Capital: lanzan una brigada para evitar nuevo Cromañón

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, ordenó a su ministro de Producción, Enrique Rodríguez, que conforme un grupo especial de funcionarios para que se dediquen a detectar el trabajo ilegal en la Ciudad de Buenos Aires.

Serán 20 personas que actuarán bajo la coordinación del ex ministro de Trabajo de Carlos Menem, hoy titular de Producción, quien al mismo tiempo mantiene el control de la Corporación Sur de Buenos Aires, el ente estatal porteño que debe fomentar el crecimiento de los barrios de esa zona del distrito.

El grupo hará «rastrillajes» con la idea de descubrir lugares donde se desarrollen actividades productivas en forma ilegal.

«Será un grupo de incorruptibles», sostuvieron ilusionados en el entorno de Telerman.

La medida surge luego del incendio en un taller textil de la calle Luis Viale 1269, en la zona de Caballito, que provocó la muerte de seis personas, entre ellas, cuatro niños. Según datos de vecinos y el propio jefe de Gobierno, las personas empleadas en el lugar, aparentemente todas de nacionalidad boliviana, trabajaban con un sistema «de esclavitud», en negro, y muchas vivían allí con sus hijos en precarias condiciones.

Rodríguez aseguró a este diario que «hay al menos 160 lugares de este tipo donde se estaría empleando a unas 15.000 personas». Se trataría de talleres de confección u otras actividades del ramo textil, según explicó el funcionario, quien aseguró que «algunos quieren ponerse en regla».

El incendio, ocurrido el jueves pasado por la tarde, trajo inmediatamente a la memoria legislativa el caso Cromañón.

Hoy, el Gobierno porteño saldrá a clausurar lugares junto con la AFIP, Migraciones, funcionarios del área social y de Seguridad, entre otros.

Al mismo tiempo, en la Legislatura porteña se presentarán por lo menos dos pedidos de informes al Ejecutivo sobre lo ocurrido en el local de la calle Luis Viale. Las solicitudes las formularán Jorge Enríquez (macrista, Unidad Republicana) y Jorge San Martino (Recrear), mientras el izquierdista Rubén Devoto pedirá la interpelación de Rodríguez y del actual ministro de Gobierno, Diego Gorgal, a quien competen las tareas de control.

Cotroversia

Para Enríquez, «el caso es totalmente distinto de Cromañón, que era un lugar de acceso público». En cambio, de la misma bancada macrista, Martín Borrelli, consideró que «hay muchas similitudes», como que «hubo alertas», en este caso también provenientes de la Defensoría del Pueblo que en octubre pasado elevó un informe dando cuenta del «trabajo esclavo» y advirtió sobre la necesidad de emprender acciones al respecto. También Borrelli sostuvo que, igual que en Cromañón, no habría habido controles de la Ciudad,pero aclaró que «de todos modos, en el caso del local bailable, la interpelación a Aníbal Ibarra ocurrió dos meses después de la tragedia y plazo similar llevó hacer una comisión investigadora».

Por ahora, los legisladores porteños se limitarán a solicitar informes, ya que sobre lo ocurrido saben «por los medios y por los dichos del Ejecutivo», pero no han reunido documentación.

En noviembre pasado, tras una denuncia formulada al Sistema Unico que tiene el Gobierno porteño en su página Web, las autoridades de la Ciudad clausuraron otro taller, lindero con el que se incendió la semana pasada, pero en ese caso no contaba siquiera con habilitación. También, tras el incendio habrían clausurado otro lugar de los mismos dueños en la calle Galicia, a la vuelta de Luis Viale.

Para Enríquez, la falta de controles «es producto del resabio de la administración del destituido Ibarra». Para el legislador kirchnerista Juan Manuel Olmos, también hay similitudes con el caso Cromañón y propuso modificar la normativa que posibilita «que las habilitaciones no tengan vencimiento, habría que hacerlas caducar cada cinco años». El local en cuestión habría sido habilitado el 8 de enero de 2001.

Luego de ocurrido el accidente, Telerman le reclamó la renuncia al director del área de Policía laboral, Florencio Varela, ya que días atrás el jefe de Gobierno, para renovar su plantel, había solicitado las dimisiones de cerca de 150 funcionarios, pero aún no resolvió en todos los casos.