La investigación por la venta de armas a Ecuador y a Croacia siguió ayer su escalada judicial y amenaza con proyectarse en derivaciones de todo tipo. El juez en lo Penal Económico Julio Speroni decidió indagar a Antonio Erman González por presunto contrabando. El ex ministro de Defensa está acusado de haber posibilitado, con la firma de dos decretos, que se vendieran 200 toneladas de pólvora y cañones Cister de 155 mm a Croacia. Esta investigación aparece cuestionada por los abogados defensores de los ex funcionarios y militares complicados porque, al haber salido la mercadería por la Aduana del puerto de Buenos Aires y la del aeropuerto de Ezeiza, no se habría incurrido en ese delito. De todos modos, informaciones que surgen del expediente revelan complicaciones para ex funcionarios del Ministerio de Defensa. En la otra causa que lleva el juez federal Jorge Urso, tras su impacto por la detención de Emir Yoma, no hubo mayores novedades. Todo se redujo a una recorrida del juez por despachos del gobierno buscando apoyo para que Estados Unidos envíe información embargada. El canciller Adalberto Rodríguez Giavarini se comprometió a lograrlo.
La tormenta judicial y política, desatada por la causa sobre la venta de armas a Ecuador y a Croacia, siguió ayer su escalada al intervenir otro juez -esta vez del fuero en lo Penal Económico-en la investigación de ex altos funcionarios del gobierno de Carlos Menem: se trata de Julio Speroni, quien decidió indagar a Antonio Erman González el 7 de mayo próximo. El ex ministro de Defensa está acusado de haber cometido supuesto contrabando al firmar los decretos 1.697 y 2.283 que habrían posibilitado la venta a Croacia de 200 toneladas de pólvora y 18 cañones Citer de 155 mm, que fueron desembarcados en el puerto de Zagreb durante la Guerra de los Balcanes. En ese lugar se encontraba un contingente de tropas argentinas que integraban la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas.
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La situación de González es complicada porque en el expediente aparecen testimonios de Omar Gaviglio y Luis Suiza, quienes se desempeñaron como jefes del Centro de Cargas de la División Mecánica y de la División Producción de Fabricaciones Militares, aunque la pólvora salió de la fábrica militar de Río Tercero, que explotó violentamente mientras se iniciaba la investigación judicial sobre estas operaciones de supuesto contrabando -existen voces jurídicas que consideran que ese delito no pudo haberse cometido por la sencilla razón de que la pólvora como los cañones salieron por la Aduana-dando origen a versiones no desmentidas de un posible atentado para borrar las huellas de las maniobras para vender armas y explosivos a un teatro de operaciones embargado por las Naciones Unidas.
Por la presunta comisión de ese delito sufrieron cárcel, aunque con tratamiento VIP -uno estuvo en el Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería y el otro en el Escuadrón Campo de Mayo de la misma fuerza de seguridad-los ex directores de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y el coronel (RE) Edberto González de la Vega. Sarlenga terminó confesando en la investigación del juez Jorge Urso sobre el comportamiento de los ex funcionarios y complicó seriamente a Emir Yoma, ex asesor y ex cuñado de Carlos Menem. González de la Vega, a su vez, complicó seriamente al general (RE) Martín Balza cuando hizo llegar al fiscal Carlos Stornelli el convenio original entre la Jefatura del Ejército y Fabricaciones Militares para recibir material falsamente denominado de rezago, pero en condiciones de plena utilidad como son los fusiles Fal repotenciados.
En el expediente de Speroni consta que fueron embarcadas unas 4.500 toneladas de material bélico que se habrían distribuido en unos 273 contenedores. El cargamento salió del puerto de Buenos Aires a bordo de los buques Opatija, Senj, Grobnick, Ledenice y KRK de la empresa naviera Croata Lines. En esa causa también estuvo imputado el general Antonio Vicario, quien, finalmente, logró la excarcelación al beneficiarse con un fallo de la Casación Penal que revocó una negativa anterior del tribunal de juicio en lo Penal Económico N° 3, integrado por Héctor Acuña, Ernesto Gandolfi y Clelia Oliva Hernández. Estos mismos jueces fueron los que le fijaron una caución de $ 150.000 a Sarlenga para posibilitarle estar libre hasta el día del juicio, pero la falta de apoyo que tuvo el ex director de FM quebró su estado de ánimo y terminó convirtiéndose en un arrepentido a instancias del fiscal federal Stornelli para que declare en contra de Emir Yoma, también preso en Gendarmería.
La relación de Sarlenga con González es un elemento clave para entender la operación de venta de armas. Sarlenga es un empresario que llegó a La Rioja como representante de la empresa Thompson, firma de materiales electrónicos y radares, que se acogió a los beneficios de la promoción industrial que rige para varias provincias del Norte. Presidente de esa empresa fue Norberto Schorr, quien a su vez presidió la Fundación Cerrito, un centro clave en la evolución política de González. Además, Sarlenga se desempeñó como contador del ex ministro de Defensa y también formó otra sociedad para la explotación de una quinta con el actual intendente de la ciudad de La Rioja, Luis Agost Carreño, a quien en soledad el ex presidente de Fabricaciones Militares le reprocha haberle negado que pudiera presentar en garantía a esa propiedad compartida para cubrir el embargo de $ 150.000 que le había fijado el tribunal oral y así poder salir en libertad hace más de un mes.
Tanta lealtad pasada a González terminó con un ascenso vertiginoso de Sarlenga. Según sus propias confesiones en el encierro de Gendarmería, González lo hizo primero director y luego presidente del Banco de La Rioja, una institución que apoyó la campaña presidencial de Carlos Menem. Una vez arribado al poder nacional, como ministro de Economía, primero, y en Defensa, después, Erman lo premió con un puesto en la Caja Nacional de Ahorro y Seguros cuando comenzó el proceso de privatización junto a otros dos riojanos: «Yuyo» Gasset Gaidat y Víctor Sona, y luego con asientos en el directorio de Petroquímica Bahía Blanca y la intervención en Fabricaciones Militares. En ese punto comienzan a unirse las causas de Speroni y la de Urso, quien, también, indagará a González, pero una vez que se supere el temporal que desató la detención del mayor de la familia Yoma.
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