Día negro en Buenos Aires, tambalea Cafiero y confrontan Solá y Duhalde
Apareció a metros de la Gral. Paz, zona bonaerense, un automóvil acribillado con 3 cadáveres de hombres, uno decapitado. En Tigre mataron a un padre de 2 balazos, estaba junto a su hijo de 3 años para sólo robarle un stereo. Apareció el cuerpo de una mujer boliviana también decapitada en Escobar. Al joven secuestrado Diego Peralta, de 17 años, lo mataron hace 10 a 14 días, cuando el padre hizo pública la denuncia. Tenía 7 tajos, pero murió ahogado porque lo arrojaron vivo a una laguna en la tosquera. Sacaron a la Policía Bonaerense del caso. El segundo del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, del Frepaso, dijo sorpresivamente que todo es un complot pero «no policial sino político, surgido de la interna del PJ bonaerense». Se desataron imputaciones entre el gobierno provincial y el nacional, que estudia intervenir o poner el estado de sitio en territorio del gobernador Felipe Solá. El justicialismo bonaerense duhaldista lanza una fuerte réplica contra Sain, el ex Frepaso y el ministro «Juampi» Cafiero, donde les imputa su propia responsabilidad en el carácter de zona siniestra en que se ha convertido el Gran Buenos Aires. Duhalde estaría enojado con Solá y exigiría que saque a Cafiero (h) y a Sain. A su vez, el gobierno bonaerense cree que hay «una mano oculta» de Carlos Ruckauf y del ministro nacional de Justicia y Seguridad, «Juanjo» Alvarez, para quitarle la posibilidad de buscar su reelección a Felipe Solá. Aparte de las graves imputaciones políticas, la población del conurbano está aterrorizada. De 80 llamados a radios, 52 pidieron la pena de muerte, porque la gente fundamentalmente cree que hay un desborde total de la delincuencia. Carlos Menem propuso también analizar la pena de muerte a los criminales y declaró que «parecemos un país sometido a arresto domiciliario por los criminales», en relación con el temor de la gente a salir a la calle. Ricardo López Murphy dijo que «hay que modificar la legislación procesal y penal». José de la Sota y Aníbal Ibarra arremetieron contra la Policía, al igual que la izquierda. Nadie se acuerda en cambio, de que en toda la provincia de Buenos Aires existe un solo instituto de internación de menores delincuentes; los demás son abiertos, y que por falta de cárceles los delincuentes deben apiñarse en comisarías.
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El gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, es observado con preocupación por Eduardo Duhalde, por las consecuencias que podría acarrear el asesinato del adolescente Diego Peralta.
Quienes sospechan de los episodios que derrumbaron a Fernando de la Rúa y a Adolfo Rodríguez Saá como parte de una intriga, ahora entienden que una movida semejante se desplaza contra Solá. Hasta suponen un proceso que culmine en el Congreso bonaerense, con Mércuri como obvio heredero y, posteriormente, una vez proyectado, candidato a la gobernación. Esto supone otras variantes: como las elecciones en la provincia serán posteriores a la nacional, hay quienes creen que tal vez el propio Duhalde se proponga volver al reducto que siempre manejó con mano de hierro y Mércuri, en ese sentido, quizá sea un hombre para todo servicio. Inclusive, para apartarse.
Del lado del duhaldismo otra es la historia. Enfurecidos ahora con Cafiero -a quien tuvieron en el gobierno nacional para nada-, suponían anoche que el país había vivido ayer el más grave de sus días desde que se inauguró la administración actual. Por los sucesivos episodios de violencia, el significado de un muerto con la cabeza desaparecida, un terror que nadie sabe cómo parar, la prescindencia de Cafiero, el funcionario responsable que inclusive ofende a la Policía -dijo preocuparse, en el sitio a una comisaría, por los presos allí detenidos y no por los agentes- al extremo de que se estima que ninguno de los 45 mil uniformados de la provincia hoy responden a la autoridad política. Ya ni se escuchan opiniones favorables sobre el hijo del senador de la propia Chiche Duhalde, su madrina de otrora.
Más de un hombre del gobierno estima que Solá, con la designación de Cafiero, se compró un problema, el cual ahora se multiplica por las declaraciones que éste y sus colaboradores realizan. «No quiso dejarse correr por izquierda luego de la muerte de los dos piqueteros y lo designó a 'Juampi', olvidándose que después hay que vivir todos los días con la Policía. Solucionó un minuto y se complicó una vida.» Pero el razonamiento se extinguía cuando hablaban de las declaraciones de Sain: el «complot político, no policial» denunciado por el funcionario se interpretó como un ataque al propio Duhalde, quien obviamente se manifiesta ajeno e inocente por las desventuras del gobernador. Anoche ardía el gobierno y especulaban con una escalada de situaciones tensas. En el Congreso, los legisladores bonaerenses planteaban la posibilidad de pedir la intervención de la provincia y un ministro planteó la eventualidad -por la inseguridad reinante en el distrito- de ordenar el estado de sitio en Buenos Aires. Mientras, el ritmo cotidiano sigue hoy para los ciudadanos asolados por el terror y la realidad de que hay un cuestionado ejército de 45 mil hombres en la provincia, irreemplazables pero «en comisión», que se sienten ofendidos, agraviados, maltratados y con la responsabilidad de cuidar a la sociedad. Nadie cree que estén en voluntad de hacerlo. Y éste es un punto al que no son ajenos Cafiero, Solá y el mismo Duhalde. El problema político es de ellos, la vida en peligro es de los otros.




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