La Cámara de Apelaciones en lo Criminal acaba de ratificar el procesamiento por «usurpación» de seis ex empleados de la textil Brukman, que ocuparon ilegalmente las instalaciones de esa empresa.
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El pronunciamiento judicial se produce a un año de que la Legislatura porteña aprobara la expropiación de la empresa textil y la traspasara a sus trabajadores, luego de declararla «de utilidad pública».
La ley sancionada a fines de octubre de 2003 declaró «sujeto de ocupación temporaria» al edificio de Jujuy 554 y la expropiación definitiva de las máquinas, marcas y patentes por un valor de hasta 150.000 pesos. La decisión implicaba que el Gobierno de la Ciudad debía pagar durante dos años un alquiler a los antiguos dueños, tal como está haciendo en otros casos de expropiaciones temporarias, y ceder las maquinarias en comodato a la cooperativa obrera.
Sin embargo, durante todo ese tiempo, el gobierno de Aníbal Ibarra no cumplió lo dispuesto por los legisladores y « reiteradamente ha contestado las intimaciones judiciales, alegando que aún está pendiente de reglamentación la ley de expropiación», comentó el abogado de la textil, Jaime Muszkat.
También dice que están pendientes de tasación los bienes y las máquinas expropiadas a la textil, y el inmueble y valor locativo por la ocupación temporal que debe hacer el Banco Ciudad.
El gobierno de Ibarra tampoco ha depositado ni abonado indemnizaciones, ni canon alguno, por lo cual «la expropiación aprobada por la Legislatura, además de resultar una confiscación ilegal, viola la Constitucional nacional», sostiene Muszkat.
La pasada semana, el caso Brukman volvió a luz al conocerse un fallo de la Cámara de Apelaciones que confirmó el procesamiento de Juan Carlos Righini y Pozzobon, Juan Heriberto Giménez Francou, Gladys Guerrero, Adolfina Pérez, Luis Walter Gareca Dolz y Matilde Adorno, por considerarlos « prima facie» coautores penalmente responsables del delito de usurpación.
• Embargo
De este modo, la Cámara le dio la razón al juez de instrucción Roberto Ponce, y dispuso trabar un embargo sobre los bienes de los ex empleados de 50 mil pesos cada uno.
El juez Ponce decidió procesar a los ocupantes, luego de considerar que la toma de Brukman no era un conflicto de origen laboral, sino un delito.
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