Cambios en coparticipación porteña: ¿debe intervenir el Congreso?

Política

Desde la oposición tildaron el decreto 735/20 de Alberto Fernández de inconstitucional y anunciaron que lo llevarán a la Justicia. 

El anuncio del presidente Alberto Fernández de crear un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal a partir de la modificación del porcentaje de los fondos coparticipables que recibe la Ciudad de Buenos Aires despertó las críticas de la oposición que salió a tildarlo de inconstitucional y anunció que lo llevarán a la Justicia.

"El fondo que se crea se constituirá con los recursos que se incorporen al Tesoro Nacional a partir de la adecuación de la participación que le corresponde a la ciudad autónoma de Buenos Aires por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, en el marco de lo previsto por el artículo 1º del presente", dice el artículo 4 del decreto.

A priori, el decreto 735/20 no debe pasar por el Congreso Nacional ya que se trata de un decreto simple y no de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que debe ser ratificado por una de las dos cámaras, tras su paso por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Las disposiciones fijadas por el artículo 8 de Ley N° 23.548 de Coparticipación “en las que se dispuso que el Estado Nacional entregaría, de la parte que le corresponde según lo normado en dicha ley, a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires una participación compatible con los niveles históricos” fueron modificadas en reiteradas oportunidades por diversos decretos en 2002, 2003 y 2016. Cada decreto presidencial anuló el anterior.

Como explicó anoche durante su discurso el presidente Alberto Fernández, la Ciudad de Buenos Aires no está incluida en la ley de Coparticipación porque al momento de su sanción era un distrito federal al igual que Tierra del Fuego. Al ser la ley de Coparticipación anterior a la autonomía porteña dispuesta por la Constitución de 1994, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de establecer los porcentajes coparticipables de la Ciudad.

De hecho, el expresidente Mauricio Macri lo hizo en 2016, a través del decreto 399/16 cuando aumentó los recursos que recibía la Ciudad de Buenos Aires del 1,4% al 3,75% ante los gastos extra que iba a significar el traspaso de la policía federal a la Ciudad. Finalmente, en 2018, por el Consenso fiscal firmado por las provincias, ese porcentaje se redujo al 3,5%.

El decreto 735/20 de Alberto Fernández no hace más que modificar el decreto anterior del presidente Mauricio Macri. "Advertimos que la Ciudad recibió 2,1% de la coparticipación por el traspaso de la Policía Federal. Pero lo que correspondía era traspasar un punto. Había un 1% de excedente. Este tema lo hablé muchas veces con Rodríguez Larreta. Tengo la tranquilidad de que nadie puede mostrarse sorprendido", sostuvo ayer Fernández.

El nuevo decreto 735/20 también indica que hasta que el Congreso Nacional dicte una ley sobre la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el porcentaje de coparticipación se fijará en 2,32%. Luego, volverá al 1,4%.

Para el diputado de la UCR, Gustavo Menna, el decreto nacional 735 es “inconstitucional” ya que modifica la distribución de la coparticipación. “La distribución de la masa coparticipable debe ser fruto de un acuerdo entre las provincias y la Nación, aprobada por Ley Nacional y de cada Legislatura”, indicó.

“Es una decisión inconstitucional que además expone a las provincias a perder sus recursos por decreto. Evidencia una visión centralista. Si el punto adicional de CABA fuese incorrecto, esos recursos son de todas las provincias. ¿Por qué se le dan solo a PBA?”, agregó.

En tanto, para el exsenador, Federico Pinedo, "el Presidente no tiene facultades para sacarle registro a una Provincia y dárselo a otros". En este sentido, defendió el decreto de Mauricio Macri y expresó que "tuvo facultad porque había una ley que decía que lo tenía que hacer y una Constitución", en referencia al traspaso de la policía.

También agregó: “No se puede quitar coparticipación a una provincia o a la Ciudad sin su acuerdo, conforme a la Constitución y fallos de la Corte. Viene una dura negociación política”.

Por su parte, el diputado radical, Alejandro Cacace, explicó que “la Ley de Coparticipación es de 1988, anterior a la reforma constitucional que consagró la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires” y al entender que puede ser modificada por decreto, estableció: “Necesitamos una nueva ley convenio que la reconozca como parte en la distribución y cumpla con los objetivos de la Constitución. No más decretos”.

Desde la oposición, ya anunciaron que llevarán el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia, que es quien debe dirimir conflictos entre la Nación y las provincias.

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