Roque Irineo Otilio Romano fue removido como camarista federal de Mendoza por omitir denuncias sobre delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar y su destitución activó un pedido de captura internacional dispuesto por el juez federal Walter Bento.
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La decisión fue adoptada por el Jurado de Enjuiciamiento por la causal genérica de "mal desempeño" en sus funciones y fue tomada en ausencia de Romano, quien se encuentra prófugo en Chile desde el pasado 14 de agosto, un día antes de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura.
La sentencia del jurado de enjuiciamiento fue leída por el secretario del tribunal, Marcelo Bová, quien recalcó que existe "mérito suficiente para proceder a la remoción" de Romano.
El tribunal hizo lugar al planteo acusatorio de los consejeros Hernán Ordiales y Carlos Moreno, quienes se desempeñaron como fiscales y habían pedido la remoción de Romano por su supuesta complicidad con la dictadura.
Según el jury, hubo falta de idoneidad moral por parte del juez Romano para desempeñarse en su cargo, quienes recalcaron la "displicencia" e "insensibilidad" que mostró el camarista, quien siendo fiscal federal durante la última dictadura militar, omitió denunciar delitos de lesa humanidad.
"Nada hizo sobre los graves delitos", sostuvo el jurado, el cual señaló que Romano "desdeñaba reclamos y denuncias de los damnificados".
A Otilio Romano se lo acusa de desoír denuncias de las víctimas, entre ellas de Luz Faingold, una menor de edad que fue secuestradas por las fuerzas militares, torturada y violada por efectivos policiales de la provincia de Mendoza.
El jurado de enjuiciamiento estuvo conformado por los jueces María Noli y María Najurieta; los senadores Rolando Bermejo y Emilio Rached; los diputados Oscar Albrieu y Ricardo Buryaile y el abogado Fabián Sahade.
Romano desde el exterior había desligado responsabilidades: "No se de qué carajo se me acusa en Argentina", dijo recientemente.
La decisión del tribunal activó un pedido de captura internacional dispuesto por del juez federal Walter Bento.
La situación de Romano es seguida de cerca por el Gobierno nacional y podría ser tema de análisis en la reunión que tendrán en enero próximo los presidentes Cristina Kirchner y Sebastián Piñera en Santiago.
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