Audiencia por el gas: Gobierno defendió la suba pero siguen las quejas por el tarifazo

El Gobierno, a través del ministro de Energía, Juan José Aranguren, defendió la propuesta para el aumento del gas, que prevé una suba promedio del 203% para usuarios residenciales, en la primera jornada de la maratónica audiencia pública que estuvo marcada por las críticas al tarifazo y algunos incidentes de quienes quedaron excluidos de la lista de oradores.

Aranguren propuso una suba de precios del gas de hasta 237% para los usuarios residenciales y de 500% para las empresas. Además recalcó que el Gobierno pretende aplicar un incremento "gradual"que actualice el sistema energético "distorsionado, desigual, injusto y arcaico".

La propuesta oficial recibió respaldo mayoritario de empresarios del sector, entre los que estaban los representantes de las productoras de hidrocarburos, transportadores y distribuidoras de gas. Al unísono las empresas se quejaron del congelamiento de las tarifas, los altos costos que deben afrontar y dijeron que sufrieron pérdidas millonarias por el esquema que regía hasta ahora.

En cambio, los Defensores del Pueblo de varios distritos advirtieron que si bien es necesaria una actualización de las tarifas en general, debe hacerse de forma "razonable" y que se actualicen de una manera acorde a la progresión de la inflación y el poder adquisitivo. La expresión "que se pueda pagar" se repitió en varios discursos. Exigieron especial atención sobre la situación de los sectores vulnerables, como las clases bajas, los adultos mayores, los electrodependientes y los clubes de barrio, entre otros. Incluso se propuso que haya tarifas sociales segmentadas según la región.

Pero más allá de los discursos, el Día 1 de la audiencia estuvo marcado por varios incidentes protagonizados por ciudadanos que pese haberse inscripto quedaron excluidos de la lista de expositores. Uno de los momentos tensos de la jornada ocurrió cuando el diputado provincial de San Luis, Juan Larrea, interrumpió a los gritos y con insultos los discursos quejándose por quedar fuera de los oradores. Segundos antes, la diputada Araceli Ferreyra había tomado igual actitud, aunque con menos vehemencia.

El legislador dijo que estaba anotado para exponer y que, sin embargo, no lo dejaban hablar. Justo antes de que comience la exposición del representante de Metrogas, aseguró que "la audiencia es una farsa", además de varios insultos. "Aranguren se cree dueño del país y del mundo", sostuvo y explicó que estaba en el puesto 74 para hablar y que lo borraron.

Larrea dijo a ámbito.com: "Mi derecho democrático de participar en la audiencia pública me fue limitado de forma total, no me autorizaron, a pesar de haberme inscripto en tiempo y forma. Es una acción brutal y violenta no dejarte hablar, ante eso, yo me rebelé".

En tanto, los asistentes en la Usina del Arte se repartieron entre quienes celebraban la actitud del diputado aplaudiéndolo y quienes le pedían silencio. Finalmente, el hombre fue obligado a salir del lugar.

También un vecino del Balvanera, Horacio Morinigo, irrumpió con un cartel en el auditorio y, visiblemente afectado, expresó su angustia. "Quiero ejercer mi derecho como ciudadano. Digitaron la lista, es un gesto de autoritarismo", afirmó. Otros usuarios residenciales expresaron su malestar al enterarse de que no estaban en la lista, y muchos discutieron acaloradamente con los organizadores.

En una jornada maratónica, a 12 horas de haber comenzado hablaron más de 80 oradores de una lista de casi 400. Con el correr de las horas pasaron, funcionarios, empresarios, defensores del pueblo, de asociaciones de consumidores, entre otras. En paralelo fueron habilitadas salas en Mendoza, Neuquén, Salta, Córdoba, Rosario, Paraná, Tierra del Fuego y Santa Rosa, para que desde allí también puedan participar -vía teleconferencia- los interesados aunque también hubo altercados.

