Cromañón, otro Aníbal en apuros

Aníbal Fernández

Daría la impresión de que Eduardo Duhalde dio la orden. Sólo así se explica semejante unanimidad entre sus representantes en la Cámara de Diputados. El duhaldismo de la Comisión de Seguridad se ha propuesto hacer comparecer a Aníbal Fernández, el ministro del Interior, para que explique la responsabilidad de su área en la tragedia de Cromañón.

Ya hay un pedido para que se cumpla ese designio. Lo firmaron el ex cavallista Guillermo Cantini, un macrista independiente como Jorge Vanossi (ex colega de Fernández en el gabinete duhaldista), Claudio Lozano (CTA), Silvana Giudici ( radical filo-ibarrista), el socialista Héctor Polino, María América González (ARI) y Lucrecia Monti, peronista ligada al FUP, la vertiente del duhaldismo porteño.

Los argumentos por los cuales se pretende que el ministro concurra a Diputados son numerosos.

Tanto los diputados que convocan a Aníbal Fernández como los que pretenden cocinarlo a fuego lento en la comisión, todos contertulios cotidianos de Duhalde, los enumeran de memoria. Un repaso de estos argumentos:

• La Policía era la noche de Cromañón la responsable directa, según el Código Contravencional vigente el 30 de diciembre, de las violaciones que se hicieran a las normas que prohíben el ingreso de pirotecnia a espectáculos o el exceso de gente en esos locales. Sin embargo, nunca se hizo una actuación por las infracciones a esas reglamentaciones.

• El juez Julio Lucini no sólo habla de la existencia de una «zona liberada» en el lugar, aquella noche. También dice tener probado que el comisario Rubén Díaz, de la seccional 7ª, recibiría en mano dinero del empresario Omar Chabán para «proteger» al local de eventuales sanciones. Según los testimonios registrados en la causa, Díaz recibía $ 100 adicionales por cada 500 personas de más por función.

• Aníbal Fernández debió remover a jefes de Bomberos de la Federal cuando se demostró, en una causa derivada de la que se sigue por la tragedia, que las empresas Bausis e Ipex, que realizaban las obras necesarias para que los boliches tuvieran habilitación del cuerpo de bomberos, pertenecían a familiares de policías, inclusive de ese jefe despedido. El subcomisario a cargo de la División de Seguridad de Bomberos, Alberto Corbellini fue desplazado por Aníbal Fernández, igual que un oficial principal, Marcelo Nodar, que tenía a su mujer en el directorio de una de esas empresas.

• Primera línea

Los duhaldistas que esperan a este Fernández son de primera línea: Oscar Rodríguez, Jorge Casanovas, Cristian Rittondo y Carlos Ruckauf (a quien el ministro veneraba cuando lo tenía como jefe en la gobernación). Ellos quieren preguntar por otras notas salientes de la causa. Por ejemplo, por qué razón los abogados de las familias de las víctimas nunca pusieron empeño por desentrañar estas responsabilidades. Al menos nunca tuvieron el mismo énfasis que se evidenció en la indagación de los funcionarios municipales dependientes del otro Aníbal, Ibarra, el jefe de Gobierno.

Aquí se abre espacio la pregunta principal: ¿existe alguna vinculación entre ese desdén y el subsidio de 1.000 pesos por mes por familia afectada que Aníbal Fernández decidió pagar a los abogados querellantes? Esta decisión complica al ministro más de lo previsto. ¿Por qué el Estado, que cuenta con un cuerpo de fiscales para investigar, invierte en estudios privados en vez de fortalecer la capacidad de pesquisa de su propio personal? ¿Por qué el subsidio no se les da a las familias directamente? ¿Existe alguna posibilidad de manipulación de la causa a través de estas opacidades de dinero? El Decreto N° 525 por el que el ministro del Interior fijó este extraño subsidio a los abogados -reglamentado por una resolución más tarde derogada- establece cuotas que no tienen término en el tiempo ni suponen límites en los montos.

Los diputados duhaldistas preguntarán por este controvertido sistema adoptado por Fernández, a la luz de que la de Cromañón, además de la dimensión dramática que ostenta, es una causa donde se disputan poderosos intereses económicos. ¿A qué funcionarios se condenará económicamente y a cuáles no, por ejemplo? Cada reclamo supone cifras que podrían llegar a 400.000 pesos, de los cuales los estudios de abogados pueden reclamar hasta 30%, como ya se estableció en algunos acuerdos.

Las declaraciones de ayer de Aníbal Fernández en contra de Chiche Duhalde no hicieron más que encender la mecha de estas indagaciones.