Avanzó rechazo al veto que distorsiona internas

El gobierno se comprometió anoche, frente a una delegación de diputados peronistas y del comando de campaña Menem 2003, a organizar una nueva ronda de consultas con jueces federales y partidos políticos para corregir el mecanismo de elecciones internas que se reglamentó anteayer por decreto.

La mayor inquietud que escuchó Jorge Matzkin estuvo centrada en que el Ejecutivo habilitó a votar en las internas abiertas del 24 de noviembre a todos los ciudadanos sin excepción, incluso afiliados a otros partidos, en la consagración de postulantes de cualquier agrupación o alianza. Es decir, que transformó una compulsa semiabierta en abierta, lo cual excede las facultades del presidente designado.

Según plantearon las visitas a Interior, sería suficiente con una enmienda mediante otro decreto que dispusiera la confección de padrones con afiliados e independientes. El otro camino resultaría más engorroso: el Congreso debería reunir 2/3 de adhesiones en ambas alas para sostener la versión original de la Ley 25.611 que restringía las internas abiertas a militantes fichados en el partido correspondiente (o los partidos, en el caso de frentes) y a ciudadanos sin filiación conocida. Matzkin recibió a la comitiva después de que proliferaran los mandobles legislativos contra los decretos electorales. Menemistas que amagan con romper filas del bloque oficialista, otros sectores justicialistas no duhaldistas (que responden a inquietudes de los gobernadores del PJ) y radicales encabezaron la embestida contra el Ejecutivo. La variedad de actores que se unieron para criticar a la Casa Rosada ponía a tiro conseguir número en el recinto para voltear parte de las disposiciones de Eduardo Duhalde en materia de urnas.

• Los diputados Adrián Menem, Marta Alarcia, Jorge Bucco, Ricardo Quintela, Alejandra Oviedo y el mandato cumplido Javier Mouriño fueron más allá del Palacio Legislativo para iniciar la escalada: reclamaron ante la jueza María Romilda Servini de Cubría por la inconstitucionalidad del Decreto 1.397/02, mediante una acción de amparo con reserva de llevar el litigio a la misma Corte Suprema.

•Fractura

Durante una conferencia de prensa (previa al encuentro con el ministro de Interior), Alarcia quebró la diplomacia de sus colegas y llegó a largar -a título personal-la posibilidad de fracturar la bancada justicialista, si no corregían las condiciones «desfavorables». En reserva, sus compañeros la reprendieron: ya habían amenazado con alejarse de Humberto Roggero y Eduardo Camaño, en caso de que Duhalde, su esposa Chiche y algunos funcionarios siguieran castigan al riojano mayor por radio y TV.

• Los delegados del PJ de Anillaco, que prometieron una zaga en formato de proyecto de resolución, se quejaron porque el gobierno habilitó a votar en las internas abiertas no sólo a afiliados e independientes sino también a extrapartidarios. En la sanción de Diputados de la Ley 25.611 se establecía la confección de padrones electorales con independientes y fichajes de cada agrupación o alianza, de manera tal de que los militantes de otras organización políticas no pudieran intervenir en internas ajenas. Duhalde vetó esta cláusula con la excusa de que no había tiempo para confeccionar los padrones. Con el Decreto 1169/ 02 que conformó el paquete electoral, dio vía libre al entrecruzamiento de votantes entre partidos en las internas simultáneas del 24 noviembre.

• El cuadro se agravó -a juicio del menemismo-con la excepción a las agrupaciones con lista única, que no tendrán que someterse al nuevo régimen de consagración de candidatos a presidente, vice y legisladores nacionales, por ejemplo, el ARI de Elisa Carrió que podrá dedicarse a sufragar en internas de otros partidos o frentes electorales. Entre otros principios constitucionales, se estaría violando el de igualdad ante la ley, ya que algunos aspirantes a la presidencia quedarían autorizados a hacerse elegir sin necesidad de pasar por una interna abierta, a criterio de los amigos del ex jefe de Estado.

• Los radicales, encabezados por Horacio Pernasetti y Luis Molinari Romero, presentaron un proyecto de resolución en sintonía con la primera parte del planteo de Menem, Alarcia y compañía. Tal cual le habían adelantado a Jorge Matzkin por escrito el viernes pasado, consideran que la observación del PEN a la Ley 25.611 cambia las reglas de juego establecidas por los legisladores, algo que excede las facultades presidenciales.

Es decir que de un sistema de interna semiabierta acordado en el Congreso se pasa a una interna abierta, en la cual los afiliados de un partido (A) pueden incidir en el proceso de selección de aspirantes de una agrupación rival (B) y favorecer así al candidato de B menos difícil para A en los comicios generales del 30 de marzo. Los seguidores de Carrió, por caso, que no tendrán interna abierta, podrían tratar de influenciar en la interna PJ para beneficiar a Carlos Menem o al candidato que consideren más apto para la pelea con Lilita.

•Preocupación

• En términos similares a los radicales, el justicialista salteño Juan Manuel Urtubey también reaccionó ante el veto y, en su carácter de responsable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se preocupó por la posibilidad de que «se mate una creación institucional realmente novedosa y transparente». Aunque Urtubey no quiere verse mezclado en la lidia Menem-Duhalde, coincidió asimismo con los menemistas en el sentido de que la excepción a los partidos o alianzas con lista única empeora que se abra la interna abierta a extrapartidarios con ficha en otras organizaciones.

El proyecto de resolución de Urtubey, al cual podrían sumarse otros diputados por orden de sus gobernadores y hasta los mismos escuderos de Menem, reivindica la sanción original de las Cámaras parlamentarias sobre la elaboración de padrones con afiliados e independientes y rechaza que se utilicen padrones generales como dispuso el gobierno duhaldista.

• Curiosamente, Urtubey terminó sintonizando -muy a pesar suyo-con su adversario territorial, el senador Ricardo Gómez Diez (Renovador-Salta), quien la semana pasada había alentado en la Cámara alta una reivindicación de la sanción legislativa en rechazo del veto del Decreto 1169. Gómez Diez contó con el apoyo con el neuquino Pedro Salvatori (MPN), a la hora de juntar firmas.