2 de octubre 2001 - 00:00

Con nombres parecidos, todos son gatos pardos

Con nombres parecidos, todos son gatos pardos
Un vulgar estafador de escaso desarrollo intelectual ha sido la piedra más importante para que las denuncias de Elisa Carrió queden en el lugar en el cual deberían haber estado siempre: la imaginación. La ley de Murphy dice que el error de información de una persona es la fuente inocultable de sabiduría de quien la escucha. Pero detrás de la conferencia de prensa del sábado, del ministro, se han alzado algunas voces diciendo que hay un «daño a la credibilidad» de la diputada que habría sido llevado a cabo por la SIDE o por algunos de los más nefastos servicios de inteligencia del mundo, para desmejorar su imagen.

Cuando la diputada trata de delincuente al ministro (como si la sonoridad de tal fonema le concediera un recurso ante la ley diferente de los recursos que las leyes le otorgan como diputada nacional para solicitar a los tribunales competentes las medidas de prueba que considere necesarias) demuestra que la base de su estrategia es jugar a ver quién hace más ruido y, cuando las circunstancias le son adversas, gritar a los cuatro vientos que se trata de una «operación» de los servicios de inteligencia.

• Secreto uruguayo

Pero las declaraciones omiten revelar la verdadera «operación», llevada a cabo por la diputada Carrió en el Uruguay. El art. 47 del Código Tributario de la República Oriental del Uruguay, que data de 1974, establece respecto del secreto de las actuaciones que «la Administración Tributaria y los funcionarios que de ella dependen, están obligados a guardar secreto de las informaciones que resulten de sus actuaciones administrativas o judiciales. Dichas informaciones sólo podrán ser proporcionadas a la Administración Tributaria y a los Tribunales de Justicia en materia penal, de menores, o aduanera cuando esos órganos entendieran que fuera imprescindible para el cumplimiento de sus funciones y lo solicitaren por resolución fundada. La violación de esta norma apareja responsabilidad y será causa de destitución para el funcionario infidente».

Sin embargo, la diputada Carrió contó con la infidencia de funcionarios que, en mérito a la ideología, no tuvieron reparo alguno en violar la ley para proveer a la diputada de los datos de lo que ella llama «sociedades fantasma». Las bases de datos del Banco de Previsión Social del Uruguay (donde la diputada buscó sus datos mediante informantes violando las leyes) cuentan con un «buscador» que permite, al nombrar un Director o Fundador, que automáticamente aparezcan las empresas personales con las que esté vinculado dicho director.

Por ello, las famosas «listas» que la diputada refiere como la «matriz mafiosa de la corrupción» no contienen exactamente cuestiones de lavado de dinero sino, en algunos casos, los nombres de empresas que se parecían a los nombres que inicialmente se mencionaron en el informe del Senado de los Estados Unidos, con el mismo grado de irresponsabilidad que las tan mentadas cuentas del ministro Cavallo. El cuadro muestra datos buscados y encontrados.

El daño más grave a la credibilidad no se asienta en el ataque de Carrió a Cavallo, ni en las conclusiones de la poca sustancia de los informes, sino en demostrar que la Argentina es, aun en el siglo XXI, capaz de formar tribunales especiales (léase populares) para juzgar cuestiones sobre las cuales ya existen tribunales constitucionales. La parodia recuerda la frase de Zbigniew Brezezinski, asesor en Seguridad Nacional de los Estados Unidos en la década del '80, cuando decía que «la Justicia soviética funciona, y hasta podría decirse que de manera aceptable, siempre que no tenga que juzgar cuestiones en las cuales es parte el Estado soviético». Mal ejemplo.

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