13 de enero 2014 - 17:30

Bonadío se llevó documentos de la UIF

José Sbatella
José Sbatella
La Unidad de Información Financiera (UIF) aseguró que el requerimiento judicial recibido el viernes en ese organismo haya sido un allanamiento y aclaró que fue un "pedido de información" del juez federal Claudio Bonadío.

"Esta Unidad desmiente enfáticamente que los hechos ocurridos el pasado viernes 10 del corriente se trataran de un allanamiento", expresó la oficina antilavado que conduce José Sbatella en un comunicado difundido en respuesta a publicaciones periodísticas que dan cuenta del procedimiento.

La UIF aclaró que el viernes "se recibió una orden de presentación firmada por el juez Bonadío en la que requirió información relacionada con los reportes de operaciones sospechosas vinculados a la causa iniciada por diputados del PRO" y algunos aliados. Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso, entre otros

"Ese mismo día se dio cabal cumplimiento a lo solicitado por el juez", aseguró el ente al detallar que "se entregó copia de la documentación en soporte digital, ya que la información original había sido remitida al juzgado criminal y correccional Federal Nº 7, a cargo del juez Sebastián Casanello el pasado año".

La UIF recordó que la denuncia "inspirada en una nota periodística, resulta ser idéntica" a otra del senador nacional radical José Manuel Cano, del 3 de mayo pasado. Por ese motivo, Sbatella presentó un escrito solicitando la acumulación de la causa ante el juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 a cargo del juez Bonadio, caratulada "NN Sobre Abuso de Autoridad y Violación de Deberes de Funcionario Público".

En la causa promovida por el senador Cano, se formuló una denuncia sobre el actuar de la UIF con relación a reportes de operaciones sospechosas (ROS), informados por entidades bancarias en virtud de movimientos de dinero realizados por la firma "Invernes" relacionada con el empresario patagónico Lázaro Báez.

Bonadio busca indagar si Sbatella cometió los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, al no entregar los reportes vinculados a las empresas de Báez desde 2008, emitidos por el Banco Finansur.

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