Después de 37 muertes, Congreso vota ley más dura para asesinos de policías

El jefe de la Policía, Roberto Giacomino, recibe el pésame de Aníbal Ibarra durante el sepelio del oficial Adrián Falduto en el Cementerio de la Chacarita.

En el siglo XVII surgió en el mundo una teoría que fue denominada del «contrato social», entendida como un mecanismo indispensable para asegurar un orden que permitiera el desarrollo de los individuos y el bien común.

En ese orden, tenía un lugar la libertad de los individuos, el de los derechos políticos, la propiedad privada y las obligaciones de los gobernantes y gobernados.

Pero, ¿qué llevó a los hombres a hablar del contrato social? El inglés Tomás Hobbes partió de la apreciación de caracterizar al hombre como antisocial, irracional y egoísta para luego afirmar que su conducta social era anárquica y que sólo podía ser controlada por un Estado (absolutista) y que ese orden se lograba a través de un contrato (social) en donde el hombre renunciaba a su derecho en función de su seguridad y el orden que imponía el Estado.

Esta concepción logró un desarrollo superior con el padre del liberalismo, John Locke y posteriormente con Montesquieu y Jean Jacques Rousseau, pensamientos que aún persisten en nuestro días.

Rousseau expuso una idea en la que rebatía el estado de naturaleza anárquico del hombre que planteaba Hobbes y el liberalismo de Locke y Montesquieu para profundizar en la teoría de la voluntad general como fundadora del pacto social. Esto es, que los intereses particulares se subordinaran a la voluntad general como reguladora de la conducta de los ciudadanos y fuente de leyes.

Precisamente, ese contrato social (que inspiró la Revolución Francesa de 1789) es lo que no está funcionando en la Argentina.

El temor del gobierno para imponer autoridad. La desidia y la impericia de la Justicia han permitido que el pacto social esté en su punto más frágil y el país esté perdiendo ese orden necesario para regular la conducta de la sociedad.

El sólo hecho de que en un solo día y en menos de seis horas se asesine a cuatro Policías (16 hijos quedaron sin padres) es una señal que debería alarmar a los responsables del Estado. Evidentemente, la Policía representa el símbolo de autoridad y el asesinato de los que hombres que encarnan esa figura, significa un desafío al orden y el ingreso a un estado, a la anarquía a la que Hobbes le dedicó varios párrafos en sus análisis varios siglos antes.

La salvaje ejecución del jefe de la custodia del canciller Carlos Ruckauf, el oficial principal Adrián Falduto (asesinado de dos balazos, uno en la espalda y otro en la nuca) generó la tardía reacción de los hombres del gobierno ansiosos ahora de propiciar penas más duras contra los delincuentes que maten a Policías. Tardía, porque ese proyecto de ley que contempla la pena de prisión perpetua para este tipo de delito duerme desde noviembre del año pasado en algún cajón de la Cámara de Diputados, pese a que fue aprobado en la Cámara de Senadores. Todo, aún las dramáticas estadísticas oficiales indicaban que en el año 2000 unos 36 Policías Federales habían sido asesinados, una cifra que en 2001 trepó a 49 muertos y en los tres meses de lo que va en el año ya suman 37: de ese número 21 son de la Federal y 16 de la Bonaerense.

• Rapidez

Ahora, y ante la conmoción que significó la muerte del oficial Falduto se quiere un dictamen fugaz para el miércoles. Los encargados de sancionarlo, serán los mismos legisladores que debieron pagar 20 mil pesos para acorazar con un enrejado sus oficinas sobre la calle Rivadavia al 1900, aterrorizados por los «escraches» y del clima de inseguridad a los que están expuestos por las permanentes manifestaciones.

¿Se animarán estos diputados a aprobar una ley más dura para la delincuencia? En la Cámara de Diputados se dice que prácticamente hay acuerdo general, salvo algunas diferencias menores, en aprobar esta ley.

Pero el problema aquí no es una ley más rigurosa o más benigna. El problema es que las leyes que existen no se aplican con suficiencia y que cuando se las emplea como se debe, después alguien las ignora. Sólo así podría tener explicación el hecho de que el oficial Falduto se enfrentó y mató a un delincuente que tenía salidas laborales de la cárcel, pese a que tenía una condena por homicidio.

Caritativos reformistas (que siempre se ponen del lado de la delincuencia), y los partidarios de la represión dura, vuelven al ruedo en un choque de opiniones insuficiente sobre la necesidad o no de leyes rigurosas. Ni uno ni otro es verdad. Una falacia tan grande como la que teoriza sobre la delincuencia como producto de la desocupación y la crisis económica.

Si el gobierno duda en restablecer el orden, los jueces dudan de imponer la ley. Temerosos de los cacerolazos algunos y otros adictos al «broncismo», la Justicia está perdiendo su rol de garantizar el necesario equilibrio en el que debe desenvolverse la sociedad.

Fallos como los de Emilio Alí, acusado y condenado por extorsionar a los responsables de un supermercado y después beneficiado y liberado por un extraño cambio de carátula; delitos que no se penan y que después se transforman en hábitos como el corte de rutas o calles, son retratos que dan cuenta de una ruptura del contrato social.

Lo grave -como sostiene el criminólogo francés Jean Pinatel- es que si una sociedad multiplica este tipo de estímulos criminógenos se está al borde de una explosión de estas tendencias.