Fuerte es el rechazo en las provincias para la serie de vetos presidenciales a artículos del Presupuesto nacional que -denuncian-les reportan una significativa pérdida de fondos. En algunos casos ya estudian recurrir a la Corte. La suspensión del pago del incentivo docente amenaza con complicar al ciclo lectivo; también habría un parate para las obras viales, ya que los fondos impositivos del sector no serán destinados a la licitación de obras; los forestales ven complicado el pago del subsidio a la plantación; los tabacaleros no pueden cobrar el Fondo del Tabaco; algodoneros ven suspendido su Fondo Algodonero, y las provincias administradoras de Salto Grande no saben ahora si Nación les pagará su deuda.
Los vetos dispuestos por el presidente Eduardo Duhalde a 16 artículos del Presupuesto 2002 generaron fuerte malestar en las provincias por el freno que significan para el envío de fondos que originalmente les correspondían en la ley presupuestaria. Se trata puntualmente de los artículos que tratan sobre obras viales en todo el país, la creación de un fondo algodonero y las deudas que Nación mantiene en concepto del incentivo docente, la central hidroeléctrica Salto Grande, el Fondo Especial del Tabaco y el Fondo Nacional del Régimen de Promoción Forestal.
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Un caso para seguir de cerca es el de Salto Grande, ya que las tres provincias que comparten la explotación de la represa situada sobre el río Uruguay están planeando recurrir a la Suprema Corte de Justicia para reclamar la entrega de los fondos que rondarían los $ 65 millones según fuentes provinciales. El fundamento es el siguiente: «Los fondos sólo debían pasar por Tesorería de la Nación, para luego transferirlos a las provincias, caso contrario se trata de una retención indebida», explicó el legislador justicialista correntino, Fabián Ríos.
La Legislatura de Corrientes ya se decidió por la vía judicial para exigir la entrega de $ 16 millones que le pertenecen por la provincia por excedente del aprovechamiento hidroeléctrico a través de la venta de energía. Además, el reclamo judicial será impulsado hoy cuando los tres distritos que manejan la represa se reúnan en Paraná, Entre Ríos, para participar de los cónclaves de la Federación Económica del Nordeste y de legisladores del Crecenea.
En el caso del Fondo Forestal, el veto impacta principalmente en la provincia de Misiones, donde ya están lamentando el no pago del subsidio de $ 500 por hectárea plantada que rige desde 1998 a nivel nacional, ya que a través de esta promoción se habían llegado a plantar 400 mil hectáreas -50% se encuentra en territorio misionero-y en 2002 se esperaba agregar otras 130 mil. La deuda en este caso asciende a alrededor de $ 30 millones, los cuales ahora quedan excluidos del presupuesto.
Durante su reciente visita a la ciudad de Posadas, Duhalde había prometido mantener este subsidio, por lo cual en la provincia sueñan con que el Presidente cumpla su palabra y aporte los fondos de alguna manera. Tan sólo en Misiones este subsidio beneficia a 10 mil minifundistas.
En tanto, los tabacaleros de Salta y Jujuy ya rechazaron ayer airadamente el veto al FET y anunciaron que la vía judicial será su recurso de defensa para percibir los cerca de $ 65 millones que les debe la Nación y que ahora están siendo excluidos del presupuesto. El FET se obtiene sobre la base de un impuesto de 7% en la venta de paquetes de cigarrillos y la lucha constante entre los productores de las siete provincias tabacaleras y el gobierno nacional es por la apropiación que éste hace de los fondos recaudados, que se aproximan a los $ 200 millones anuales. En lo que respecta al freno para el pago del segundo semestre de 2001 del incentivo docente (en total suman $ 330 millones), la medida es un golpe más para la continuidad del ciclo lectivo 2002.
Además, habrá también consecuencias por el veto al artículo 111, que disponía el uso para licitar y contratar obras viales con los fondos recaudados por impuestos a la infraestructura vial.
Por último, el Presidente también frenó el Fondo Algodonero, que contenía créditos para el sector por $ 40 millones (un porcentaje ya fue ejecutado) en las provincias de Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Salta y Córdoba.
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