17 de septiembre 2001 - 00:00

Definen estrategias para Fuerzas Armadas

«Todavía no se sabe bien qué va a pasar, de manera que no hemos tomado ninguna medida fuera de las normales.» Así se expresó ayer por la tarde, ante las consecuencias que pueda traer para la Argentina el atentado en EE.UU., el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena. Tampoco ha sido prevista la convocatoria de reservistas. Admitió, no obstante, que formaba parte del conjunto de ideas que se manejan la fusión de la Prefectura Naval con la Armada y el eventual despliegue en las fronteras del Ejército, liberando a las fuerzas de Gendarmería que quedarían así afectadas a la seguridad interior. Negó que la comisión de altos mandos encargada de analizar la reestructuración de las Fuerzas Armadas -que debe producir dictamen en noviembre próximo- le haya planteado la necesidad de «la unidad de mando y de inteligencia», en una reforma aún nonata de las FF.AA. que involucraría al Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeronáutica, dejando a la Policía Federal dependiendo del Ministerio del Interior, y a las policías provinciales, del Comité de Seguridad Interior.

La fusión de la Prefectura con la Armada -que incluye la posibilidad de que un prefecto general ocupe la subjefatura de la nueva fuerza-, planteada como una forma de racionalizar el gasto en defensa y seguridad -se gastan $ 8.000 millones por año para una defensa y seguridad deficientes-, alcanza otra dimensión después del atentado terrorista en EE.UU. Lo mismo que la redefinición de las misiones del Ejército en la frontera, reemplazando a la Gendarmería.

Además de las misiones de apoyo que pueda prestar la Fuerza Aérea en el control del espacio aéreo, con un deficitario sistema de radares. El plan nacional de radarización, otra de las deudas del poder político, para el control de la frontera norte con radares militares de 3 dimensiones. Y el análisis, que se hizo durante la gestión de Ricardo López Murphy en Defensa, de una ley que autorice el derribo de los vuelos ilegales -en Perú existe esta posibilidad-, a la que se opone EE.UU. por el riesgo que podían correr sus propios aviones.

Tanto en el gobierno como en la oposición, en Defensa como en el Congreso, se ha comenzado a hablar de la necesidad de redefinir la legislación vigente, en particular las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, que fueron aprobadas durante la gestión de Raúl Alfonsín. A esto se referían los mandos de las FF.AA. al hablar de «unidad de mandos y de inteligencia». Está claro que, después de los atentados en EE.UU., la prioridad en el mundo será la seguridad, en lo que se estima será un largo enfrentamiento con las nuevas formas de terrorismo. Y si éste puede llegar a materializarse en «vuelos suicidas», no sólo la vulnerabilidad de los alrededor de 8.000 kilómetros de frontera es evidente, sino también el despliegue de los medios.

El ministro de Defensa admitió ayer que en la conflictiva zona de la Triple Frontera -donde existe una activa comunidad árabe-islámica-, donde se viene investigando y monitoreando desde los atentados a la Embajada de Israel y de la AMIA, «no tienen nada que ver las Fuerzas Armadas; allí actúan sólo las de seguridad». Sin embargo, no favorece la acción preventiva el hecho de que tengan jurisdicción simultánea, y no coordinada, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, policías provinciales, Aduana y Migraciones, muchas veces con intereses y objetivos superpuestos.

• Reformas

Por ello se le otorga importancia a la visita que hará al Senado el miércoles Jaunarena. Invitado por las comisiones de Defensa y de Seguridad Interior del Senado, quizá participe de ellas Ramón Mestre, como ministro del Interior. Tanto radicales como peronistas saben de las ideas de Jaunarena de reformar esas normas legislativas, aunque, como apuntó ayer Miguel Angel Toma, titular de la comisión de Defensa de Diputados, «hasta ahora no se ha presentado ningún papel escrito».

En la reforma de la legislación no estará ausente la ley de inteligencia que, según
Toma, «ya está consensuada». Un grupo de legisladores integrado por Toma, Beatriz Raijer, Fernando Montoya y Carlos Corach, junto al actual jefe de la SIDE, Carlos Becerra, se ocupó de conciliar los 5 proyectos que andaban dando vueltas en el Congreso, fundiéndolos en uno solo. El proyecto «contiene todas las iniciativas presentadas y ayudará a ordenar esa actividad, vital para los intereses del país», señaló el diputado peronista.

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