La denuncia contra Patricia Bullrich por “abuso de autoridad” volvió a poner sobre la mesa hasta dónde llega el poder de un funcionario y en qué punto comienza a vulnerar derechos. La acusación contra la ministra de Seguridad se debe a su pedido de allanamiento a periodistas que difundieron los audios que finalmente destaparon un presunto sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y comprometen a figuras sensibles del Gobierno.
2 de septiembre 2025 - 12:05
Denuncian a Patricia Bullrich por "abuso de autoridad": los alcances de la figura penal y el caso Cervini de Cubría
Tras la presentación judicial que ordenó el allanamiento de los domicilios de periodistas, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue denunciada por el delito de abuso de autoridad. ¿Qué pena podría recibir?
-
Denunciaron penalmente a Bullrich por pedir allanamientos a periodistas
-
La Bicameral de Inteligencia pidió rechazar decreto de Milei que habilita a la Policía a hacer espionaje
Patricia Bullrich podría ser enjuiciada por pedir un allanamiento a periodistas.
El caso obliga a mirar de cerca qué significa este delito dentro del Código Penal y cuáles son sus consecuencias concretas. No se trata de una figura menor: involucra nada menos que la tensión entre la autoridad del Estado y las garantías de los ciudadanos. Como suele ocurrir en estos escenarios, la delgada línea entre el ejercicio legítimo de poder y su abuso queda expuesta al máximo.
En ese contexto, vuelve a mencionarse el fallo “Servini de Cubría”, un hito en la jurisprudencia nacional que marcó la relación entre libertad de expresión, censura previa y la protección del honor. La comparación no es casual: revela cómo el derecho argentino se mueve entre equilibrios complejos y no siempre con respuestas unánimes.
En qué consiste la figura de abuso de autoridad
El abuso de autoridad -delito por el que fue denunciada la ministra Patricia Bullrich- está regulado en el Código Penal, dentro del capítulo de los delitos contra la Administración Pública. El artículo 248 establece penas de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial para el funcionario que dicte resoluciones contrarias a la Constitución o a las leyes, o que deje de cumplir las normas que le competen.
En la práctica, esto puede abarcar un amplio abanico de conductas: desde una orden ilegal que afecte a un ciudadano, hasta la omisión deliberada de cumplir con una ley. El denominador común es el uso indebido del poder estatal, ya sea para imponer castigos arbitrarios, negar derechos o manipular decisiones administrativas.
Además, en situaciones donde el abuso genera un daño significativo —por ejemplo, una detención injustificada o la vulneración de derechos fundamentales—, las sanciones pueden adquirir mayor gravedad. No se trata solo de una infracción técnica: estamos hablando de actos que pueden tener consecuencias directas sobre la vida de las personas.
En paralelo, organismos como la Oficina Anticorrupción o la Defensoría del Pueblo cumplen un rol de control, aunque su eficacia suele depender de la voluntad política y de la independencia de la justicia.
Por qué resuena el caso Servini de Cubría y en qué consistió
El antecedente más citado es el caso de María Romilda Servini de Cubría, jueza que en 1992 denunció a Tato Bores y a Canal 13 por sentirse agraviada en el programa humorístico Tato, la leyenda continúa. Ella pidió una medida cautelar para impedir la difusión de un tape que, según alegaba, la difamaba.
El reclamo abrió un debate candente: ¿proteger el honor de un funcionario puede justificar la censura previa? La Cámara de Apelaciones le dio la razón de forma provisoria, pero la Corte Suprema terminó revocando esa decisión. El máximo tribunal cuestionó que se hubiera dictado la cautelar sin revisar siquiera el material y reafirmó que la libertad de expresión tiene una fuerte presunción de constitucionalidad.
El fallo mostró posturas diversas: mientras la mayoría admitía que podía haber cierta intervención judicial preventiva, jueces como Carlos Fayt o Enrique Petracchi sostuvieron que toda censura previa es inadmisible, aun frente a expresiones ofensivas. En palabras de Petracchi, aceptar esa vía convertiría a los tribunales en verdaderos “juzgados de censura”.
Dejá tu comentario