Blanqueo de la firma presidencial

La reforma de 1994 elevó a rango constitucional los decretos de necesidad y urgencia presidenciales, una forma de legislar provisoriamente con una sola firma. Y en ese mismo acto obligó a que fueran controlados por el Congreso. Desde ese momento hasta ahora se multiplicó el uso de esos instrumentos a límites entonces impensados. Recién esta semana estará lista para funcionar la Comisión Bicameral que deberá analizarlos. Pero el gobierno se garantizó ya un mecanismo que le permitirá no correr el riesgo de que alguno sea rechazado: quedarán en vigencia hasta que el oficialismo decida aprobarlos. A esa reglamentación amañada se le suman ahora los nombres elegidos para integrarla: son los máximos referentes del kirchnerismo en el Congreso y tienen, además, mayoría absoluta en ese cuerpo, lo cual asegura un «blanqueo» de la firma presidencial. Desde que se votó la creación de la comisión -hace tres meses- ya se acumuló casi una docena de DNU para controlar.

Jorge Capitanich

Esta semana deberá comenzar a sesionar la nueva Comisión Bicameral encargada de controlar los decretos de necesidad y urgencia que firme el Presidente. Ese cuerpo fue reglamentado por una ley promulgada el 28 de julio pasado -mediante un proyecto de Cristina Kirchner- y hasta la semana pasada no se conocían los nombres de sus integrantes, dato clave para conocer con cuánta rigidez el Congreso tratará los DNU. Ese trámite terminó de completarse la semana próxima. A partir de ese momento quedaron en evidencia algunas certezas.

Néstor Kirchner no tendrá ningún inconveniente en conseguir la ratificación más amplia imaginada de sus decretos de necesidad y urgencia, por lo que se refuerza el éxito de la estrategia de Cristina que insistió con el beneficio que implica para el gobierno cumplir con ese precepto constitucional y no cargar con el peso de los presidentes anteriores de no ser controlado en sus decretos. El rédito de todo ese proceso es real, aunque se esté hablando de un control sólo nominal.

La oposición tiene ahora un escenario de pelea que antes no existía: la bicameral de los DNU. Por eso ya están convocando a que esta semana se reúna, en un procedimiento que la propia Cristina Kirchner elogió en el recinto del Senado cuando sancionó la reglamentación de la comisión. La primera dama en ese momento explicó que, de ahora en más, existiría un procedimiento para analizar esos decretos. Y la oposición está dispuesta a usarlo, aunque no consiga en los votos rechazar ninguno.

Temario

Así la comisión está lista para comenzar a funcionar y ya tiene, inclusive, temario para debatir. Está integrada por 8 diputados y 8 senadores; emite dictámenes sobre cada decreto de necesidad y urgencia, decretos emitidos en uso de facultades delegadas o vetos parciales; esos dictámenes deben ser luego aprobados o rechazados por ambas cámaras y, finalmente, lo más importante: no se considera que su silencio habilite la ratificación tácita de los DNU, pero ni la Bicameral ni los recintos tienen plazo establecido para expedirse.

A ese funcionamiento que garantiza al gobierno no tener problemas con los decretos que comunica al Congreso, deben sumarse los nombres que el kirchnerismo eligió para representarlo en ese cuerpo.

Por la Cámara de Diputados fueron nominados el propio presidente del bloque, el santafesino Agustín Rossi, Luis Cigogna, Diana Conti y la vicepresidenta primera de la Cámara Patricia Vaca Narvaja. Ningún otro grupo podría garantizar más lealtad en ese cuerpo. A esos cuatro debe sumarse Jorge Landau, del aliado Peronismo Federal, por lo que la mayoría esta garantizada. La oposición colocó al radical Oscar Aguad, el macrista Pablo Tonelli y Gustavo Ferri, del Justicialismo Nacional.

El oficialismo del Senado envió también un equipo de kirchneristas de oro que cuidarán las espaldas presidenciales: Miguel Angel Pichetto, jefe de la bancada del Frente para la Victoria; el chaqueño Jorge Capitanich, el santacruceño Nicolás Fernández, la mendocina Marita Percevaly la porteña María Laura Leguizamón. Con esos cinco puestos, más los cinco oficialistas de Diputados, el gobierno tiene garantizadas 10 bancas sobre 16 en la comisión. Por la oposición, el Senado envió hasta ahora a dos radicales: el mendocino Ernesto Sanz, jefe de su bloque, y el formoseño Luis Petcoff Naidenoff.

Daniel Scioli ya firmó la resolución que nomina a todos, pero falta aún que los partidos provinciales se pongan de acuerdo para designar al octavo integrante de la Bicameral por el Senado. El puesto lo disputan hasta ahora el bussismo, el Movimiento Popular Neuquino, el Partido Renovador de Salta y los puntanos y sanjuaninos del Bloque Provincias Unidas.

La única demora que puede tener ahora la comisión para iniciar sus sesiones es precisamente la demora en el nombramiento del último integrante, por lo que la Bicameral podría reunirse recién después del 23 de octubre.

Pero a pesar de no haber comenzado a funcionar, la Bicameral tiene ya tarea pendiente. La Secretaría Parlamentaria le giró el primer DNU para ratificar: es el 1.384/06 que Kirchner firmó para establecer el sueldo básico del personal del cuerpo de administradores gubernamentales en $ 2.295,87.

En lista de espera están también una modificación de los suplementos salariales para las Fuerzas Armadas, la Prefectura, la Gendarmería, el Servicio Penitenciario y la Policía Federal, y otro decreto que dispuso un incremento de trabajadores de la Comisión Nacional de Comunicaciones, del órgano de Control de Concesiones Viales, la ratificación del plan de obras de la central nuclear Atucha II, la prórroga de la vigencia del régimen regula la marina mercante, la transferencia del RENAR al Ministerio del Interior, el que facultó a Nilda Garré a autorizar la publicidad de información relacionada con actividades de inteligencia estratégica y el que creó la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones.

La lista de decretos que se acumuló en el último mes es más que importante, y aunque se sepa de antemano que la Bicameral y los recintos harán pesar la mayoría absoluta del kirchnerismo y ratificarán los decretos, comienza, al menos, una etapa en la que estos instrumentos se discutirán públicamente.