Confirman reforma para que se elijan todos los cargos

Los gobernadores y la Nación firmaron ayer una carta de intención para avanzar en modificaciones políticas que incluyen la confirmación de una reforma constitucional para que se elijan presidentes y gobernadores junto con la totalidad de las Legislaturas en todos los niveles. La cumbre en Olivos fue escenario, además, de otras pujas, más sordas, pero también más comprometidas, por los fondos presupuestarios. Los gobernadores condicionaron el voto del nuevo presupuesto por sus legisladores a que quede por escrito el acuerdo para pesificar sus deudas 1 a 1 (peso-dólar). También las provincias con promoción industrial lanzaron la batalla para mantener sus regímenes en el nuevo presupuesto, con tanta dureza, que la gobernadora de San Luis directamente faltó a la cita en gesto de protesta.

El peronismo y el gobierno confirmaron ayer que antes de las elecciones presidenciales de setiembre de 2003, ya convocadas, las autoridades gubernamentales se proponen reformar la Constitución nacional y que haya elecciones sólo cada cuatro años. Propiciando que también lo hagan las provincias en sus jurisdicciones. Así lo afirmaron el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, y el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota al ratificar el adelanto de este diario.

Más tarde los gobernadores del PJ se dirigieron al Ministerio de Economía para mantener una charla informal con Remes Lenicov con el objetivo de cambiar opiniones sobre temas de exigencias de dinero.

La decisión de los gobernadores había sido tomada por unanimidad, está contenida en el Acuerdo Federal para la Reforma del Sistema Político Argentino, firmado ayer en Olivos por el presidente designado y la casi totalidad de los gobernadores -estuvo ausente la sanluiseña Alicia Lemme-, por el que « los cargos electivos nacionales, provinciales y municipales se renovarán en su totalidad cada cuatro años». Es decir que, a partir de esa reforma constitucional, desaparecería la renovación bianual de los cuerpos colegiados en todos sus niveles. Un sistema que se adapta para amortiguar los hegemonismos.

El proyecto intenta una reducción del gasto político en no menos de $ 1.000 millones de dólares, que incluye eliminar ministerios nacionales como el de Educación y el de Salud. El punto 7 del documento suscripto ayer afirma que «el Poder Ejecutivo nacional se compromete a eliminar aquellas funciones cuya ejecución han sido transferidas a las provincias, garantizando el financiamiento adecuado».

Gabrielli admitió que el único problema que se plantea es la duración de los actuales mandatos de diputados y senadores nacionales, ya que deberían unificarse todos ellos en el año 2003. «No se habló específicamente de este tema», afirmó el ministro, descontando que será motivo de un acuerdo con los integrantes de ambas Cámaras para inducir a una reforma constitucional o una renuncia en masa de legisladores. En el caso de Diputados, se quiere una reducción en el número de 25 por ciento. Es decir que, de los 257 diputados actuales, descenderá a alrededor de 190. Para ello se proponen aumentar el número de habitantes por diputado lo cual será resuelto por el Congreso a través de una ley. Hoy ese número es de 160.000 habitantes por cada diputado y 5 diputados como piso mínimo para las provincias menos habitadas.

El cordobés De la Sota, que ha afirmado que la provincia por él gobernada ya ha hecho su ajuste en el gasto político, sostuvo ayer en Olivos que « hay que lograr la igualdad» al sostener que en esa materia « es necesario gastar menos y mejor». El gobernador cordobés se manifestó de acuerdo no sólo con bajar el número de diputados nacionales, sino también el de los senadores, bajándolos de los actuales 3 a 2 por provincia. Propició además que el PAMI se provincialice.

• Por unanimidad

La unanimidad de criterio lograda sobre el final soportó varios borradores de la reforma. De allí que de la redacción original que hablaba de concejales «ad honorem» (sin sueldos ni compensación monetaria de ninguna índole) para poblaciones inferiores a 5.000 habitantes, ayer el número fue elevado a 10.000 pobladores ante el reclamo de los gobernadores. La excusa, explicada por Gabrielli, es que « hay realidades provinciales que no pueden ser dejadas de lado». Lo cierto es que se busca alcanzar porcentajes de gasto de 2 por ciento del total del gasto municipal en los Concejos Deliberantes, cuando en la actualidad se llega hasta 10 por ciento e incluso hay algunos de estos cuerpos donde los ediles cobran hasta aguinaldo.

Además de eliminar los gastos reservados en todos los poderes del Estado, a excepción de los «asignados a Defensa y Seguridad ciudadana», otro motivo de discusión fue el achicamiento de los gastos en el Congreso, y las Legislaturas provinciales y municipales. Se establecieron para ellas menores porcentajes de acuerdo con los gastos actuales. El Congreso no puede gastar más que 0,80 por ciento del total del gasto de la Administración Pública Nacional. Tampoco podrá seguir otorgando subsidios, pensiones graciables y becas, por lo que este rubro será eliminado del presupuesto.

Será una ley del Congreso la que establezca modificaciones al sistema electoral nacional, estableciendo para futuros comicios «la apertura» de las listas (candidatos independientes) y « desbloqueo» (preferencias y/o circunscripciones) de las llamadas listas sábana. Las campañas electorales no podrán superar los 30 días, y la única publicidad televisiva y radial permitida será la que otorga en forma gratuita el Estado. «Queda prohibido todo otro gasto de publicidad de campaña en televisión y radio», reza lo acordado por peronistas, radicales y frepasistas. Habrá elecciones internas abiertas y simultáneas para todos los partidos políticos para la selección de candidatos a presidente, vice, senadores y diputados nacionales.

Parte de los corcoveos de los gobernadores, al serles requerida la adhesión a este documento, fue salvada redactándose que «las provincias reformarán sus legislaciones electorales, conforme a los límites y condiciones que plantee el marco institucional de cada provincia». Lo cual les deja un razonable margen para enfrentar sus propios frentes internos.