Bullrich entregó a la CGT un pliego de capitulación

Diligente, el gobierno decidió allanarse ante los sindicatos, que exigen entre otras cosas aumentar el salario mínimo. La amenaza de ocupar la Plaza de los Dos Congresos el día que Fernando de la Rúa deba inaugurar las sesiones legislativas, más la incertidumbre que generan el destino de la reforma previsional y la desregulación de las obras sociales, impulsó a Patricia Bullrich a buscar soluciones. Para ello les prometió una mesa de diálogo y concertación, poner en marcha el Consejo Nacional del Trabajo y el Empleo y convocar al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Concesiva, la ministra propuso ampliar el seguro de desempleo vigente a los jefes de familia sin trabajo, dando respuesta a un reclamo del jefe de la CGT, el "gordo" Rodolfo Daer. Pero además, en un renglón perdido de la propuesta, figura el ítem "garantizar la solidaridad en el sistema de salud" que, traducido a la jerga gremial, suena a poner límites a la desregulación. No es el único señuelo que observan los "gordos", mientras menudean las reuniones con Daer. También tienen un ojo puesto en Chrystian Colombo. El jefe de Gabinete está a punto de firmar el decreto que transfiere a las obras sociales sindicales $ 37 millones, por aportes cuyo origen no está determinado. Y en la plata, como siempre, está para ellos la mejor convocatoria al diálogo.

Fernando de la Rúa está inquieto, seguramente más de lo debido, por la amenaza que le hicieron llegar reiteradas veces los sindicalistas de la CGT oficial: «El 1 de marzo, si quiere inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, que baje en helicóptero porque la plaza la tendremos tomada». Esta eventualidad se suma a otro tipo de problemas, seguramente más inquietantes para la marcha de la administración. Por ejemplo, los dos decretos más importantes que dictó De la Rúa mientras se negociaba el blindaje financiero están trabados en la Justicia y amenazados en su vigencia por el Congreso. Son el que reforma el sistema previsional y el que desregula el sistema de obras sociales. Parte de la obstrucción proviene de los gremialistas, expertos en «chicanear» en tribunales para defender sus intereses. También esta incertidumbre normativa desvela al oficialismo.

Solícita y diligente, como lo fue con todos sus jefes, Patricia Bullrich fue la primera que se apresuró en buscar un puente con los gremialistas para, de alguna manera, aliviar los problemas que encuentra el gabinete en ese plano. Para conseguirlo, la ministra de Trabajo elaboró un temario que giró a los sindicatos para su aprobación. Se trata de una lista interminable de propuestas, enunciados más o menos gaseosos y convocatorias a distintos «consejos». Bullrich promete «impulsar una Mesa para el Diálogo y la Concertación», «poner en marcha el Consejo Nacional del Trabajo y del Empleo» y «convocar al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil».

Llamativa

Esta última iniciativa es la más llamativa: los sindicalistas pusieron como condición para dialogar con el gobierno, en varias oportunidades, la necesidad de elevar el salario mínimo, vital y móvil. Aducen que ha quedado rezagado respecto de otras variables, como la jubilación mínima o el seguro de desempleo, pero en rigor pretenden subir ese «piso» de la pirámide salarial para estar en mejores condiciones de conseguir aumentos de salarios cuando se abran las paritarias (que deben ser convocadas por la caída de la ultraactividad de los convenios). Bullrich no sólo se mostró concesiva en este punto. En su papel también propuso, en armonía con lo que viene reclamando Daer en público, la «ampliación del seguro de desempleo vigente a los jefes de familia sin trabajo».

Sin embargo, el corazón de la propuesta que el gobierno hizo girar entre los gremialistas para seducirlos en una negociación es un renglón perdido en la redacción del listado: «Garantizar la solidaridad en el sistema de salud». En la jerga sindical, solidaridad en materia de salud quiere decir limitar la desregulación.

Para darles una escenografía a estas concesiones, la ministra tiene pensado establecer una mesa con funcionarios, sindicalistas y empresarios, que discutiría la propuesta punto por punto. Una formalidad, ya que Bullrich viene tratando todo el temario con el propio Daer en reuniones casi diarias. Sin ir más lejos: la última se produjo ayer, después de que la titular de la cartera laboral visitara al Presidente en Olivos para ponerlo al tanto de su táctica y sus tratativas.

Canales propios

De la Rúa, por su lado, parece tener sus propios canales de comunicación, lo que enloquece a la ministra. Durante la semana pasada, el secretario privado Leonardo Aiello se comunicó con más de un capitoste de la CGT para tantear el terreno para un acuerdo. Sin embargo, encontró en todos lados la misma respuesta: «Ya no sirve hablar si no es para cosas muy concretas. Tenemos lanzado el paro». Cosas concretas significa: aumento del salario mínimo, modificación del decreto de reforma previsional en lo que respecta a la edad de retiro de la mujer (quieren mantenerla en 60 años, sobre todo los sindicalistas de organizaciones con mucha afiliación femenina) y sustitución del decreto de desregulación de obras sociales por una ley de salud, en la que se disimularía la marcha atrás del gobierno respecto de la apertura del mercado que hoy mantienen cautivo las obras sociales.

Mientras miran a los ojos de la Bullrich para tratar de descubrir algún grado de confiabilidad en las promesas -nunca le tuvieron confianza-, Daer y los «gordos» ponen otro ojo donde verdaderamente importa: la Jefatura de Gabinete. Allí Chrystian Colombo está a punto de firmar el decreto que transfiere a las obras sociales 37 millones de dólares por aportes cuyo origen no se ha determinado correctamente. En la plata, como siempre, está para ellos la mejor convocatoria para cualquier diálogo.