Si la declaración de inconstitucionalidad de la integración del Consejo de la Magistratura tenía por objetivo resolver un desequilibrio en la representación a favor del estamento político para el órgano de selección y remoción de jueces, la primera consecuencia tras el regreso al formato de 20 miembros fue la opuesta: se hiper partidizó. Cuando se resuelva quiénes lo conformarán –aunque sea transitoriamente- ofrecerá el primer desafío a su presidente Horacio Rosatti, que buscaba trasladar un modelo colegiado a la toma de decisiones. Por lo pronto, le aparece un Consejo partido al medio en casi idénticas proporciones y con dos bloques con incapacidad de hegemonía pero con posibilidad de bloqueo y neutralización mutua para elección de ternas y sanciones. De no limar asperezas, es garantía de parálisis.
Efecto rebote: Consejo hiperpartidizado
Horacio Rosatti asumió al frente de un organismo partido al medio en dos bloques. Se anticipa un escenario de disputa para la elección de ternas y sanciones en el que ninguna de las partes podrá imponer condiciones.
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La jugada de Cristina de Kirchner para salir de la encerrona que suponía nombrar a un opositor como Luis Juez o incumplir un fallo de la Corte desató uno de los movimientos más creativos de un Frente de Todos sumido en la abulia. Haber partido su bloque para obtener la segunda minoría por Unidad Ciudadana no es garantía de éxito pero le aportó un poco de vuelo al comentarismo permanente. La posibilidad de hacer esa picardía era uno de los riesgos a los que se exponía la reinstauración de la ley de 2006 que previa que una división en “bloques” y no en “interbloques” como Cambiemos inauguró en 2015 y luego el peronismo utilizó –como en el Aikido- a su favor en 2018, dejando al radical Mario Negri a la intemperie por haber juntado más cantidad de firmas para su propuesta, en un acuerdo político. Ese precedente se soslayó en el pataleo de todos los referentes de Juntos por el Cambio que demostró impotencia y debilidad apenas el kirchnerismo exteriorizó el proceso inverso de atomización para dividirse en mayoría y en segunda minoría al mismo tiempo.
Al final, el “golpe blando” con el que el oficialismo se tiró de los pelos luego de que Rosatti asumiera la presidencia del Consejo y ejecutara la sentencia que estaba prevista desde el 16 de diciembre de 2021, además de blando tuvo corta duración. En poco más de 24 horas hubo una respuesta netamente política a la disyuntiva, que abre otro escenario. Pero a su vez, en la práctica, el movimiento de Cristina esconde otro misterio: para las cuestiones que se definan con la mayoría simple de los consejeros, esa paridad lo termina empoderando aún más a Rosatti, con doble voto para desempatar desde la presidencia. Es que no solo el estamento de la política quedó inmiscuido en una pulseada, sino que toda la campaña para el resto de los estamentos quedó atravesada por identificación partidaria directa –tal es el caso de abogados- como de posibilidades que el kirchnerismo y Juntos pudieran ficharlos para sus bloques.
La demora entre el anuncio de partición del bloque y la efectiva nominación del camporista Martín Doñate atravesó el horario judicial para evitar que el berrinche opositor terminara, como siempre, en Tribunales. El precedente fue el de la jueza subrogante de Santa Rosa, Iara Silvestre y el de Fernando Poviña que suspendieron la jura, en diciembre de 2015 de Pablo Tonelli, luego de la picardía del PRO de sumar voluntades en el formato de interbloques y arrebatarle un lugar al kirchnerismo en el Consejo. En aquel momento, se debió postergar la jura. Ahora, el papeleo de verificación que requería la Corte para incluirlos en el paquete de juras que hubo ayer a las 20, no se terminó de cumplimentar por parte de presidencia del Consejo. Había varios trámites pendientes más allá del “recibido”.
La Acordada 5/22 firmada por la Corte ayer, una hora antes del acto, ofrece dos pistas para analizar con detenimiento: la primera es que ratifica que la integración transitoria del Consejo en el formato de 20 obedece al período 2018-2022. Según esa interpretación, el oficialismo podría argumentar que esa segunda minoría en el Senado correspondía al lugar que ocupaba Unidad Ciudadana, por entonces. El segundo es que debía tomarle juramento a la académica Pamela Tolosa “sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en el marco de la causa CAF 13698/2022 “Asociación Civil Profesores Universitarios de Buenos Aires para la Cooperación c/ EN –Consejo Interuniversitario s/medida cautelar”. Se trata de una demanda por el modo de elección del CIN para definir la plaza para un académico. Es decir, que puede coexistir una impugnación judicial pero si están dados los requisitos mínimos, la Corte puede avanzar en tomarles juramento para que integren el órgano.
Tampoco debería leerse con linealidad la diferenciación de Sergio Massa que, minutos antes de que se oficializara a Doñate, desde Diputados, complació a la UCR con la plaza por la segunda minoría que reclamó, con Roxana Reyes como beneficiaria. Lejos fue una maniobra descoordinada de la táctica de la expresidenta. El jefe de bloque del FdT Germán Martínez se apuró a decir que no estaba de acuerdo, que la impugnaría y que no descartaba acudir a la justicia para revertirlo. ¿Confundir al adversario? Quizás. Lo cierto es que todos esos movimientos irán a funcionar en espejo con la previsible hoja de ruta de Juntos por el Cambio para combatir a Doñate. En el expediente Tonelli existe un precedente judicial donde el juez Enrique Lavié Pico del estratégico fuero Contencioso firmó que “debe concluirse que el Poder Judicial no puede arrogarse funciones reservadas a la Constitución Nacional a otros poderes del Estado, como es en el caso la elección de uno de los representantes de la HCDN para desempeñarse en el Consejo de la Magistratura”. Hablaba de la modalidad de contabilizar los bloques.
Pero lo cierto es que los dos fueron enviados a la vez, como un tándem del Congreso. Reyes, impugnada por los K; Doñate por los PRO. Los radicales se dan por cumplidos con el gesto de Massa y van a querer que no se trabe su diputada en el camino de las objeciones. La igualdad de condiciones de ambos los convierten casi en la misma unidad para la contabilidad que necesita el Consejo para dar por cumplida su integración de acuerdo al formato de 20 miembros. Ese escenario sobre el que se abre a un nuevo capítulo y múltiples especulaciones.
Para clarificar cómo quedaría el Consejo de la Magistratura, al menos hasta noviembre, vale agrupar las escuderías. El representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, el senador Mariano Recalde y su par María Inés Pillatti, la diputada Vanesa Siley y el juez de la lista Celeste Alberto Lugones son el bloque más sólido del oficialismo. A ese grupo se sumaría Doñate. A esos 6 se le pueden contabilizar como aliados eventuales la peronista Graciela Camaño, los académicos Diego Molea, Pamela Tolosa y la recién llegada abogada María Fernanda Vázquez. Interesante el rol que le quedará al “moleísmo” como sub-bloque que supo plantear creatividad ante la adversidad, mientras el kirchnerismo aparecía desorientado en todo este proceso. Si se suman esas voluntades alcanzarían el número de 10.
De la vereda opuesta, aparecen la senadora radical Silvia Giacoppo (con terminal en Gerardo Morales), el diputado del PRO Pablo Tonelli, los abogados Diego Marías (larretismo), Carlos Matterson y la recién llegada, la exAFIP Jimena de laTorre. A ellos se les agregan los jueces Ricardo Recondo, Juan Manuel Culotta y la magistrada Agustina Díaz Cordero. A ese grupo habría que ficharla a Reyes. Si votan juntos son 9. El voto de Rosatti además de doble, vale oro.
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