CIADI: más bloopers en giro de Kirchner

Siguen los bloopers con el estudio jurídico que contrató o piensa contratar el gobierno para recibir auxilio en la defensa frente a los reclamos de empresas de servicios públicos ante los tribunales del CIADI. La incertidumbre sobre el contrato del estudio de Chicago Mayer, Brown, Rowe & Maw (MBR&M) deriva de las propias declaraciones del procurador Osvaldo Guglielmino, quien informa que esa firma ya colabora con el gobierno, aunque todavía no hay un convenio formal. Pero las curiosidades de este vínculo con MBR&M derivan de otros datos.

Ya se escribió, en Ambito Financiero y en otros diarios, que los abogados a los que recurre Néstor Kirchner para defender al Estado fueron en su momento asesores de los bonistas que litigaron contra el país. Esa información aparece como uno de los antedecentes que presenta el propio estudio en un escrito confidencial que se titula «Propuesta para representar a la República Argentina en arbitrajes frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)». En la página 22 de esa presentación se lee «Comité de Bonistas de la República Argentina. Representamos al Comité Directivo del Comité de Bonistas de la República Argentina, constituido para representar a los tenedores de bonos argentinos».

• Inconveniente

Pero esta mención en el currículum de MBR&M, sin duda inconveniente para el marketing que cultivó el gobierno hasta ahora, refiere a un dato ya conocido. Menos información hubo hasta ahora sobre el renglón siguiente de esa lista de antecedentes. Allí se dice: «Transportadora de Gas del Norte SA (TGN). Representamos a ING Barings como asesor financiero de TGN en relación con un financiamiento sindicado con u$s 215.000.000 de la Corporación Financiera Internacional».

¿Qué es aquí lo llamativo? Que TGN, la empresa para la que colaboró MBR&M a pedido de Barings, tiene como uno de sus accionistas a la estadounidense CMS Energy. Según la información que dio a publicidad el propio Guglielmino, el estudio de Chicago al que él recurrió debe ayudar al Estado a ganar una causa contra CMS Energy. Esa causa ya se perdió en el primer pronunciamiento del tribunal del CIADI, en París.

En otras palabras: MBR&M no sólo fue asesor de los bonistas. También prestó servicios para una de las empresas contra las que debe ahora litigar en defensa del Estado argentino. ¿Hay alguna incompatibilidad?

Seguramente no. Pero para un gobierno que levantaba la bandera de no privatizar la defensa del país, no es la mejor elección. Sobre todo si MBR&M no es el ganador de un concurso sino, apenas, un recomendado de personas que a Guglielmino, y seguramente también a su jefe, Carlos Zannini, le merecen confianza.

¿Asesorará también esta firma de abogados al gobierno en el conflicto con Telefónica? Tal vez no, si es que esta empresa levanta sus reclamos ante el CIADI en octubre, como está negociando con Julio De Vido. La pregunta tiene que ver con que MBR&M también hace figurar a Telefónica de Argentina SA entre sus clientes, igual que a Transportadora de Gas del Sur SA y a Edelap, entre otras privatizadas que negocian o han negociado con el gobierno. ¿Alguna incompatibilidad o conflicto de intereses? Seguramente no. Pero sí merece mencionarse el cambio de estilo o de valoración.

Respecto de la relación entre TGN y el CIADI, hay otro detalle para observar. En la presentación de los abogados se consigna que la Corporación Financiera Internacional es acreedora de la empresa de transporte de gas que controla el grupo Techint. El CIADI, como se sabe, es un organismo del Banco Mundial, igual que aquella corporación. ¿Es lógico que sea el tribunal en que se discute un caso en el que el Banco, a través de otra de sus agencias, tiene intereses? ¿Se intentó plantear esta objeción antes de aceptar al CIADI como sede del litigio? Lucubraciones.

• Cambio de criterio

Ya fueron enumeradas varias -llamémosle así- curiosidades en la selección de este estudio jurídico, especialmente notorias para una administración que se ufanó de hacer un corte en la historia en este tipo de procedimientos. Bien se podría haber realizado un «beauty contest» para garantizar mayor certeza en la elección. Pero la contratación de MBR&M, o de cualquier otro estudio privado, es la expresión más llamativa de un cambio más importante de criterio de Kirchner respecto de todo el enfoque de las demandas en el CIADI. Hasta ahora, la estrategia oficial estuvo basada en un principio explícito, que escucharon los íntimos del Presidente relacionados con este proceso: «No pagaremos un centavo». Por eso no se recurrió en su momento a la abogacía privada, especializada, y sólo se litigó con el criterio de «salvar la dignidad nacional» (basta recordar la escenografía montada por Horacio Rosatti en la primera audiencia de la que participó en París). ¿El recurso a abogados especializados significa que, ahora, Kirchner piensa pagar lo que se le reclama? Si fuera así, estaríamos ante el fracaso de una hipótesis más amplia: la que sostenía que los reclamos en el CIADI se resolverían en la negociación de los contratos con la empresas privatiazadas. Es decir, no en las audiencias de ese tribunal, sino en el Ministerio de Infraestructura que conduce Julio De Vido. Sería bueno que alguien del gobierno aclarara estos giros, sobre todo si la conducta seguida hasta aquí le hizo perder dinero al país por falta de logística jurídica de la Procuración del Tesoro.