El kirchnerismo volvió a retrasar ayer la derogación parcial de la «Ley Cafiero» que permitiría dotar a la Ciudad de una Policía propia. Aunque en la reunión de labor parlamentaria, donde se fijaron los temas a tratar en el recinto, el Frente para la Victoria aceptó el pedido del PRO de Mauricio Macri de dar preferencia al proyecto de ley para avanzar en la creación de una Policía porteña autónoma, finalmente el oficialismo no aportó diputados y la sesión fracasó por falta de quórum.
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«Vamos a pedir que se mantenga el pedido de preferencia en la próxima sesión o que el tema se trate sobre tablas», se quejó ayer el diputado del PRO Pablo Tonelli. La Casa Rosada no había emitido hasta ayer ninguna orden política de avanzar con la autonomía porteña en la Cámara baja, más allá de las reuniones que el macrista Federico Pinedo mantuvo con Alberto Balestrini y con Alberto Fernández.
Macri había anunciado el 27 de junio pasado, apenas terminada su cumbre con el Presidente en la Casa Rosada, que Kirchner se había comprometido a que antes del 15 de agosto el Congreso derogaría parcialmente la «Ley Cafiero», que impide el traspaso de la Policía y la Justicia, entre otras atribuciones, a la Ciudad de Buenos Aires. Pero para que se cumpla el «dead line» fijado por el jefe de Estado restan apenas dos sesiones. Una en julio, antes de que comience el receso invernal de fin de mes, y una más en agosto.
La parálisis legislativa provocada por la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 28 de octubre afecta directamente el impulso de las negociaciones por la Policía porteña. Ayer no hubo sesión para evitar que la oposición convirtiera el recinto en un altavoz de las denuncias de corrupción contra Felisa Miceli y Romina Picolotti. Esa decisión enterró también el avancedel pedido de pronto despacho para tratar la creación de la Policía porteña, y ni siquiera están previstas reuniones de comisiones para emitir dictamen y discutir de dónde saldrán los casi 900 millones de pesos anuales que costará montar la nueva fuerza de seguridad. La férrea oposición de las provincias, que se niegan a que la Nación aporte esas sumas de los fondos coparticipables, vuelve casi una utopía la promesa presidencial de resolver en el Congreso el tema antes del 15 de agosto.
La estrategia del kirchnerismo consiste entonces en mirar desde un costado la pelea entre el macrismo, que invoca la Constitución nacional para reclamar que el traspaso de la seguridad a la Capital Federal se haga con sus correspondientes fondos, y las provincias. Ayer el diputado del PRO, Eugenio Burzaco, denunció que desde el macrismo «no se percibe buena voluntad» del gobierno para avanzar en el proceso de autonomía porteña. «No percibimos buena voluntad del gobierno para transferir la Policía, desde el momento en que ponen permanentes trabas a cualquier mecanismo que permita transferir recursos para financiar el traspaso», bramó el asesor de Macri en temas de seguridad.
Burzaco explicó, además, que «la Ciudad no puede asumir el costo de $ 900 millones» que implica administrar una fuerza como la Policía, y dijo confiar en que Kirchner «va a cumplir su palabra» empeñada ante el propio Mauricio Macri.
Tampoco el macrista Pinedo se mostró demasiado optimista sobre la predisposición del Presidente a impulsar el tema en el Parlamento: «En el gobierno nacional hay pesimismo sobre si el Congreso va a aprobar o no el traspaso de recursos para la Policía. Yo soy optimista». Hoy Pinedo se reunirá con la kirchnerista porteña Juliana Marino para intentar reactivar las negociaciones, aunque en el Frente para la Victoria todavía no se empezó a profundizar el tema.
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