La Cámara de Diputados abrirá este miércoles el debate en comisión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno de Javier Milei, una iniciativa que endurece las sanciones contra empresas y que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina sin autorización nacional.
Diputados comienza a debatir el proyecto que endurece las penas por operar en Malvinas
La Cámara baja comienza a analizar la iniciativa del Gobierno que amplía las sanciones por la explotación de recursos en las islas y contempla penas de hasta 20 años de prisión. El oficialismo busca avanzar con el dictamen la próxima semana.
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Diputados comienza a debatir el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El proyecto será analizado desde las 12 en un plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, presididas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán. La primera reunión será de carácter informativo y contará con la exposición de funcionarios y especialistas.
El oficialismo trabaja con un cronograma acelerado. La intención es volver a reunir a las comisiones el martes 6 de octubre para intentar emitir dictamen y llevar la iniciativa al recinto al día siguiente, en una sesión que también podría incluir proyectos vinculados con discapacidad y endeudamiento.
En qué consiste el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional
Uno de los principales cambios propuestos consiste en reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659, vigente desde 2011 y centrado fundamentalmente en la exploración y explotación de hidrocarburos. La nueva iniciativa amplía el alcance a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.
El texto establece sanciones administrativas y comerciales para las personas y empresas que incumplan la normativa. También crea un Registro Público de Infractores, que tendrá consecuencias sobre la posibilidad de contratar con el Estado y de desarrollar determinadas actividades económicas en el país.
El capítulo penal es uno de los aspectos centrales de la iniciativa. El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes participen de determinadas actividades de exploración, explotación, extracción, transporte o almacenamiento de recursos en las zonas reclamadas por la Argentina. También alcanza a quienes colaboren con esas operaciones.
A su vez, incorpora la posibilidad de realizar juicios en ausencia para los delitos contemplados por el nuevo régimen. La herramienta apunta a permitir el avance de procesos judiciales aun cuando los acusados se encuentren fuera del territorio argentino.
Más allá del régimen específico para las actividades económicas en las islas, la iniciativa incorpora un conjunto de modificaciones vinculadas con la seguridad y la defensa nacional.
Entre ellas figura la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo tendrá como objetivo coordinar las respuestas estatales frente a amenazas que involucren dimensiones diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia. El proyecto también contempla mecanismos de protección de infraestructura crítica.
Ante situaciones consideradas graves e inminentes, el esquema propuesto contempla la adopción de medidas de emergencia sobre operaciones financieras y cambiarias, fondos y activos, autorizaciones, contratos y comercio exterior. El alcance de esas atribuciones es uno de los puntos que concentra parte de las críticas opositoras.
