Una nueva complicación judicial amenaza a unos de los principales colaboradores del presidente Fernando de la Rúa. Y no proviene la acusación de fuentes opositores sino de la propia Sindicatura de la Nación. Rafael Bielsa, luego de varios informes previos, presentó una denuncia contra Darío Lopérfido por la responsabilidad administrativa de «Canal 7», ya que esta emisora --una sociedad anónima cuya cabeza es la Secretaría de Cultura que preside el funcionariono realizó en los últimos meses los correspondientes aportes previsionales.
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Este incumplimiento, con el cual la AFIP es tan celosa con las empresas privadas, desata para Lopérfido -a menos que disponga de una explicación sustanciosa para justificarlo una hilera de imputaciones como funcionario, de difícil travesía en la Justicia. Conviene señalar que, a pesar de que «ATC» o «Canal 7» tuvo en el pasado denuncias de todo tipo sobre interventores y otros responsables (Gerardo Sofovich, Horacio Frega, inclusive procesaron a otros menos connotados), nunca se habían registrado episodios como éste del no pago de las obligaciones previsionales.
Claro que para alguna fran-ja del gobierno esta nueva denuncia de Bielsa se inscribe en un pleito que ese instituto, la Sindicatura, mantiene con algunos funcionarios del gobierno.
Como se recordará, Bielsa acusó a Fernando de Santiba-ñes en su momento por el manejo de fondos de la SIDE --episodio que contribuyó al alejamiento del ex jefe de los espías-, quien dentro de la administración integraba un grupo al cual también adhería Lopérfido.
Quienes así piensan alegan que se trata de la continuidad de esta reyerta interna, mien-tras del lado de Bielsa -un allegado al Frepaso, más exactamente a Carlos Chacho Alva-rez-se remiten a mostrar la documentación que revela el no pago de los tributos por parte de «Canal 7» y de la responsabilidad que le compete a Lopérfido en esa emisora. Lo más curioso de todo, sin embargo, es que tanto Lopérfido como Bielsa responden administrativamente a una única autoridad: De la Rúa.
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