Aprueban presupuesto pero dudan del resto

El acuerdo firmado ayer por el Ejecutivo, los gobernadores y líderes parlamentarios obliga al Congreso tanto a sancionar un paquete de leyes, que incluye el presupuesto 2003, la eliminación de los planes de competitividad y la limitación para llamar moratorias impositivas, como a abstenerse de votar otras. Y es quizás este último punto el más complicado de cumplir para las bancadas. Para cumplir con los 12 puntos firmados por los gobernadores, el Congreso deberá abstenerse de insistir contra el veto a la ley que permite la cancelación de deudas financieras con bonos y mucho menos intentar una nueva postergación en las ejecuciones o cambios en la Ley de Quiebras. Estos dos puntos ya dividen a las bancadas.

• El primer movimiento ayer en el Congreso, posterior a la firma del acuerdo, fue el anuncio formal del inicio de discusiones para emitir el dictamen del presupuesto 2003, uno de los compromisos asumidos por los gobernadores.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Carlos Snopek, anunció que el próximo jueves se iniciará formalmente el tratamiento del proyecto. La comisión estaría lista para emitir el dictamen dos semanas después y recién allí comenzaría el tratamiento en el recinto.

Si bien no hay mayores diferencias en torno del cálculo del presupuesto, existen algunos puntos en dudas como, por ejemplo, la eliminación de los planes de competitividad, comprometida en el punto octavo, que deberá tratarse junto con el presupuesto 2003. Allí se incluyen exenciones al agro, el transporte y los medios, y ningún legislador se anima a dar pronósticos.

Además, el radicalismo sigue considerando que es imposible sancionar la ley sin cerrar antes un acuerdo con el FMI: «Hay que saber si hay acuerdo o no, y eso hace la diferencia», dijo ayer el radical Horacio Pernasetti. Por eso es que se mantiene todavía la reserva: «Nos comprometimos a tratar el Presupuesto Nacional pero no a votarlo», dijo Pernasetti. Otro firmante del acuerdo, el demoprogresista Alberto Natale fue en el mismo sentido: «Nosotros avanzaremos hacia su tratamiento, pero no podemos afirmar que lo votaremos favorablemente antes de conocerlo en profundidad», dijo. El ARI, que no tuvo representación en Olivos, fue más pesimista: «Nosotros no votaremos ninguna norma que implique continuar por el camino del ajuste que propone el Fondo», dijo el tucumano José Vitar.

• Pero sin duda el punto más complicado para el Congreso es el noveno. Allí gobierno y provincias se comprometen a modificar la Ley de Entidades Financieras para, entre otras cosas, «la eliminación de normas que impliquen restricciones o discriminen a funcionarios encargados de llevar a cabo procesos de rehabilitación cuando actúen de buena fe y en el marco de las normas existentes». Los legisladores creen que la reforma se hará para sancionar la demorada ley que otorga inmunidad a los directores del Banco Central. «No sabemos bien de qué se trata, y aunque el ministro Lavagna nos aseguró que no se trata de dar inmunidad a los funcionarios del área monetaria, nos quedaron algunas dudas», dijo Natale que firmó este punto con reservas.

Lo mismo hizo Pernasetti: «Es muy genérico, tenemos miedo que ahí se cuelen inmunidades a los miembros del Central. Como no conocemos cuáles son los proyectos esto lo firmamos con reservas y ad referéndum del bloque UCR», dijo.

• Salvo por la oposición de los menemistas, los seguidores de Adolfo Rodríguez Saá y el ARI, el resto de los senadores y diputados está de acuerdo en sancionar la ley electoral, sobre todo después de la inclusión del pedido radical para suspender por única vez las internas abiertas y simultáneas. Tampoco habrá problemas para sancionar la ley que restituye la facultad del Congreso de sancionar normas sobre moratorias impositivas.

• Otro de los puntos más complicados de aceptar para los legisladores es el que los obliga a abstenerse de sancionar cualquier ley relativa a prórroga de ejecuciones hipotecarias, existen varios proyectos presentados por todas las bancadas, o modificaciones a la Ley de Quiebras para mejorar el tratamiento de los deudores comerciales de menores montos. Estos dos temas pueden ser negociables en el Congreso ya que la semana pasada se bajó la presión cuando el gobierno acordó una suspensión de subastas con los bancos y luego presionó al Congreso para frenar cualquier intento.

Pero nadie hacía pronósticos ayer en ambas Cámaras sobre el rechazo al veto presidencial sobre la ley que permitía cancelar deudas financieras con bonos. Diputados estaba listo esta semana para rechazar ese veto y ahora los gobernadores se comprometieron en el punto 12 del acuerdo a no modificar la actual situación. Tanto radicales como peronistas no están de acuerdo con sus caciques provinciales.

Para calmar al Congreso se propone crear «una unidad de emergencias legales para ejecuciones extrabancarias y crear con el mismo fin una Comisión Parlamentaria especial», además de ordenar a la AFIP que instrumente un régimen informativo sobre este tipo de acciones judiciales y que, al mismo tiempo, se ratifique por ley el acuerdo de suspensión de remates con los bancos.