Cristina de Kirchner no deseaser interpelada sobre el conflicto entre Venezuela y Colombia en su inminente visita a las tierras de Hugo Chávez. Pero el que calla otorga. Especialmente cuando esa discreción fue precedida por un comunicado de la Cancillería que declaró al gobierno argentino consternado y preocupado «ante una evidente violación de la soberanía territorial» de Ecuador. Es decir, alineado con el presidente venezolano en su cruzada verbal -ahora bélica- contra Colombia.
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¿Qué hay de la tolerancia -confirmada por la presencia de un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano- de ciertos países hacia una guerrilla que desafía la soberanía y la integridad territorial colombianas?
En todo caso, el difícil contexto regional y los riesgos que entraña la escalada protagonizada por el principal aliado de los Kirchner en la región vuelven injustificable eludir una definición por parte de un gobierno que no dudó antes en sumarse al coro que le exigía al gobierno colombiano ceder al chantaje de la guerrilla.
La gravedad de la situación requeriría además, como mínimo, dejar de lado el secretismo y el apresuramiento que suele signar las decisiones oficiales. En su discurso ante el Congreso, el sábado pasado, la Presidente pronunció 34 veces la palabra «acuerdo», aunque preside un gobierno reticente al diálogo y en el cual el círculo de la toma de decisiones se limita a un matrimonio y a dos o tres colaboradores. En su breve interludio opositor, Roberto Lavagna solía decir: «El sentido común indica que de una provincia de 200.000 habitantes es difícil que salga toda la materia gris que necesita la Argentina». Resultó auspicioso por lo tanto escuchar también a Cristina de Kirchner lamentar que en nuestro país, «lo académico y lo económico» hayan estado siempre desconectados, «como si fuera pecado vincular el ejercicio intelectual con la economía».
Este aserto vale para todos los aspectos de una gestión de gobierno. Y en particular en política exterior, donde se vienen acumulando los traspiés: del cuento chino de soñadas inversiones millonarias a la improvisada participación en una abortada misión humanitaria a la selva colombiana.
Irónicamente, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) acaba de ser distinguido como uno de los mejores «think tanks» de la región por la Universidad de Filadelfia en un estudio en el que afirma que la Argentina tiene las mejores usinas de ideas de América latina y es 8ª en el mundo por la calidad de sus centros de estudios. Algo falla, entonces. Y no es el talento individualmente considerado, sino un sistema que no logra generar vasos comunicantes entre la inteligencia y el Estado para poner el conocimiento acumulado por la sociedad al servicio de la gestión de gobierno. Es notable el contraste entre el reconocimiento a la inteligencia de los argentinos en el mundo, por un lado, y la escasa reflexión en las esferas del poder para la formulación de políticas de Estado, por el otro. Quizá la clave resida en la tesis del ensayista italiano Pino Aprile, quien afirmaba que «el poder le tiene miedo a la inteligencia porque la inteligencia está habituada a discutir y el poder no quiere discutir, quiere mandar; siempre ve la discusión como una agresión».
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