Es un boicot activo porque tratarán de sancionar leyes que pueden complicar más el programa del ministro Cavallo. El torpe accionar jurídico del juez Urso y el fiscal Stornelli, que ayer pidió el procesamiento del ex presidente Menem, unificó a gobernadores y legisladores contra el gobierno. Exigen al Tesoro $ 500 millones por situaciones límite.
De golpe, impulsado por más de un factor, como sucede siempre que se toman decisiones algo dramáticas, el peronismo se propuso llevar al plano operativo, a partir de ayer, una realidad suficientemente conocida hasta ahora: que como fuerza política cuenta con los principales recursos de poder del país. El consejo nacional de ese partido, reunido en su sede de la calle Matheu, ratificó el pronunciamiento que había formulado el martes el club de gobernadores de ese partido, suspendiendo las negociaciones con el oficialismo. Además, se resolvió unificar todos los cursos de acción en una sola conducción integrada: allí estarán los gobernadores, los presidentes de bloques parlamentarios y la cúpula de la CGT dialoguista de Rodolfo Daer. Además, el comando del peronismo se quejó de la «persecución» judicial a Carlos Menem y comenzó a estudiar la posibilidad de impulsar leyes ajenas o contradictorias con la orientación de la política oficial.
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En el panel del gobierno se encendieron luces de alarma desde ayer, por el efecto negativo que agrega la crisis con el PJ a un cuadro que ya de por sí aparece muy complicado para Fernando de la Rúa. Chrystian Colombo, responsable por el tejido de un compromiso de gobernabilidad con el peronismo, fue el primero en levantar el teléfono y mantener una línea de conversación con varios líderes de la oposición, a los que prometió despejar algunas de las urgencias que inquietan a los gobiernos de provincia. En las próximas 48 horas será el principal negociador en el intento por restaurar el diálogo.
• En primer lugar, el peronismo encuentra que las penurias económicas tal vez comiencen a afectarlo críticamente antes que al propio gobierno. Los gobernadores se quejan de que Domingo Cavallo no cumplió con distintas promesas y algunos de ellos temen no poder pagar los sueldos la semana que viene, con las consecuencias de inestabilidad que esa situación tendrá para sus gestiones. «Si Cavallo no manda 500 millones de pesos antes del martes que viene, comienza el incendio» comentó, con dramatismo, un jefe provincial ante este diario. Un senador, acaso el que más trato mantiene con Olivos, insistió en lo mismo: «No hay una cuestión de oportunismo sino de gobernabilidad en algunas provincias acorraladas. ¿Si el Ejecutivo advierte la gravedad del tema? Uno ya no sabe qué es lo que percibe y lo que no este gobierno», concluyó el senador. Fue más prudente que algunos conjurados de la calle Matheu, como el que dijo a este diario: «Antes de caernos nosotros, que se caigan ellos».
El problema de la falta de recursos envuelve a los mandatarios con distinta presión. Hay algunos, como Eduardo Fellner (Jujuy), que golpeó la mesa del PJ diciendo que «si no me dan respuesta a lo que me deben le voy a llevar el gobierno a (Ramón) Mestre para que ellos se hagan cargo». José Manuel de la Sota no fue tan apocalíptico pero durante las últimas 48 horas no ha hecho más que quejarse de la indiferencia con que lo trató Cavallo -se vieron dos veces en ese lapso- a pesar de las bodas electorales que están por celebrar en Córdoba. Carlos Ruckauf está en el exterior pero Felipe Solá fue tan duro como los demás representantes provinciales. «¿No habían arreglado los problemas de financiamiento con De la Rúa?», se interesó el cronista. «Sí pero hasta ahora lo único que recibió la provincia fue un autopréstamo: el Banco Provincia le giró dinero al fondo fiduciario de provincias, para que desde éste salieran recursos para pagar los sueldos y el aguinaldo. De los bancos nacionales no salió casi nada.»
Si lo anterior desvela al peronismo, lo que sigue lo indigna: hace una semana, el radical rionegrino Pablo Verani escribió, de puño y letra, un reclamo que sería después suscripto por el resto de los mandatarios. Pero Verani desapareció para los peronistas, que ahora están convencidos de que las provincias dominadas por la UCR recibieron auxilios especiales de la Nación.
• Este factor abre paso a otro, muy gravitante: la campaña electoral. El peronismo ha decidido en los últimos dos días cerrarle el paso a una de las pretensiones más llamativas de De la Rúa, la de presentar a su gestión como una expresión de la unidad nacional y, por lo tanto, hacerla prescindente en el torneo electoral. El PJ teme que la crisis lo arrastre sin distinción de bandería y en el propio gobierno nacional se habló de que, sin polarización, se complicará la situación electoral en Jujuy, Córdoba y Santa Fe, por citar los tres casos más inquietantes.
• Además de suspender las tratativas con el oficialismo, el PJ resolvió ayer coordinarse con dos frentes hasta ahora dispersos. El legislativo y el sindical. En el primer caso, los peronistas comenzaron a estudiar la posibilidad de acumular una fuerza parlamentaria capaz de permitir la sanción de algunas leyes contrarias a las pretensiones de Cavallo. Los gremialistas, a su vez, tienen sus propios motivos para sumarse a esta agresividad partidaria: ayer De la Rúa decidió entregar el PAMI al control político de Héctor Lombardo, lo que fue entendido en la CGT como una declaración de guerra (el arraigo de intereses sindicales en esa «caja», donde la central obrera tiene representantes, es ya una tradición).
• Finalmente, para que las aguas se abrieran como sucedió ayer tuvo que soplar otro viento que el gobierno no apreció correctamente en un primer instante: la arbitrariedad que se les reprocha desde el PJ al juez Jorge Urso y al fiscal Carlos Stornelli en el tratamiento judicial de Carlos Menem. Un gobernador que no es de los más afectos al riojano explicó así esta circunstancia: «El gobierno demostró que quiere hacer campaña diciendo que metió preso a Menem y ya sacó un afiche en la Capital. Nosotros entendemos que nos quieren meter presos a todos y ahora se darán cuenta en Olivos».
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