Argentina investigada, otra vez, por controles a lavado

Aníbal Fernández

La Argentina volverá a enfrentar esta semana un fantasma que la acosó durante los últimos cuatro años: la posibilidad de ser sancionada por no aplicar controles más severos contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Contra toda apariencia en contrario, el gobierno de Néstor Kirchner ha hecho más en ese sentido que cualquier otro antecesor, salvo el caso de Carlos Menem, durante cuya presidencia se votó la primera ley antilavado y se organizó el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera. Fue cuando el país ingresó al selecto club de las naciones que se reúnen en el Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir esos delitos en el mundo.

También es cierto que el gobierno de Kirchner impulsó una reforma en el directorio de la Unidad de Información Financiera que redujo la representación de algunos ministerios en ese organismo y dispuso una conducción unipersonal que, transitoriamente y sin concurso, comenzó a ocupar en agosto de 2006 Alberto Rabinstein. Casi al mismo tiempo, ese organismo quedó facultado por ley para exigir el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa, lo que se consideró demasiado poder para un funcionario político.

Pero la legislación en la Argentina o nunca bastó para las pretensiones internacionales o no fue aplicada adecuadamente. Por eso en al menos tres ocasiones el GAFI intimó al país a sancionar normas bajo la pena de excluirlo de ese organismo.

Correcciones

Como se dijo, Kirchner, casi a la fuerza, hizo mucho para corregir la situación: ordenó al Congreso votar la ley que faculta a la UIF a exigir a las entidades financieras el levantamiento del secreto bancario, bursátil y cambiario para la investigaciónde las operaciones sospechadas de lavado sin intervención judicial -poder que hasta la Corte Suprema pondría en duda- y luego avanzó con la ley que modificó el código penal introduciendo la tipificación de la asociación ilícita terrorista y su financiación. Unos meses antes -la norma se sancionó el año pasado- parecía imposible que el kirchnerismo aprobara una norma así, que incluía complicadas definiciones sobre qué es el terrorismo que hasta chocaban con algunas organizaciones piqueteras.

El problema es que algunas de esas disposiciones todavía no fueron puestas en marcha, especialmente las que hacen al funcionamiento de la Unidad de Información Financiera.

Esta semana llegará a la Argentina James Sassoon, presidente del GAFI. Tiene previsto reunirse con Martín Lousteau y Martín Redrado, pero también específicamente con Aníbal Fernández, de cuyo Ministerio de Justicia depende la UIF y quien tiene que aplicar prácticamente todas las reformas que se sancionaron en materia de combate al lavado y al financiamiento al terrorismo.

El problema es que a fin de año, el GAFI deberá evaluar si la Argentina cumple con los estándares internacionales de lucha contra el lavado o merece una sanción.

In situ

Hasta ahora, las evaluaciones sobre la Argentina se hicieron en la reunión anual que realiza el organismo, siempre en París y en general en febrero; en esta ocasión, el jefe del organismo vino a hacer una evaluación in situ.

La última corrida con ese tema que vivió el país se dio en junio del año pasado. El 23 de ese mes vencía el plazo para que la Argentina cumpliera con las Recomendaciones Especiales del GAFI en materia de ajustar su legislación contra el financiamiento al terrorismo. A las apuradas, el 6 de junio, el Senado sancionó el proyecto, y el 13 de junio, Diputados la convirtió en ley, ante la desesperación de los directores del Banco Central que no creían poder llegar a tiempo para cumplir con la conminación del organismo. La pena hubiera sido la exclusión o colocara la Argentina en una lista de países no confiables.

Así se votaron las penalizaciones al financiamiento al terrorismo y los mayores poderes a la UIF.

El problema ahora es que muchas de esas medidas no estánaún reglamentadas. El problema ya no es el que Vilma Ibarra relató en el recinto del Senado la noche de la votación de la ley como una defensa del proyecto: «El compromiso del gobierno de combatir el terrorismo respetando los derechos humanos», dijo. Si bien la reforma está plenamente vigente en el Código Penal, el GAFI ahora quiere investigar más de cerca el funcionamiento actual de la UIF y por eso la lupa sobre el Ministerio de Justicia. Es decir, que el organismo internacional quiere saber si la conducción de la UIF, bajo la tutela del Ministerio de Justicia, ha avanzado correctamente en las investigaciones sobre operaciones sospechadas de lavado o financiamiento al terrorismo que fueran denunciadas por los bancos y si se terminó de aplicar la reforma que votó el Congreso.