignaron que la decisión de Alperovich surgió a raíz del caso del abogado Walter Ibri, quien participó de la negociación de la deuda de la provincia con la Caja Complementaria de la Actividad Docente sin que el fiscal de Estado, Antonio Estofán (representante del PE), supiera que el letrado trabajaba en el Ministerio de Gobierno.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Daniel Posse, rechazó la renuncia que Ibri (personal de categoría 21) presentó el lunes pasado, lo suspendió preventivamente por 45 días y ordenó una investigación administrativa.

"Existe la presunción de que podría haber incurrido en incompatibilidades con el ejercicio de sus funciones", manifestó el funcionario, quien aclaró que el Ministerio de Gobierno desconocía que Ibri participaba de las negociaciones y Estofán no sabía que el letrado formaba parte de la estructura del Ejecutivo.

Estofán precisó que, aunque no tenía poderes que comprometieran a la Caja, Ibri le acercaba "cartas de la Caja Complementaria y hasta acercó el borrador del convenio que, finalmente, se firmó", tras lo cual aseveró que el domingo se enteró que trabajaba en el Ministerio de Gobierno.

A causa de la polémica, los legisladores opositores Juan Robles (radical), Ernesto Padilla (Fuerza Republicana) y Alejandro Sangenis (peronista no oficialista) solicitaron a la Justicia que investigue por qué el PE pensaba pagarles 1,5 millón de pesos a Ibri y 1,1 millón de pesos a Héctor Aguirre por las negociaciones.

En marzo, el Poder Ejecutivo envió al Tribunal de Cuentas (TC) un decreto en el que acordaba honorarios a ocho letrados, entre ellos a Ibri y a Aguirre (las mayores sumas eran para estos dos), pero el órgano de contralor aprobó el convenio con la Caja y no las sumas establecida en favor de aquellos dos letrados.

"Ese pago resulta jurídicamente objetable por no acreditarse en las actuaciones labor profesional alguna que sustente el reconocimiento", concluyó el TC al objetar los pagos a Ibri y a Aguirre (no así a los otros abogados), razón por la que el Ejecutivo emitió otro decreto en el que fijó nuevas sumas y excluyó a los abogados cuestionados.

Los legisladores de la oposición también señalaron al fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, que les causa sorpresa que Ibri haya participado de la negociación en favor de la caja complementaria pese a ser asesor del Ministerio de Gobierno, cargo al que renunció el lunes pasado.