CGT cambia interlocución y se acerca a auxilio de $35 mil millones

Política

Mientras prepara para agosto una marcha contra la inflación, la CGT halló un cauce para su demorado reclamo por un auxilio financiero para sus obras sociales. Se trata del jefe de asesores de Presidencia, Juan Manuel Olmos, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Mientras prepara para agosto una marcha contra la inflación, la CGT halló un cauce para su demorado reclamo por un auxilio financiero para sus obras sociales: el jefe de asesores de Presidencia, Juan Manuel Olmos, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, fueron designados para tomar la posta de Carla Vizzotti y definir una norma para compensarles a las prestadoras de los gremios unos $35 mil millones de gastos en servicios para sus afiliados discapacitados. Los funcionarios prometieron una respuesta a corto plazo para una problemática que quedó al tope de la agenda de la central obrera una vez ratificado el rumbo que habían avalado con Martín Guzmán y tras haber sido desechada la idea de un salario básico universal por parte del nuevo equipo económico que lidera Silvina Batakis.

Las señales de alivio llegaron al sindicalismo tradicional luego de haber amagado con quitarle a Alberto Fernández la sede del acto del 1 de julio si no convalidaba con normas concretas la compensación. Se trata de una negociación que arrancó el año pasado, cuando el Presidente se había comprometido a reintegrarles 11.400 millones de pesos a las obras sociales y sólo saldó cerca de 6.400 millones por ese concepto. Entre el saldo pendiente de 2021 y los cálculos de los gremios por prestaciones de educación y transporte para discapacitados para este año, el planteo asciende por lo menos a $35 mil millones.

Vizzotti había sido designada por el mandatario para cristalizar esa compensación pero en lo que va del año no terminó de redactar una resolución aceptable para la CGT. De hecho, un borrador que presentó semanas atrás fue desechado de plano por la central obrera e incluso varios de sus dirigentes advirtieron que su elaboración parecía diseñada de forma deliberada para cosechar ese rechazo. De acuerdo a las negociaciones, la norma en debate debería transferirles a áreas del Estado el costeo de esos servicios para los afiliados discapacitados de las prestadoras de los gremios.

El nombramiento en lugar de la jefa de Salud de Olmos y Moroni para acometer la tarea no fue azaroso: el asesor presidencial es visualizado como álter ego de Alberto Fernández y, por lo tanto, un funcionario de su máxima confianza que no debería postergar una decisión ya enunciada. El titular de la cartera laboral, en tanto, es el funcionario superviviente del Gabinete en el que más se recuestan los sindicalistas y a quien decidieron blindar de cualquier embate de Cristina de Kirchner o de La Cámpora. Tras la salida de Guzmán del Gabinete tanto el entorno de Alberto como la propia CGT dieron por fortalecido a Moroni.

Ese clima de distensión permitió direccionar de un modo pacífico la marcha en preparación contra el alza de los precios. Lo que pudo estar sobre la mesa de negociaciones como una primera protesta directa de la CGT contra Alberto Fernández promete reducirse a una catarsis callejera con un objetivo brumoso resumido en “los formadores de precios”. El armado de esa manifestación terminará de definirse mañana en la continuidad de la reunión de la “mesa chica” de la central, en el gremio de estatales UPCN. Con esa acción los sectores más tradicionales de la central esperan no sólo canalizar el malestar de las bases de los gremios por la inflación sin freno sino, también, conformar a sectores internos más levantiscos como la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Corriente Federal de Trabajadores (CFT).

La CATT, ayer mismo, realizó un plenario con referentes de 42 organizaciones del transporte de cargas y pasajeros que les dio mandato a sus líderes para definir acciones orientadas a fortalecer sus reclamos: en particular, exigirle a la CGT una movilización y de paso buscar avances en una ley federal de transporte.

El sello está liderado por el ferroviario Sergio Sasia y fue moldeado, en la actual etapa, por el camionero Hugo Moyano. Ayer mismo Pablo Moyano, número dos de Camioneros y uno de los secretarios generales de la CGT, alzó su voz contra Batakis y su paquete de medidas por entender que “es la continuidad de Guzmán” y “cumplirá el acuerdo con el FMI”, además de haber priorizado enviarles un mensaje “a los mercados” por encima del “pueblo argentino”.

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