El Senado, finalmente, convertirá en ley pasado mañana una de las normas clave del petitorio Blumberg: la acumulación de penas para los delitos cometidos por una misma persona. Asimismo, prometen debatir dos iniciativas que impiden la excarcelación de los funcionarios públicos que cometan ilícitos.
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El proyecto de acumulación de castigos, que establece la modificación del artículo 55 del Código Penal para sumar las penas de los delitos (hasta un tope de 50 años), es impulsado por el bloque peronista, y su tratamiento fue acordado en la última sesión. El radicalismo y los autodenominados «transversales» no facilitaron sus votos para habilitar el debate sobre este proyecto y consiguieron postergarlo por una semana.
Previamente, en una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, prevista para mañana a la tarde, se emitirá el dictamen que respetaría la redacción enviada por la Cámara de Diputados. Es decir que se tomará como mínimo de la pena a aplicar por el juez la suma de las penas mínimas que corresponden a los delitos imputados y como máximo la misma operación, aunque con un límite de 50 años como techo. Con esta sanción, el Congreso completará la aprobación de proyectos propios referidos al tema seguridad y esperará el ingreso de las iniciativas que el Poder Ejecutivo envíe en el marco del resistido plan integral de seguridad, que anunció Gustavo Béliz, y que incluye la disminución de la edad de imputabilidad a 14 años como punto más resistido.
La comisión que encabeza Jorge Agúndez (UCR-San Luis) tratará de sacar dictamen sobre dos proyectos que introducen modificaciones al Código Penal para evitar la excarcelación de funcionarios públicos que cometan delitos. Respecto de estas iniciativas, redactadas por los radicales Luis Falcó y Juan Carlos Marino, el mayoritario bloque peronista anticipó que los acompañará, aunque respetará los plazos reglamentarios. Por esto, mañana se firmarían los dictámenes y recién dentro de 10 días el tema se aprobaría en el recinto.
Los proyectos fijan una pena mínima de cuatro años e inhabilitación absoluta perpetua para el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración le haya sido confiada por la razón de su cargo o para el que empleare, en provecho propio o de un tercero, servicios o trabajos pagados por una administración pública.
• Aumento
También establecen una pena mínima de cuatro años para quien no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta. Además, el proyecto de Marino aumenta también a cuatro años las penas mínimas contempladas en otros cuatro artículos del Código Penal que se refieren a las dádivas.
Actualmente, los delitos cometidos por funcionarios públicos tienen una pena mínima de dos años, por lo que cuenta con el beneficio de la excarcelación, previsto para aquellos condenados cuya pena no supere los tres años.
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