Inician juicio político a Arbilla pero integra el jurado su exsocia

Política

Jacobsen trabajó junto a la jueza en un estudio de abogados. Todavía no se excusó y podría ser apartada. Nervios en audiencia y negativa a preguntas.

El Consejo de la Magistratura de Esquel, en su primer encuentro del año, resolvió iniciar el proceso disciplinario sobre la jueza civil, comercial y laboral Alicia Arbilla, quien fue imputada penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una causa por desapoderamiento de activos de empresas del Grupo Indalo. Allí están como coimputados por estafa procesal el presidente del Colegio Público de Abogados de esa ciudad, José María Venancio y el empresario Elías Simeoni, beneficiario de las “subastas” que hacían de bienes por debajo de su valor. Sin embargo, el proceso administrativo para determinar si la jueza incurrió en mal desempeño acumuló una irregularidad inicial: entre los integrantes de la comisión que evaluará la denuncia aparece una abogada de la matrícula, quien fue socia de la propia Arbilla en un estudio de abogados, antes de que la magistrada accediera al Poder Judicial provincial.

La denuncia que había sido ingresada por Ganadera Santa Elena SRL quedó en manos de una comisión integrada por la defensora pública de Trelew, Sonia Donati, María Eugenia Jacobsen, abogada de la ciudad de Esquel -quién actualmente se desempeña en el Estudio Jurídico Gerosa-, Esteban De Felice, representante de los trabajadores del Poder Judicial, más una consejera popular de la ciudad de Sarmiento.

Pero la designación de Jacobsen fue la que llamó la atención: la abogada que ahora debe evaluar si incurrió o no en mal desempeño de sus funciones es una ex socia de la jueza Arbilla.

Ambas trabajaron juntas en el estudio del ya fallecido doctor Eduardo Algañaraz. En primer término, estuvieron en San Martin N°1161 de la ciudad de Esquel, y posteriormente se trasladaron a San Martín N° 429 de la misma ciudad, donde atendían juntas en otro estudio jurídico. Si Jacobsen no se excusa por las causales previstas por el reglamento, lo más factible es que sea recusada por los demandantes, algo que podría teñir el inicio del proceso disciplinario al ser impugnada esa designación.

La querella, en este caso, está trabajando en su pedido de apartamiento dado su nexo de cercanía y posible ausencia de imparcialidad para llevar adelante la evaluación de la que fuera su socia en la profesión. La jueza Arbilla acumula problemas: su imputación penal fue por haber tomado conocimiento de las irregularidades que estaba llevando a cabo Venancio en presuntas demandas laborales, donde con auxilio judicial se embargaban bienes y se procedía a su remate por cifras exorbitantemente mayores a las condenas por indemnización pero, a la vez, pagando por los bienes secuestrados montos irrisorios que no se correspondían con sus valores de mercado. Por esto, el juez Ricardo Rolón dio inicio formal a la investigación penal tras la denuncia de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Audiencia

En esa audiencia que fue detallada por Ámbito, Arbilla se mostró nerviosa y, por momentos, buscó confrontar con el resto de las partes. Comenzó alegando que no comprendía los motivos de la imputación que le había formulado la fiscal María Bottini. Pero cuando avanzó la exposición e hizo su descargo, la jueza apuntó claramente a los puntos que habían sido señalados por el Ministerio Público Fiscal y la querella. Evitó hacer focos en los reproches penales –su ausencia de denuncia al haber tomado contacto con todas las irregularidades del proceso, lo que terminó arrastrándola a ser imputada- y cuando finalizó se negó a responder preguntas de las partes. Lo mismo sucedió con la declaración de Venancio, quien insólitamente llegó a plantear que Establecimiento Santa Elena SA (la empresa que demandó en esos procesos bajo el ropaje de reclamo laboral) debería estar contenta de haber pagado un juicio con un bien que no era de ella. Venancio se llevó -con aval de Arbilla- un generador Caterpillar valuado en u$ss 160.000, que pertenecía a Ganadera Santa Elena SRL, quien no formaba parte de la demanda y que finalmente terminaron subastando.

Sin embargo, Simeoni, tercer imputado en esta causa, no declaró durante la audiencia, empezó a diferenciarse en su estrategia de defensa respecto a los otros dos implicados.

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