Martín Soria, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, consideró este martes como "extorsivo" el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura, durante su exposición en plenario de comisiones del Senado nacional que debatió esas modificaciones.
Martín Soria habló de "extorsión" de la Corte en debate sobre Consejo de la Magistratura en el Senado
"El fallo de Corte pone en jaque la división de poderes. Es un acto político extorsivo", remarcó el ministro. Pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles a las 10 de la mañana. El oficialismo apura un dictamen con el fin de llevarlo al recinto la semana próxima.
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El ministro Martín Soria expuso en el plenario
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado, que comanda el legislador kirchnerista Guillermo Snopek, comenzó a discutir el proyecto enviado por el oficialismo a la Cámara alta y pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 10.
Soria, una de las voces más esperadas en la previa, comenzó su alocusión con duras críticas al fallo del máximo tribunal y lo calificó como "extorsivo".
"Este Congreso de la Nación debería rechazar de plano esta intromisión de la Corte Suprema en facultades que le están absolutamente vedadas, como es la de legislar", propuso el funcionario.
Al mismo tiempo, advirtió: "Hoy el Congreso está obligado a legislar bajo presión, el fallo de la Corte Suprema del 16 de diciembre pasado es una extorsión sin precedentes en la historia democrática".
"No tenemos que ser ingenuos. Hay sectores que quieren llevar el debate a lo que evidentemente fue el objetivo real de Corte al declarar la inconstitucionalidad de la ley de 2006: meterse en el Consejo de la Magistratura por la ventana", subrayó.
Al respecto, anunció que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo "tiene el objetivo de dar un mejor funcionamiento al Consejo de la Magistratura" para que "funcione de manera más armoniosa para cubrir a tiempo las vacantes en el Poder Judicial".
"Lo que queremos es tener un Consejo que sirva para responder las necesidades de los ciudadanos que nos reclaman más y mejor justicia", fijó el ministro.
El análisis de este delicado tema se da luego de la contundente derrota del camporismo en la reciente discusión sobre el FMI. De allí el apuro de Cristina de Kirchner para demostrar que sigue en pleno manejo del Senado.
Si el Frente de Todos firma un dictamen de mayoría este miércoles para llevarlo al recinto antes de abril, le dejará una pesada mochila a Diputados, que ni siquiera tiene las comisiones relacionadas con este asunto integradas.
Si no se llega a un acuerdo en el Congreso, los actos judiciales desde el 16-4 podrían quedar paralizados. Desde el lado técnico de la discusión la traba principal es que el cristinismo rechaza la posibilidad de una titularidad del Consejo de la Magistratura a cargo del algún integrante de la Corte Suprema. Juntos por el Cambio presentó en las últimas horas un texto unificado en dicho sentido y contrario a los deseos del Frente de Todos, con un total de 20 integrantes.
El fallo del máximo tribunal de Justicia empujó al Ejecutivo, que cumplió con el pedido cristinista y envió un proyecto que separa a la Corte del Consejo. La iniciativa propone elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo, con el objetivo de mejorar y agilizar los procedimientos de selección de magistrados.
Por otra parte, el texto suma dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta el Consejo, e incorpora la perspectiva de género para cumplir con convenciones locales e internacionales.
De este modo, el organismo quedará integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (hasta ahora eran dos) y se tendrá que garantizar la representación de todas sus instancias y la presencia de magistrados con competencia federal del interior del país, de los cuales al menos dos deberán ser mujeres.
Habrá además seis representantes del Poder Legislativo, tres diputados y tres senadores (dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría). Tres de estos, al menos, deberán ser mujeres.
El estamento de los abogados estará representado por cuatro representantes (hasta el momento, tres) elegidos por el voto directo, según el sistema D’Hondt, de los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las cámaras federales con asiento en las provincias. De ellos, mínimo dos del género femenino.
También integrará el organismo un representante del Ejecutivo, y dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo). Uno de ellos, al menos, será mujer.
Durante la pandemia, el Frente de Todos empujó las polémicas reformas judicial y del Ministerio Público Fiscal y, como era de esperar, colapsaron en Diputados. En el Senado hay mayor margen para el cristinismo por las ayudas de los casi siempre aliados Alberto Weretilneck (Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones). Con ellos dos, el oficialismo llega a 37 voluntades, es decir, el quorum y la mayoría absoluta de la Cámara alta.
Juntos por el Cambio estará representado esta tarde por Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires-PRO), entre otras legisladoras. El espacio le recordará a Weretilneck que él mismo tiene presentado un proyecto con la Corte presente en el Consejo de la Magistratura, aunque sabe que el Frente de Todos puede ir en busca de Clara Vega, quien ayudó al cristinismo a fines del año pasado para subir las alícuotas de Bienes Personales.
Advertencia
Desde Diputados, el titular de Evolución Radical, Rodrigo de Loredo (Córdoba), señaló que la discusión pone en juego tres aspectos centrales: “la designación del 25% de los casi 1.000 jueces federales, es decir, un total de 239 vacantes, y seleccionarlos imparcialmente, sin idoneidad técnica o al calor de la política, va a colonizar la justicia y producir un daño institucional irreparable que se proyectará por los próximos 30 años”; la “agenda de impunidad del gobierno, ya que el Consejo debe elegir, entre otras cosas, una de las Cámaras de Casación Penal, que es clave en los procesos de corrupción”, y “tercero, cómo se prepara el Poder Judicial para su mayor desafío institucional, que es el avance del narcotráfico”.
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