Fondos porteños: sin acuerdo, define la Corte. Gobernadores advierten a los jueces

Política

Venció el plazo para pactar una cifra por la transferencia de la Policía. Informe de CFI elaboró un dictamen que no conforma a Horacio Rodríguez Larreta.

Fracasó la posibilidad de un acuerdo y ahora será la Corte Suprema quien dirima el conflicto entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la transferencia de parte de la Policía Federal al distrito porteño.

Ayer venció el plazo, incluida una prórroga, que fijaron los jueces para que las dos jurisdicciones coincidieran en una cifra, pero no fue posible. En menos de una hora, la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, dieron por finalizadas las conversaciones.

Solamente Ciudad y Nación estuvieron de acuerdo en que ya no se hablaría de coparticipación y que pactaría una fórmula de actualización de los fondos.

La semana pasada, las provincias reunidas en la Comisión Federal de Impuestos (CFI) firmaron una resolución y un informe técnico de 126 páginas que dictaminó "que el monto de transferencia al año 2021 debía ser $43 mil millones", detalló el ministro de Interior de la Nación, Eduardo "Wado" de Pedro. Fueron 21 las provincias que dieron su voto afirmativo para esa resolución. Solo Corrientes, CABA y Mendoza rechazaron los cálculos.

A fines de 2020, el Congreso impuso $24.500 millones hasta que la suma se calcule de acuerdo entre los dos distritos, pero tampoco fue posible. Para este año, la Nación dispone una cifra cercana al valor determinado por la CFI, pero la Ciudad está muy distante en sus cálculos.

En marzo pasado la Corte convocó a una audiencia a Wado de Pedro y a Horacio Rodríguez Larreta, para darles un plazo a las conversaciones que finalmente no arribaron a nada.

Ayer, 17 gobernadores firmaron un documento anticipándose a un eventual fallo a favor de la Ciudad donde advierten " que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos".

Los mandatarios dicen que "las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes" y que "no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios".

Además aseguran que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia, que las provincias son preexistentes a la Nación "y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes". Luego repasan el aumento de puntos de coparticipación al distrito porteño que dispuso Mauricio Macri y aseguran que "nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 M de pesos y padecemos la concentración del 28 % del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA".

"Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan" señalan los gobernadores y piden se aceptados como amicus curiae. "Estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos", concluyen.

El documento lo firman los gobernadores Axel Kicillof ( Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich, ( Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet, (Entre Ríos); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En Twitter, De Pedro escribió: "Lamentamos que las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios. Respetamos la ley y un minucioso informe técnico. No hacerlo sería convalidar una ilegalidad del gobierno anterior y una arbitrariedad para con todas las provincias" y que "no podíamos mantener una decisión del gobierno de Macri que atentaba contra el federalismo y lastimaba los intereses de todas las provincias además del empleo en todo el país, mientras vemos cómo se sigue concentrando la riqueza argentina alrededor del puerto de Buenos Aires".

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