Condenaron a D'Elía a cuatro días de prisión, pero no irá a la cárcel

Política

El dirigente Luis D'Elía fue condenado a cuatro días de prisión en suspendo por pegarle una trompada a un ruralista en las inmediaciones del Obelisco, el 26 de marzo de 2008. La jueza en lo correccional Nº 13 Patricia Susana Guichandut adoptó el pedido del fiscal Edgardo Orfila, que había pedido esa penapor el golpe de puño que D'Elía le dio al ruralista Alejandro Gahan en medio del conflicto entre el Gobierno y las entidades agropecuarias.

Por su parte, el abogado de Gahan, Francisco García Santillán, había pedido que "se imponga a D'Elía la pena de un mes en prisión en suspenso por ser autor responsable del delito de lesiones".

Tanto la querella a cargo de Gahan como la fiscalía se pronunciaron a favor de pedir penas en suspenso, y las mínimas por el delito que optó cada uno de ellos para imputarle a D´Elía.

El juicio se inició el miércoles por la mañana, con la indagatoria que aceptó someterse D´Elía y en la que dijo que antes de darle el puñetazo, Gahan le venía diciendo "negro de mierda" y "mercenario".

"Nos movilizamos en defensa de nuestro Gobierno y del orden democrático",
aseguró D´Elía, quien abrió la página 293 del libro "La Presidenta" de la periodista Sandra Russo, y leyó dichos de la presidente Cristina de Kirchner sobre su interpretación de lo que ocurrió esos días: "A mí en 2008 me quisieron destituir, no tengo ninguna duda y fundamentalmente el grupo Clarín".

D´Elía aseguró que hubo ese día "un golpe destituyente" y recordó que en inmediaciones a Plaza de Mayo pudo ver en una confitería a la activista castrense Cecilia Pando, y luego vinculó a Gahan con el Coronel Juan Miguel Valentino, un supuesto represor de la última dictadura.

Luego declararon seis testigos en el juicio, casi todos propuestos por D'Elía, y entre quienes estuvieron su esposa y actual diputada provincial Alicia Sánchez.

Primero fue el turno de Gahan, quien al declarar como testigo, dijo que ese día vio a D`Elìa "con la cara muy sacada", negó que lo haya llamado "negro de mierda", y aseguró que el golpe que recibió por parte del piquetero lo dejo "zombi".

Gahan reconoció su vínculo con el coronel Valentino pero negó que este fuese un "represor o un genocida", y que le haya llevado un bolso con armas cuando se entregó ante la Justicia en Entre Ríos, de donde ambos son oriundos.

Luego de un cuarto intermedio, García Santillán acusó al ex piquetero por el delito de lesiones leves, y dijo que por petición de Gahan solicitaba la pena mínima y en suspenso: "Cierta admiración tenemos del señor D´Elía, por su valentía y porque siempre ha dado la cara y ha dicho lo que piensa", agregó en su exposición. Así requirió la pena de un mes de prisión en suspenso al considerarlo "autor" del delito de lesiones leves.

El fiscal Orfila imputó a D'Elía el delito de "agresión tumultuosa" al considerar que no está acreditado si el puñetazo que le dio a Gahan fue la que le provocó una herida contuso cortante al ruralista o bien fueron otras personas no identificadas que también lo agredieron en el lugar.

"Sí hay un claro inicio de agresión", dijo Orfila, quien dijo que en las imágenes captadas por los canales de televisión esa noche se ve a "D'Elía como líder de un grupo".

Para el fiscal hubo un "exceso" en la legítima defensa de D'Elía al reaccionar ante los supuestos insultos que éste denunció que recibió instantes previos de Gahan.

El abogado de D'Elía, Adrián Albor, basó sus argumentos en dos líneas: que el dirigente actuó ante la gestación de un golpe de Estado y que fue legítima defensa ante las "injurias" que venía soportando desde metros antes por parte de Gahan.

"Yo creí que esas personas iban a golpear la cacerola un rato y después se iban a dormir", dijo Albor, quien contó que luego supo entender que ese día "se estaba gestando un golpe de Estado".

"Qué hubiera pasado si ese día la Plaza de Mayo se llenaba de gente que pedía la renuncia de la Presidenta", preguntó el abogado, quien asemejó la situación a los hechos del 20 de diciembre de 2001 que provocaron la caída del Gobierno de Fernando De la Rúa.

Para la defensa, D'Elía no estaba realizando un ejercicio de sus derechos "sino un deber", y allí hizo referencia al artículo 21 de la Constitución Nacional el cual prevé que todo ciudadano debe armarse en defensa de la Patria.

Además de pedir la absolución de D'Elía, Albor planteó la nulidad de todo lo actuado puesto que se le fue cambiando la acusación a lo largo de todo el expediente y por ello consideró que se violó su derecho de defensa en juicio.

Durante el juicio, integrantes de organizaciones sociales afines a D'Elía aguardaron en la puerta de los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950, en tanto que el núcleo más cercano a él lo hizo en la puerta del juzgado ubicado en el tercer piso, y a raíz que apenas había una decena de lugares para el público adentro del despacho de la jueza.

El hecho ocurrió el 26 de marzo de 2008, cuando recién se iniciaba el conflicto con el campo por la resolución 125, y en donde D'Elía lideró una manifestación para contrarrestar una marcha de productores agropecuarios.

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