Una interesante nota del semanario «Caras y Caretas» de Montevideo (Uruguay) describe la situación financiera de la empresa finlandesa Botnia, responsable de la construcción de una de las plantas productoras de pasta celulósica en la localidad de Fray Bentos, sobre el río Uruguay y frente a las costas argentinas de Gualeguaychú.
Una eventual suspensión en las obras de Botnia en Fray Bentos puede poner a la compañía finlandesa en apremios financieros. El mes pasado anunciaron despidos y cierres de plantas.
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Upm-Kymmene (47% del paquete accionario), M-Real (39%) y MetsTMliitto (14%) pasan por momentos difíciles, y su realidad financiera no les permite grandes lujos, como el de detener las obras de su mayor inversión sólo para materializar un gesto hacia la Argentina.
Para no perder perspectiva, hay que recordar que se trata de unos mil millones de euros en danza.
Upm-Kymmene decidió recortar (un eufemismo de mercado) 3.600 empleos antes que termine 2008: la meta es conseguir un ahorro de 200 millones de euros para impulsar la rentabilidad del grupo.
En este momento, es la tercerapapelera del mundo, especializada en papel para periódicos y revistas. Estos despidos suponen una reducción de 10% de su personal y una baja de 17% en su producción; la noticia impulsó al alza las acciones de su competidora Stora Enso. La medida implica el cierre de la planta de Voikkaa (Finlandia) y la posibilidad de reconvenciones en otras factorías. También trajo aparejado el enojo del ministro finlandés de Relaciones Exteriores, Erkki Tuomioja, quien anunció su decisión de desahacerse de sus acciones en la compañía, como protesta por la decisión de recortar esa cantidad de puestos de trabajo.
Además de los problemas financieros, el gobierno de Finlandia sospecha que las compañías forestales Stora Enso, Upm-Kymmene y MetsTMliitto incurrieron en intercambios de información confidencial, a los efectos de fijar los precios del mercado de acuerdo con su conveniencia, distorsionando la oferta.
La Autoridad Finlandesa para la Competitividad dijo en un comunicado que comenzó la investigación en 2004 al sospechar «prohibidas cooperaciones en precios e intercambio de información con el propósito de limitar la competencia en la adquisición de madera. Las empresas involucradas (las tres con intereses en Uruguay) tienen hasta mediados de mayo para responder a las sospechas: si sus argumentos no son convincentes, el caso será llevado a la Justicia.
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