Diputados en cámara lenta demoran decisión

Dijeron los legisladores que integran la Comisión del juicio Político haber incontrado causas "admisibles" para iniciar un proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema. El gobierno anunció que no tiene previsto incluir en la reforma judicial la reducción del número de jueces del máximo tribunal.

Los diputados nacionales que integran la Comisión de Juicio Político dijeron haber encontrado ayer causas «admisibles» para iniciarles un proceso de juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Así lo informó el titular de la comisión, el peronista santacruceño Sergio Acevedo, tras la reunión de las subcomisiones del cuerpo, que se desarrolló por la tarde en el edificio anexo de Diputados. La comisión analizó los pedidos de juicio político y encontró «causas admisibles» para iniciar un proceso «de acusación». Por su parte, el gobierno anunció que no tiene previsto, en la reforma judicial que presentará esta semana, reducir el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia (ver aparte).

Los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados iniciaron su labor, divididos en tres subgrupos, de evaluación de los 34 pedidos de juzgamiento contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Al que debió agregarse el ingresado ayer, firmado por los diputados Eduardo Di Cola (PJ-Córdoba) y José Falú (PJ-Tucumán), por el caso del ahorrista Carlos Smith, originado en la provincia de Corrientes.

Estaba previsto que las reuniones comenzaran después de las 14, pero una hora después solamente uno de los subgrupos se encontraba reunido en el edificio anexo de la Cámara baja. Las reuniones de análisis fueron cerradas y son el primer paso tendiente a tratar de concretar la aspiración de muchos legisladores de iniciar juicio a los ministros de la Corte.

Al referirse al conflicto que mantiene el gobierno con el tribunal supremo, el jefe de Gabinete prefirió no intensificar el nivel de la confrontación y confió en que no se produzca un nuevo fallo contra las medidas que implementó el Poder Ejecutivo (por ejemplo, el decreto que suspende por 180 días los reclamos por el «corralito»). «Apelamos a la responsabilidad de los distintos poderes del Estado», expresó Capitanich al respecto, en declaraciones formuladas luego de participar, junto con Rodolfo Gabrielli y Jorge Vanossi, de un encuentro con los representantes del Diálogo Argentino, en el edificio en el que funciona el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).