Ingresó en el Ejército el primer reclamo administrativo para que se considere a un oficial jefe retirado como veterano de guerra. El pedido es por haber participado en el Operativo Independencia contra la subversión, en la provincia de Tucumán, desde febrero de 1975. Es decir, bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El mayor (R) y abogado inscripto en la matrícula en la Ciudad de Buenos Aires, Luis Daniel de Urquiza, fue quien inició el reclamo administrativo ante el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Roberto Bendini. La demanda consiste en los reconocimientos honoríficos de Medalla de Campaña, diploma, pensión honorífica y calidad de veterano de guerra.
El pedido pondrá una vez más en el brete al jefe del Ejército, porque, además, de no prosperar, se advierte que queda abierto el recurso del artículo 14 de la Ley 48, por violación de los artículos 14, 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución -según señala el militar-abogado-, por conculcarse garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, propiedad y defensa en juicio, interpretando la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. La reivindicación anticipa otras presentaciones.
• Marco legal
De Urquiza, para fundamentar su reclamo, le recuerda a Bendini que el entonces gobierno constitucional produjo el Decreto 261/75, promulgado el 5 de febrero del '75 y hecho efectivo tucumano cuatro días más tarde.
De Urquiza, teniente 1° con destino en el regimiento de Infantería de Monte 30, en Apóstoles (Misiones), fue enviado al Teatro de Operaciones de Tucumán, dentro de un sistema que preveía rotaciones de personal. Estuvo durante agosto, setiembre, octubre y noviembre del '76 agregado a la Fuerza de Tareas Barceló -apellido del subteniente de Caballería Diego Barceló, quien murió en una emboscada del ERP en esa provincia norteña-, donde «se combatió contra tropa enemiga, a órdenes de jefes reconocidos, con uniforme que los distinguía y bajo bandera que -por supuesto- no era la nuestra (celeste y blanca)».
• Resolución política
Agrega el militar, devenido en abogado, que esos «efectivos militares habían adoptado la resolución política de declarar 'zona liberada' la provincia de Tucumán, sosteniendo dicha resolución con la fuerza de sus armas». Puntualiza que «también hubo un presidente de la 'República de Tucumán', Amílcar Santucho, hermano del jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, Roberto Mario Santucho». De Urquiza califica al «enemigo» y lo identifica en la «Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, la cual inició sus operaciones en el mes de agosto del '74 mediante el ataque al regimiento 17 de Infantería con asiento en la ciudad de Catamarca».
Recuerda que también en agosto se produce el copamiento de la Fábrica Militar de Villa María, por la Compañía Decididos de Córdoba. Le dice De Urquiza a Bendini: «En ese contexto de conflicto expandido y un 'hábitat' de violencia descontrolada, que usted mi general recordará, el gobierno impone el decreto de marras, con la firma de siete ministros».
Concluye la presentación recordando que entre el 2 de abril del '82 y el 14 de junio del mismo año, «la Nación tuvo una guerra con el Reino Unido por la posesión de las islas Malvinas». Y agrega: «Quienes tuvieron el honor de defender los intereses territoriales de la Patria, bajo su bandera, han recibido sucesivos reconocimientos honoríficos». Termina afirmando: «El suscripto, mi general, también tuvo el honor, en la provincia de Tucumán, de defender los intereses de la Patria, armas en mano y bajo su bandera». Ahora serán el Ejército o la Justicia las que deberán emitir opinión.
Dejá tu comentario