La causa por el robo de miles de mails a cientos de funcionarios, dirigentes políticos, empresarios y personalidades del espectáculo dio un avance clave. Según pudo saber ámbito.com, la jueza federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, habría citado indagatoria a un grupo de personas sospechadas de comprar "material" sustraído ilícitamente por dos hackers que supuestamente reportaban a las órdenes del exjefe de la SIDE, Juan Bautista "Tata" Yofre.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La jueza Arroyo Salgado investiga el caso desde agosto de 2006. En el expediente, que se tramita en la Secretaría Federal N° 2, además del "Tata" Yofre, también figuran vinculados al delito de espionaje ilegal el general (r) y exsecretario general del Ejército durante el gobierno de Eduardo Duhalde, Daniel Reimundez; y los espías y exagentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Iván Germán Velázquez y Pablo Carpintero.
La causa está caratulada como "Violación de secretos políticos o militares", que prevé de uno a seis años de prisión, pero el fiscal federal Sebastián Basso acusa a Yofre, Velásquez y Carpintero de asociación ilícita, sustracción y destrucción de documentos destinados a servir de prueba y encubrimiento.
Las víctimas del espionaje serían más de un centenar. En el largo listado figuran Cristina de Kirchner, Alberto Fernández, Ricardo Lorenzetti, Jorge Taiana, Héctor Timerman, Jorge Argüello, Nilda Garré y Julio De Vido. Pero también habrían sido pinchados los mails de Susana Giménez, Celeste Cid, Andrea Del Boca, Gerardo Sofovich, Marcela Tinayre, Iván de Pineda y Camila Gastaldi, entre otros.
La "violación de secretos políticos o militares" es excarcelable, pero la repetición sistemática puede agravarlo, e incluso llevar al culpable a prisión. El Código Penal castiga tanto a quien los revela como a quien obtiene su revelación, sea por la compra o cesión. Entre los periodistas a quienes la fiscalía habría imputado por haber adquirido información están Carlos Pagni, Horacio Alderete, Edgard Mainhard y Roberto García.
Por ese motivo, luego de que la causa quedó paralizada largo tiempo por planteos de nulidad y cuestionamientos de los imputados al juzgado de Arroyo, ahora puede reactivarse ya que los requeridos estuvieron recibiendo en las últimas horas la cédula judicial que los cita a prestar declaración indagatoria.
El fiscal acusa a los periodistas de "sustracción de documentos destinados a servir de prueba y encubrimiento, por haber conocido el origen ilícito de la información y haberla utilizado, a sabiendas de su ilegalidad, en beneficio propio y de terceros".
Ámbito.com se comunicó telefónicamente con el juzgado federal de San Isidro y con el fiscal Sebastián Basso para saber sobre los próximos pasos de la causa. Una secretaria del despacho de Arroyo Salgado dijo que "la política del juzgado" es no dar información. Basso justificó el silencio argumentando que pesa sobre la causa el secreto de sumario.
Dejá tu comentario