En las inmediaciones de La Usina del Arte, donde se llevará a cabo la audiencia al menos hasta el domingo, agrupaciones de izquierda se manifestaron en contra del tarifazo y pidieron que se reestaticen los servicios energéticos. Junto a ellos hubo dirigentes como Alejandro Bodart, Vilma Ripoll, y Cristian Castillo, entre otros.

Los ombudsman hicieron hincapié en respetar el fallo de la Corte y establecer un cuadro gradual, que se tome en cuenta la evaluación de los salarios, y el impacto del precio del dólar sobre el valor del gas en boca de pozo.

El Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, pidió que el acceso a los servicios energéticos sea considerado un "derecho humano esencial" y que si bien es necesario un ajuste "no debe ser golpeando el bolsillo de la gente". "Defendemos personas, no clientes", afirmó.

El titular de CEPIS, Mariano Lovelli, en dialogo con ámbito.com se quejó que "la audiencia no debe ser para enterarnos una decisión" en relación al cuadro tarifario presentado por Aranguren. "Si no demuestran que esta nueva tarifa es justa y razonable va a ser pasible de una nueva impugnación judicial", lanzó el titular de la ONG que presentó la denuncia que llegó a la Corte contra la suba del gas.

En cuanto a la tarifa social, las principales voces de reclamo llegaron de parte de las Asociaciones de Consumidores que reclamaron una aplicación precisa y urgente para proteger a los sectores más vulnerables. Por caso, ante la consulta de ámbito.com, la defensora adjunta de la Ciudad, María América Gonzalez, instó a que se aplique la tarifa social desde que el usuario la solicita y sea luego el Estado el que determine si corresponde que la mantenga o no. Además hubo pedidos para que se modifiquen los umbrales de consumo de las distintas escalas de segmentación de usuarios.

Desde las asociaciones de consumidores se solidarizaron con las personas que quedaron afuera de la lista de oradores y lanzaron fuertes críticas al nuevo cuadro. "Lo único que vi fue un apetito voraz por subir las tarifas", denunció Susana Andrada del CES quien se quejó que no se hayan quedado las empresas a escucharlos.

Por su parte, Héctor Polino de Consumidores Libres dijo que se oponen "a que se establezca un aumento del 203%, porque los aumentos de sueldos de la mayoría de los ciudadanos no fue de ese valor". En tanto, Sandra González de ADECUA lanzó "Creemos que hay que sincerar las tarifas, tener una gradualidad e insistimos en tener en cuenta a los lugares donde las temperaturas son mucho más bajas".

A su turno, la Unidad Nacional de Clubes de Barrio, consideró "inconstitucional e ilegal" las resoluciones al entender que al sector le corresponde una tarifa social. Y exigió que de no reglamentarse pronto la ley que los ampara. "Si no nos escuchan, seguiremos luchando", advirtió su representante Esteban Corrales. Consumidores Argentinos, una de las organizaciones que presentó un amparo, sostuvo que "el Estado debe hacerse cargo de que el gas es un servicio público esencial"y que al estar atado al dólar "no sabemos cuánto va a valer en el futuro".

Cumplidas casi 13 horas de exposiciones, la audiencia tuvo su último dato curioso. El anteúltimo orador fue Julio Leonardo Tarifa, Abogado y del Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional de Petróleo y Gas de Neuquén, Río Negro y La Pampa. "Mi apellido no fue un recurso publicitario", ironizó y le robó algunas sonrisas a los pocos y exhaustos presentes que quedaban en el auditorio. Luego defendió aumento del precio de boca de pozo propuesto por el Gobierno.

Sobre el final el moderador Javier Corcuera antes de pasar a un cuarto intermedio hasta este sábado a las 9, se despidió con un "gracias ministro por haberse quedado a escuchar". Aunque no lo enfocaron las cámaras todo indica que Aranguren hizo lo que había adelantado su equipo y se quedó hasta el último orador.