Clave: deciden dos jueces si citarán a funcionarios por affaire de la valija

• Lo definirá el juez Ballestero, que investiga el posible pago de coimas con los u$s 800 mil • También nuevo juez de causa por contrabando determinará si llama al valijero venezolano • Gobierno teme impacto electoral e instala clima de caza de brujas contra más filtraciones.

Gerardo Morales

El juez federal Jorge Ballestero, quien ya investiga la denuncia penal presentada por el peronista Juan Ricardo Mussa sobre el ingreso de la valija con u$s 800.000 sin declarar en manos del venezolano Guido Antonini Wilson, deberá recibir hoy copia de toda la documentación que tiene en su poder la fiscal María Laura Rivas Diez sobre lo ocurrido esa noche en Aeroparque.

Hasta ahora Ballestero hizo lugar a la denuncia, después del dictamen del fiscal Gerardo Di Massi, pero cuenta sólo con los hechos relatados por Mussa -una carilla a la que le faltarían datos aún como para avanzar por ese lado con la investigación-, y desde el viernes pasado viene insistiendo a la fiscalía con la remisión de la información. Recién entonces comenzará a tomar resoluciones, como la citación a los funcionarios que viajaron en el avión alquilado por ENARSA y al propio Antonini Wilson.

El clima de la investigación sobre los hechos ya está enrarecido. Ballestero debe investigar si hubo un presunto cohecho, mientras en el gobierno la teoría que más fascina por estas horas es que el dinero llegó al país para financiar actividades chavistas -casi el único trabajo que se realiza en las oficinas de PDVESA en Buenos Aires-. De ser cierto, otro escándalo aún mayor podría envolver de nuevo a Luis D'Elía.

Celo excesivo

Pero hay un enigma, entre varios, sobre por qué, tal como relata Mussa en la denuncia, hubo un celo excesivo para ese tipo de vuelos en la revisación que realizó la representante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el delegado de la Aduana esa noche. El vuelo de ENARSA llegado en la madrugada de aquel sábado, se sostiene, pudo haber sido el objetivo de otro cruce en la interna más grande que se mantiene en el gobierno de Néstor Kirchner, en este round contra Julio De Vido.

Así, la causa que lleva adelante Ballestero puede tornarse mucho más complicada para el gobierno que la que se tramita en el juzgado de Diego Zysman Quirós, quien aun debe aceptar la excusación de la jueza anterior.

Carátula penal

En primer término, Mussa realizó directamente una denuncia penal contra el ex titular del OCCOVI y coordinador del Ministerio de Planificación, Claudio Uberti, cuando la otra causa aún debate su carátula en un « contrabando simple en grado de tentativa».

Mussa, que se enteró de los hechos por comentarios de guardias de seguridad del Aeroparque, según dijo, sostiene la existencia de episodios más comprometedores para los presentes en ese vuelo: «Los funcionarios venezolanos y argentinos apretaron a los agentes de la Aduana: les dijeron que iban a ser sancionados y exonerados, pero éstos igual abrieron la valija», dijo el dirigente la semana pasada.

Pero, además, a esa denuncia podría sumarse en el mismo juzgado de Ballestero la que hoy presentará el radical Gerardo Morales por «lavadode dinero y soborno internacional».

La presentación judicial se hará por la mañana en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Correccional Federal de los tribunales de Comodoro Py y todo indica que podría agregarse a la investigación de Ballestero.

«Intentaron que esto pase como una simple infracción. El gobierno reacciona mal, ya que ha perdido la iniciativa en los últimos meses», dijo el compañero de fórmula de Roberto Lavagna.

Con la figura de «lavado de dinero», Morales buscará enmarcar el caso en un delito grave, que consiste en tratar de ingresar en el circuito económico formal una cantidad de dinero obtenida en forma ilícita, y dejar de lado la hipótesis de contrabando que se maneja como principal motivo del viaje del empresario venezolano, tesis que se sostiene en la causa que ahora tiene Zysman.

Destino

Además, Morales quiere que se investigue si es que el dinero pudo estar destinado a pagar algún soborno derivado de negocios entre la Argentina y Venezuela, en el marco del acuerdo para la construcción de una planta regasificadora valuada en u$s 400 millones.

«Tanto la Justicia venezolana como la argentina tendrán que actuar, y vamos a objetivizar la denuncia contra los funcionarios que han participado en ello», dijo el jujeño Morales.

En medio de la campaña, los radicales lavagnistas atacaron directamente sobre los efectos que esta nueva denuncia contra el gobierno podrá tener en la candidatura de Cristina Kirchner: «En cualquier país normal del mundo, un gobierno se ve afectado en su imagen cuando ocurren hechos de este tipo. Pero al margen del período electoral, el problema es que se deteriora la imagen del país», acusó el presidente de la UCR.