¿Bajan penas por error?

El apuro de los legisladores por sancionar leyes contra la inseguridad surte efectos no deseados. Y es grave. Una reciente modificación al Código Penal habilitará a que delincuentes que cometieron robo con arma logren la excarcelación, si utilizaron pistolas que no pudieron ser encontradas al momento de la detención o que eran de juguete. En juzgados del interior, bastaba hasta ahora con el testimonio de la víctima para proceder al procesamiento por robo con armas. Pero, con este cambio, existe una atenuación de la pena para quienes hubieran perpetrado este delito con revólveres de utilería o cuya aptitud no pudiera ser comprobada. Por aplicación de esta nueva ley, existe ya un liberado en Mendoza. Abogados ya preparan pedidos de excarcelación de condenados amparados en la ley más benigna.

La aprobación, de apuro, de modificaciones al Código Penal puede derivar en efectos no deseados que, en lugar de castigar a los delincuentes, terminen beneficiándolos. Eso lo advirtieron varios legisladores como el diputado radical Víctor Fayad (Mendoza) o la frentista porteña Vilma Ibarra en el Senado (otros piensan lo mismo, pero callaron porque no resultaba políticamente correcto expresarlo), durante los debates en el Congreso.

En el interior del país, ya se comenta que la modificación del artículo 166 que considera como agravante el uso de arma de fuego en el robo derivaría en pedidos de excarcelaciones, pues se bajó la pena para quien cometa el delito con armas de utilería o cuya aptitud para el disparo no pudiera darse de ningún modo por acreditada. En este último supuesto, la pena será de 3 a 10 años de prisión, cuando en el resto de los casos podrá aplicarse un castigo de 5 a 15 como en la actualidad.

• Validez

Hasta ahora, según la jurisprudencia, en la mayoría de las condenas por robo con armas, la pistola, el revólver, la escopeta o la ametralladora no aparecían. Entonces, los magistrados seguían las doctrinas adoptadas por las Cortes provinciales. En Mendoza, según informó el diario «Los Andes» que recogió testimonios sobre estas derivaciones no queridas del paquete normativo, hasta ahora tenía validez la versión dada por la víctima.

• Responsabilidades

A partir de la sanción de la Ley 25.882, que le agregó un atenuante al artículo 166, si no se encuentra el arma o se verifica que no estaba apta para el uso, la pena es excarcelable si el imputado no tiene una condena anterior. La ley más benigna beneficia al imputado en proceso y que se encuentre cumpliendo pena al momento de dictarse la norma más beneficiosa.

«En vez de endurecer las penas, las ablandaron. No se puede legislar con apuro, y menos en materia penal», admitió a «Los Andes» el juez Luis Correa Llano, del Tercero de Instrucción, que hace 10 días debió dejar libre a una persona acusada por robo (no le encontraron el arma). El beneficiado por el pedido de excarcelación fue Martín Leggia, señalado por robar una bicicleta y haber mostrado como amenaza un arma que no estaba en su poder al momento de la detención.

Consultado por este diario, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Jorge Agúndez (UCR-San Luis), recordó que se trata de un proyecto que envió al Congreso el Poder Ejecutivo Nacional. Pero, además de deslindar responsabilidades, comentó que « es el juez quien debe disponer cómo se aplica la norma».

El penalista que logró la libertad del supuesto ladrón de bicicletas, el abogado Pablo Cazabán, confesó al matutino mendocino que « mi opinión es que se logró el propósito inverso al que se perseguía. Dejando de lado el interés particular de mi defendido, se hizo mal».