Comienza una semana difícil para la Legislatura porteña

Comienza hoy una semana difícil para los legisladores porteños, que vienen acelerando el ritmo de trabajo ante el pronto recambio de bancas que tendrá su sesión preparatoria el próximo 6 de diciembre. Antes de ese día, quieren tener listas varias leyes clave y archivado el proceso de juicio político contra Aníbal Ibarra.

Entre las normas que se proponen votar a partir de mañana está la llamada «ley Clarín», que beneficia a las empresas de televisión por cable; la devolución a sus dueños -o la expropiación-del porteño hotel Bauen, ocupado por ex empleados, el presupuesto, que tiene fecha para el 28 de noviembre, y la votación en la Sala Acusadora del juicio político que se hará el jueves de esta semana.

Mañana, los diputados quieren intentar retomar la frustrada sesión del jueves pasado, en la cual no pudieron continuar por los altercados que provocaron grupos pertenecientes a ex trabajadores del hotel Bauen, que lo mantienen ocupado; pero la máxima tensión, sin embargo, la vienen provocando familiares de jóvenes fallecidos en el local Cromañón, ante la proximidad de una resolución con respecto al pedido de juicio político a Ibarra. Esa definición, que todo indica será favorable para el jefe de Gobierno, la tomarán los legisladores porteños el jueves. Pero un grupo de familiares, que también provocó la queja de magistrados por las amenazas que propina, ya hace más de una semana que viene recorriendo los pasillos legislativos para manifestar sus quejas a viva voz, porque infieren que no habrá enjuiciamiento contra Ibarra, a quien consideran responsable del incendio que causó la muerte de 193 personas, el 30 de diciembre pasado, cuando durante un recital del grupo Callejeros se lanzaron bengalas dentro del local cerrado.
Con esos antecedentes se viene programando un operativo especial de seguridad para la reunión de la Sala Acusadora, que está compuesta por 45 de los 60 legisladores porteños, conformación que surgió de un sorteo. Los 15 legisladores restantes integran la sala de juzgamiento, a la que llegaría la investigación sobre el supuesto mal desempeño de Ibarra si la Sala Acusadora resuelve que debe haber juicio político.

• Amenazas

Para que eso sea así, se debe reunir el voto de 30 diputados en contra de Ibarra y en función de los dictámenes de la comisión investigadora de la propia sala, que es la que los emitió: dos en contra, dos absolutorios y uno de abstención. Sin embargo, con los votos del kirchnerismo a favor de Ibarra no llegarían a 26 los votos para iniciar el juicio político. Esta situación la conocen los familiares de las víctimas, dentro de los cuales un grupo vive amenazando a algunos diputados, pero lo cierto es que la Legislatura hasta ahora ha permitido su presencia en las reuniones de la comisión investigadora como en las
sesiones, sin restricciones.

Por eso el operativo de seguridad se viene preparando en silencio. El vallado, que ya es costumbre desde los violentos incidentes del año pasado, comenzó la semana pasada a ser abulonado para impedir que sea derribado, al menos en algunos sectores de la semipeatonal Perú del lado de Alsina y de Yrigoyen. Como suele hacer en estas circunstancias, el vicepresidente primero de la Legislatura, Santiago de Estrada, piensa acotar los permisos para ingresar al recinto el jueves, con un cupo limitado para los familiares de las víctimas y las barras que pudieran llevar legisladores de izquierda que apoyan el proceso de juicio político contra Ibarra.

Antes de llegar a esa sesión, los diputados tienen además pendiente el conflicto del hotel Bauen, con fuertes presiones inclusive del titular de la bancada kirchnerista, Diego Kravetz, abogado de fábricas recuperadas y consultor permanente de los empleados que intentan expropiaciones, que quieren que la sesión se postergue para después del recambio de bancas, cuando la nueva conformación de la Cámara aumente los votos del oficialismo y del ARI, que favorecerían la expropiación del hotel a favor de la cooperativa de trabajadores y no la devolución a sus dueños como indica el proyecto de mayoría, acordado en las comisiones legislativas.

A eso se suma la sanción de la ley que permitirá que las empresas de televisión por cable estén eximidas -salvo en el microcentrode soterrar el cableado aéreo como lo impone una ordenanza que tiene ya 10 años, y les concederá 20 años de plazo para reemplazar los peligrosos postes de madera por estructuras metálicas. Esa norma inquieta a los legisladores, que ya se han comprometido con los representantes de las empresas a sancionarla, pero no pudo votarse el jueves pasado por los escándalos que provocaron los ex trabajadores del Bauen. Por eso los diputados desdoblarían la sesión. Una vez que termine la semana, los diputados se abocarán a la sanción del presupuesto 2006, en la sesión pautada para el 28 de noviembre, donde tienen reservada una partida propia de más de $ 120 millones.